Hay empresarios “de lo público”, como sino llamamos a esa minoría de empresarios que utilizando el amiguismo, los enchufes y el tráfico de influencias saquean las arcas públicas para su beneficio personal mientras critican lo público. Para ello utilizan medios muy poco transparentes con la aquiescencia del político “amigo”. Son parásitos que desconocen el significado competencia ya que su negocio se basa casi exclusivamente en contratos con la Administración Pública. Son la cara opuesta de los genuinos empresarios y emprendedores que luchan, se esfuerzan y sacan adelante proyectos ganándose el respeto y encontrándose en las antípodas de los empresarios crápulas que se han beneficiado de la privatización y de la externalización de los servicios públicos.

Con la retrospectiva que proporciona el tiempo, hemos visto que en la mayoría de las privatizaciones que afectaron a empresas públicas con grandes beneficios se infravaloraron los activos públicos. Se ha demostrado la falsedad del argumento de la mejoría que iban a aportar a la eficiencia y la competencia cuando sus cuotas de mercado apenas han variado tras los procesos de privatización e incluso algunas redujeron su actividad global. Con la privatización transfirieron a manos privadas activos del sector público que habían sido financiados por los impuestos de los contribuyentes y cuyo objetivo era satisfacer las necesidades de una forma más colectiva. En la mayoría de los casos, se ha producido un deterioro en la calidad del servicio prestado y de las condiciones de los trabajadores dado que al tener como objetivo obtener el máximo beneficio al menor coste los servicios, ahora privados, no son más baratos y rara vez de mayor calidad. Evidentemente al no tener que generar beneficios el sector público suele ser más eficiente dado que la producción y gestión conjunta de los bienes y servicios es más económica. A este respecto hay un dato incuestionable: si los servicios que se privatizan no fueran rentables no habría empresas dispuestas a explotarlos. Luego si son rentables se está renunciando a un patrimonio acumulado tras décadas de esfuerzos para favorecer a los grandes capitales de “los amigos”.

“Amigos”, algunos de los cuales, empiezan a ser conocidos por las tramas corruptas que están aflorando. Éste es el caso de Florentino Pérez que ha reconocido que pagó 300.000 euros a la “Trama Púnica”. Este “empresario amigo” utiliza una cláusula especial que la Administración española incluye en sus contratos: la responsabilidad patrimonial y le reclama al Estado cuando el proyecto no alcanza los volúmenes de negocio que él esperaba. Un ejemplo lo constituye el “Proyecto Castor”, el almacén de gas submarino situado frente a las Costas de Castellón cuya actividad, la inyección de gas, se relacionó con al menos 500 seísmos en septiembre de 2013. Florentino Pérez, presidente de ACS, maniobró para conseguir una indemnización que el Gobierno de Rajoy aprobó concediéndole 1.350,7 millones de euros que se convertirán en 4.731 millones en 30 años tras aplicarse un interés anual del 4,27%. Esta indemnización repercutirá en el recibo del gas de los consumidores que asumirán un coste adicional de 182 euros para costear la compensación a ACS. Para echarse a temblar. Según los medios de comunicación éste y otros muchos casos, como la planta desaladora en Murcia o el Ave a Francia, le proporcionarán a Florentino Pérez más de 2.646 millones de euros de dinero público para compensar sus errores.

El espíritu de la ley al introducir la responsabilidad patrimonial de la Administración era reparar las lesiones provocadas por la Administración no la ineficiencia de los “amigos”. Sería deseable que se estableciera un trámite procesal específico para aplicar la regla a fin de que, en el desarrollo procesal posterior, cada parte tuviera claro la carga probatoria que le incumbe. Tal trámite no existe en la actualidad constituyendo un coladero para la interpretación sui géneris.

Al igual que Florentino Pérez muchos otros “empresarios amigos de políticos” utilizan los recursos del Estado para su beneficio y lucro personal. Ser empresario cuando Papá-Estado cubre tus pérdidas o tu ineficiencia debe ser muy cómodo. Los amigos del establishment tienen privilegios como demuestra el Informe del Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa que refleja que el 91% de las empresas del Ibex (32 de 35) cuenta con filiales en paraísos fiscales sin acreditar actividad alguna en estos territorios, constituyendo una vía para eludir impuestos. Empresas que, muchas de ellas, son contratadas por la Administración Pública dado que, según reconoce el presidente del Sindicato de Técnicos de Hacienda (Gestha), no existe voluntad política para combatir esta realidad. Cómo refería una pancarta, cuando aún teníamos libertad de expresión al no estar vigente la ley Mordaza, “Nunca un país tan pobre hizo unos “chorizos” tan ricos"

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