En la era neoliberal, consecuencia de los intentos de desacreditar al Estado, se ha desatado una campaña sistemática en contra de pagar impuestos. Total, el Estado despilfarra, alimenta a burócratas inútiles para la sociedad, es fuente de corrupción y no devuelve a la gente lo que recauda. Pagar impuestos, de ese punto de vista, supone ser extorsionado por el Estado, es entregarle una parte de lo que uno conquista con su propio trabajo.

Según esta tesis, el Estado hace mal uso de los recursos de las personas, incentivando el que la gente no trabaje y viva de los beneficios de las políticas públicas, subsidiando el consumo de las personas en lugar de impulsarlas a ganarse la vida por su cuenta.

Generado y fortalecido este razonamiento, la gente reacciona mecánicamente frente a cualquier impuesto, rechazándolo con bronca, odio y reforzando los mecanismos de defensa frente a una nueva ofensiva del monstruo Leviatán.

La forma que tiene el Estado para obtener recursos para sus políticas es mediante la recaudación. Un mecanismo que, en lugar de desconcentrar la renta, contribuye a concentrarla aún más. Porque las estructuras tributarias son socialmente injustas: el que gana más, paga menos; el que gana menos, paga más.

Gran parte de los impuestos son indirectos, es decir, el pobre y el rico pagan lo mismo. Mientras que las grandes empresas gozan de subsidios y exenciones tributarias por parte del Estado, se valen de la abogacía tributaria para burlar los impuestos y envían su dinero a paraísos fiscales. Como resultado, en lugar de redistribuir renta, la estructura tributaria concentra todavía más la renta en nuestros países.

Pero cada vez que un gobierno —a nivel nacional, provincial o metropolitano— intenta corregir esas deformaciones, se enfrenta a una brutal campaña mediática y política, llevada a cabo por el gran empresariado —el más grande beneficiario de la estructura tributaria actual—, el monopolio de los medios de comunicación, los partidos de derecha y fuerzas que, aún bajo el manto de intereses populares —ONGs y otras—, se oponen al Estado y a la búsqueda de recursos de los sectores más pudientes para sus políticas.

Los intentos de aprobar reformas tributarias socialmente justas, donde la gran mayoría de la población es beneficiaria —ya sea porque deja de pagar o porque pasa a pagar menos— suelen frustrarse. Esto se da no solo porque los congresos suelen estar dominados por distintos lobbies vinculados a empresas no muy partidarias de la justicia tributaria, sino también porque el gran empresariado —que debería ser el único sector que pagara más— aliado con los medios monopolistas logra movilizar a sectores de clase media, e incluso a sectores populares, en contra de esas iniciativas. Es decir, sectores que serían beneficiados directamente por una reforma tributaria socialmente justa, terminan siendo dirigidos por los grupos que tendrían que pagar más impuestos, para oponerse a una iniciativa, acorde con sus intereses.

Esto ha pasado, a distintos niveles, en muchos países en que los medios de comunicación lideran campañas para defender a los más ricos.

El caso de Ecuador es solamente el más reciente. Dos proyectos de ley del gobierno, uno de subida de los impuestos a las herencias, otro a la plusvalía, que afectarán apenas al 2% de la población —los más ricos—, encuentran resistencia en las clases medias y hasta populares, llevados por el engaño y la mentira.

Es un mecanismo alienado que reposa en el prejuicio general de que el Estado actúa contra la gente, contra las personas, contra los individuos. Como si el Estado no fuera responsable de toda la estructura pública de educación y salud, que, por cierto, puede disfrutar toda la población. Como si el Estado no fuera el encargado de atender a los sectores más desfavorecidos por medio de políticas sociales que benefician a los sectores más marginales y frágiles.

Se alían entonces sectores del gran empresariado —donde el sector financiero tiene un rol importante—, con los partidos de derecha y los monopolios privados de los medios de comunicación, de tal forma que consiguen arrastrar a sectores de clase media y también a algunos sectores populares, así como a grupos de ultra izquierda, para oponerse a reformas tributarias socialmente justas. Se trata de un frente político, que por distintos intereses, se enfrentan a gobiernos populares. Se valen del sentimiento contra los impuestos, forjado cotidianamente por los monopolios privados de los medios, en su campaña de criminalización del Estado para movilizar a los sectores diferenciados en una pelea en que busca inviabilizar las políticas gubernamentales.

En democracia, el que gana más, debe pagar más. El que gana menos, debe pagar menos o nada.