José Manuel Lechado

Periodista

A pesar de la desidia general al respecto, la ciencia importa: nos da conocimiento, desvela la realidad de las cosas, dispersa la niebla de la superstición y, en un sentido más práctico, mejora nuestra calidad de vida. Eso que de forma un tanto vaga llamamos «progreso» es algo demasiado importante como para dejar su gestión a los políticos.

La ciencia es una herramienta maravillosa, pero en manos de desaprensivos con ansias de poder puede abrir la puerta a un sin fin de peligros. En el mito, Pandora es una mujer curiosa, pero en la realidad no hay Pandoras, sino reyes, generales, presidentes o consejos de administración. Los riesgos de abandonar la ciencia al antojo de estos elementos son de sobra conocidos: armas de destrucción masiva, mecanismos sofisticados de control social, propagación de la ignorancia, desorden económico, contaminación y destrucción medioambiental... Además de conllevar un casi seguro derroche de recursos públicos. Lo veremos a través de unos pocos ejemplos escogidos: el Proyecto Manhattan, el lobby farmacéutico y la polémica de los grandes telescopios.

El primero —Proyecto Manhattan— se desplegó durante la primera mitad de la década de 1940 en una docena de centros científicos estadounidenses de primera línea y contó con la colaboración de más de 125.000 personas. Supone uno de los casos más representativos de la intromisión política en el ámbito de la ciencia, porque su finalidad no era científica, sino militar: crear las primeras bombas atómicas.

En los laboratorios del Proyecto Manhattan se reunieron algunos de los mejores científicos de la época: John Von Neumann, Enrico Fermi o Niels Bohr, por citar unos cuantos. Otros, como Albert Einstein, si bien apoyaron en principio la construcción del «arma última» temiendo que los nazis la consiguieran antes, se negaron a participar en el proyecto por reparos morales. Y algunos de los participantes, entre ellos su propio director, Robert Oppenheimer, se arrepintieron durante el resto de sus vidas de lo que habían hecho.

Razones había: todo el talento y el dinero gastado en el Proyecto Manhattan (equiparable al coste del Proyecto Apolo) sirvieron para fabricar tres cabezas nucleares: Trinity, la de prueba, que se hizo estallar en Alamogordo, en el desierto novomexicano, en el verano de 1945. Y otras dos que, como todo el mundo sabe, se arrojaron sin miramientos sobre dos ciudades japonesas poco después. Y ello en un momento en el que Alemania ya se había rendido y Japón no tenía ni la más remota oportunidad de victoria.

Se ha alegado a favor del Proyecto Manhattan que sirvió para dar a la Física un gran empujón y que proporcionó a muchos jóvenes científicos, como el genial Richard Feynmann, una plataforma para lanzar sus carreras profesionales. Si bien esto es cierto, el argumento es falaz: el dinero y los recursos que los políticos concedieron al Proyecto Manhattan habrían dado el mismo o mayor fruto científico orientados a fines más dignos. Y se habría evitado el horror no sólo de la destrucción de dos ciudades, sino la amenaza de aniquilación nuclear que marcó la Guerra Fría y que todavía hoy, aunque no se hable mucho de ello, pende sobre nuestras cabezas.

El sueño del «átomo pacífico» preconizado por Maria Sklodowska, Pierre Curie y tantos otros se esfumó en medio de un mar de dólares y ambiciones políticas que dieron alas no a la ciencia, sino al complejo industrial-militar. De paso se abrió la puerta a un formato investigador, la «big science», cuyo rendimiento ha sido puesto en entredicho muchas veces. En la actualidad los proyectos Genoma Humano y Human Brain son objeto de profunda discusión por cuestiones como:

-Un planteamiento demasiado ambicioso, con expectativas irreales.

-Unos presupuestos monstruosos que no se compensan con los resultados obtenidos.

-Abandono de la ciencia a pequeña escala, tanto desde el punto de vista presupuestario como del de los propios científicos, que se matan por participar en uno de estos proyectos tan bien dotados.

-Persecución de objetivos no tanto científicos como políticos y mediáticos o quizá incluso más oscuros (el proyecto Human Brain ha sido tachado de «neofrenología» por algunos expertos).

-Burocratización de la actividad científica.

Nuestro siguiente ejemplo hablará de la industria farmacéutica, aunque podría extrapolarse a otros ámbitos. Denostada a menudo, las críticas que recibe el sector son unas veces justas, otras poco razonables y de tanto en tanto falaces, pero el problema real guarda relación con las implicaciones políticas.

