La decisión del Ayuntamiento de Sevilla de someter a consulta popular alargar un día más la Feria de Abril parece que ha colapsado los servidores municipales y el ingenio tuitero, que se ha dividido entre quienes han pedido que en el referéndum voten todos los españoles, por eso de que la soberanía nacional ante la manzanilla del Puerto es indivisible, los que han propalado la especie de que los andaluces curran menos que el ángel de la guarda y están a la espera de que Durán Lleida les lidere ahora que está en el paro, y aquellos que creen que se trata de un ardid de las empresas de opinión para demostrar que pueden acertar alguna vez con las encuestas.

Más allá de la marinera coña, los promotores de la iniciativa pretenden que la Feria empiece y termine en fin de semana, lo que debería aumentar la afluencia turística a un evento que arrasa con el pescaíto frito y el ibuprofeno pero que mueve -y esto es lo fundamental- más de 675 millones de euros cada año. Alimente o no los tópicos, se trata de una decisión importante para la ciudad que merece el pronunciamiento de los sevillanos, a los que opinar no les resulta indiferente, ni siquiera sobre el fino La Ina.

La democracia directa tiene sus riesgos, aunque no resulta muy normal que en un tiempo en el que Internet y el móvil permiten con un solo clic especular en Bolsa, presentar la declaración de la renta, pagar las multas, comprarse una casa en Alaska y hasta felicitar a la suegra a distancia por su cumpleaños, se impida la participación ciudadana en los asuntos públicos y se mantenga a los protagonistas de la obra como perpetuos espectadores de la representación.

No hay que descartar tampoco que el pueblo, con todo lo sabio que es, quiera disimularlo. California y Suiza, los dos arquetipos de democracia directa, pueden servir de ejemplo. De no haber sido por los tribunales que anularon algunos de estos refrendos, los californianos habrían prohibido los matrimonios homosexuales o hubiesen impuesto que los inmigrantes sin papeles no tuvieran acceso a la sanidad o a la educación, entre otras barbaridades.

Los padres del reloj de cuco tampoco estuvieron muy afinados cuando rechazaron en 1959 el derecho de voto de las mujeres y tuvieron que pasar once años hasta que se desdijeran. Es verdad que estas consultas han servido para limitar los salarios más altos de las empresas y los bonos de los altos ejecutivos y hasta para impedir la adquisición de aviones de combate, pero también han endurecido las leyes de asilo o han echado el candado a la libre circulación de comunitarios, provocando un cristo considerable con la UE.

Sin necesidad de resucitar a Solón o a Pericles, que hacía por cierto unos discursos fúnebres de categoría (“Somos los únicos que no tenemos por inactivo al que no toma parte en nada de esto –los asuntos públicos- sino por inútil”), promover la participación directa de los gobernados alejaría la tentación de ejercer el poder en contra del criterio mayoritario, algo que nos hubiera ahorrado alguna que otra guerra y muchos recortes salvajes. Hace bien Sevilla en preguntar por la Feria y Madrid por la plaza España. Cuando se acepte que Cataluña pregunte por su independencia tendremos “un régimen político que no envidia las leyes de nuestros vecinos pues más bien seremos ejemplo para alguno que imitadores de los demás. Se le da el nombre de democracia…”, que decía Perícles.