Se avecinan grandes fastos con motivo del treinta aniversario de la inmaculada Constitución de 1978 y de la santa Transición de la dictadura a la democracia. Cuerpo a tierra. El despliegue ceremonial, literario, audiovisual, documental y memorialístico se ha puesto en marcha y será imposible hacerse el sueco. Más allá del estribillo de grandes virtudes que convierten aquella etapa en un ejemplo de sentido común colectivo para la civilización occidental, quizás quepa lanzar al aire alguna pregunta sin ningún afán de molestar: ¿Treinta años no es plazo suficiente para realizar una autocrítica y asumir las lagunas, agujeros, hipocresías, improvisaciones y defectos de ese periodo político? ¿Cuántas décadas de ejercicio democrático son necesarias para abrir un debate reposado y argumentativo sobre la calidad de esta democracia y la posibilidad de mejorar y modernizar el edificio construido?

Algunos de los protagonistas de la voladura controlada de la dictadura heredada de Franco (la mayoría, jubilados ya de la política) reconocen sin mayores circunloquios que el miedo condicionó las principales bases que facilitaron el camino a la democracia. Dirigentes de la izquierda, nacionalistas, sindicalistas y víctimas directas del fascismo dejaron aparcadas reivindicaciones fundamentales por el temor a la reacción militar y de los grupos ultraderechistas. Ese pacto de silencio y olvido facilitó un acuerdo constitucional mayoritario cuya utilidad nadie puede negar. ¿Significa eso que la mejor Constitución posible en un momento dado deba convertirse en la Constitución intocable? ¿La interpretación de la letra constitucional debe ser la misma en pleno siglo XXI que la que en 1978 temblaba ante las amenazas de quienes llevaban cuarenta años disfrutando su victoria?

Ronald Dworkin, filósofo político liberal y profesor de Derecho en universidades de Nueva York y Londres, plantea en su último ensayo traducido (La democracia posible) algunas reflexiones sobre el estado de salud de la democracia en Estados Unidos que sorprenden –se compartan o no– por su pertinencia para discutir respecto a nuestro propio entorno. Dworkin parte de una descripción que nos resulta familiar: “Las elecciones de 2004 (en EEUU) provocaron una traumática división. Los republicanos afirmaron que la victoria del candidato demócrata amenazaría la supervivencia, incluso la salvación, de la nación [...]. Constituiría un triunfo para Osama bin Laden y el resto de los enemigos mortales de Estados Unidos. Algunos obispos de la Iglesia católica declararon que votar (a los demócratas) sería un pecado que todo católico debería confesar el día después”. ¿Les suena esto? Por su parte, “los liberales se declararon defraudados, incluso asqueados, por los resultados de las elecciones”, después de haber descrito la presidencia de Bush como “la peor y más incompetente de nuestra historia”. El resultado de ese clima, para Dworkin, es que “la política, en Estados Unidos y en el mundo, se ha polarizado y trivializado más que nunca”.

Un auténtico debate

El filósofo propone la búsqueda de algunos “principios básicos de la dignidad humana” que puedan compartir republicanos y demócratas, rojos y azules, izquierda y derecha, como base para construir “un auténtico debate político” en el que no sólo no descarta sino que sugiere la necesidad de revisar la letra y la interpretación de la sacrosanta Constitución de los Estados Unidos, cuyos ciudadanos y políticos se sienten, por cierto, tan orgullosos o más de sus 27 enmiendas como del texto original que tanto ha inspirado a las democracias.

Dworkin va más allá de la filosofía y entra en ejemplos concretos en los que una democracia debe demostrar su respeto a la igualdad intrínseca a toda vida humana y a la responsabilidad personal de cada individuo sobre su propia vida. Ese respeto sólo es posible, desde su punto de vista, en un Estado laico tolerante en el que la religión (cualquier religión) no mantiene privilegios ni interfiere en decisiones políticas o educativas; en una nación que trate exactamente igual a todos los ciudadanos a los que se extiende su soberanía, sean inmigrantes o nacidos dentro de sus fronteras; en un Estado cuyo sistema impositivo persiga una justa distribución de la riqueza más allá del éxito personal al que cualquiera tiene derecho; en una democracia que respete y atienda las reivindicaciones de las minorías y no se someta exclusivamente a la desnuda regla matemática de la mayoría.

Con todas las distancias entre Estados Unidos y España, la aplicación del provocador planteamiento de Dworkin al asunto que aquí interesa nos ofrece dos opciones: podemos seguir ensimismados contemplando y celebrando las enormes virtudes de nuestra Constitución o podemos utilizar ese reglamento de la convivencia como una herramienta viva que debe contribuir a la corrección de las numerosas carencias democráticas a las que asistimos. Si admitimos algunos principios básicos a compartir desde cualquier signo ideológico, un debate político auténtico debe plantear respuestas a muchas preguntas que en 1978 no se atendieron, o al menos no quedaron cerradas y selladas para la eternidad. ¿Cómo aplicar el verdadero respeto a las minorías a las reivindicaciones nacionalistas? ¿Es compatible la actual relación Iglesia-Estado con una democracia moderna? ¿Es un obstáculo para el ejercicio democrático el sistema electoral de listas cerradas? ¿Es una obligación democrática y no sólo moral la atención a las necesidades de los más pobres? ¿O la recuperación de la memoria histórica? ¿Es el Estado autonómico el modelo idóneo y más eficaz para desarrollar las aspiraciones de varios millones de ciudadanos?

Como apunta Dworkin, para abordar un debate político que trascienda la escaramuza, hacen falta algunos principios comunes a rojos y azules. Podríamos empezar por dejar de mirarnos tanto el intocable ombligo constitucional.