En general se acusa a las farmacéuticas de invertir tan sólo en aquellas líneas de investigación que les puedan proporcionar beneficios, sin prestar atención a enfermedades raras, poco habituales, «de pobres»... o a necesidades sanitarias acuciantes, pero poco rentables. Esta acusación puede que esté fundada desde el punto de vista ético, pero es injusta: la industria farmacéutica es un negocio, no una organización caritativa. Sus criterios morales tal vez sean laxos o incluso nulos, pero en el entorno de una economía capitalista su forma de actuar no sólo es lógica, sino incuestionable. Por decirlo brevemente: pueden invertir su dinero en lo que les dé la gana. Es más, deben hacerlo así si quieren seguir jugando la partida. La investigación en el resbaladizo terreno de la curación de enfermedades es larga, complicada, muy cara y de resultados impredecibles. A menudo años de pruebas y experimentos se saldan con fracasos estrepitosos.

Parece razonable, pues, que las farmacéuticas busquen el máximo beneficio para sus actividades. Pero aunque se las ataque por esto, el problema es otro: que los gobiernos acaten las presiones del lobby farmacéutico con tanta docilidad y tan a menudo. Por ejemplo, a la hora de diseñar políticas sanitarias públicas, establecer planes de vacunación o hacer acopio de medicamentos de manera innecesaria (pero muy provechosa para algunos). En este sentido lo que hay que criticar es, de nuevo, la actitud de los políticos.

Claro que la conducta de los propios científicos no siempre ayuda. Al menos la de los científicos convertidos, más o menos a su pesar, en burócratas atrapados en una red de papeleo académico y necesidades financieras de la que cada vez es más difícil escapar. El científico contemporáneo, que debería dedicar su tiempo a la investigación y la docencia, se ve obligado a pasar cada vez más y más horas rellenando formularios para «vender» sus ideas, «justificar» su labor y conseguir fondos. Al mismo tiempo, para despistar a los que ponen la pasta —que casi siempre son legos en ciencia—, se observa una tendencia a vestir el producto científico con un «lenguaje sagrado» que hace incomprensible —y por ello fascinador— el mensaje. En esta actitud cabe imaginar el esfuerzo desesperado del laboratorio que necesita dinero como sea para proseguir su trabajo. Y así, como los sacerdotes, se busca impresionar con palabras misteriosas al zoquete (político, banquero o empresario) que afloja la mosca.

Pero a veces no hay que hilar tan fino. Los científicos son seres humanos con todas sus miserias y pueden comportarse como niños idiotas con mucha facilidad. O sea, igual que los políticos. Un ejemplo actual y sangrante es la polémica de los grandes telescopios. ¿Le suena? Casi seguro que no, pero la contamos de inmediato.

La historia empezó hace algunos años y sus protagonistas son la Institución Carnegie para la Ciencia y el Instituto de Tecnología de California. El trasfondo: una discusión muy agria por obtener financiación pública para construir cada cual su propio telescopio óptico gigante. La incapacidad para ponerse de acuerdo ha hecho que el Congreso de los Estados Unidos (así como los posibles donantes privados) se abstengan de proporcionar dinero a unos y a otros mientras la situación no se aclare.

Si las dos instituciones hubieran unido esfuerzos o se mostraran dispuestas a compartir, se dispondría ya de al menos un telescopio de estas características situado en la cima de alguna montaña remota. Con suerte podrían existir incluso los dos telescopios. Sin embargo, lo único que hay es... nada, aparte de unos cuantos proyectos sobre el papel, un reguero de insultos y descalificaciones (más propios de la indignidad característica de un Parlamento, que no de la actitud racional que se le supone a algunos de los mejores científicos vivos) y, sobre todo, un ridículo monumental.

Se podrían citar más casos, pero tal vez estos tres basten para dar una idea de que en este terreno, como en tantos otros, los ciudadanos deben reivindicar su soberanía y limitar la libertad de actuación (creciente, por desgracia) de que disfrutan las «autoridades» para llevarlo todo al desastre.

Ceder a los políticos demasiada capacidad de decisión, sea en ciencia, derechos, libertades o cualquier otra cosa, es una irresponsabilidad que ya estamos pagando y que tendrá consecuencias cada vez más graves en el futuro. Si la dinámica del poder lleva de manera inevitable a colocar en los puestos más altos a los más malvados, a los más tontos o a aquellos que mezclan a discreción ambas virtudes, no hay duda de que debemos hacer algo. Lo que pasa es que no es fácil.

No lo es, porque la verdadera democracia requiere el compromiso de los ciudadanos para mantener a los gobernantes bajo un control severo. Es decir, exige esfuerzo. Demasiado, quizá, para una sociedad de la pereza. Pero algo habrá que hacer. El espectáculo actual en España (por no ir más lejos, pero es igual en todas partes), con una ciudadanía sorprendida en la añoranza de gobiernos «fuertes» y mayorías absolutas resulta de lo más desalentador.

Quizá algún día la ciencia descubra la cura contra el virus de la sumisión y la pasividad que convierte en súbditos a los ciudadanos. Pero, de momento, tendremos que curarnos solos. Y un buen primer paso es proteger a la ciencia (empezando la tarea vosotros, los propios científicos) de la manipulación de los políticos.