Dependencia a cero

Derogación encubierta, desactivación, el recorte más canalla del Gobierno, decenas de miles de dependientes morirán esperando la ayuda, Catalunya recurrirá la reforma de la ley de dependencia porque es una tomadura de pelo a las CC.AA., El recorte en dependencia logrará poco ahorro y desprotege a las familias más necesitadas, pensionistas y discapacitados advierten que "no están dispuestos a ir hacia atrás" en la aplicación de la ley, recortan un 15% la paga a los cuidadores familiares de la Dependencia, regresión a la “beneficencia municipal”, .....

Y en eso, buscando la evidencia científica en este tema, hace unos meses, Gaceta Sanitaria publicó un número especial titulado DESAFÍOS EN LA AUTONOMÍA Y LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA DE LA POBLACIÓN MAYOR.

David Casado en un artículo planteaba sobre la atención a la dependencia lo siguiente:

Hasta el momento, tanto en España como en la mayoría de los países de la Unión Europea, el fenómeno de la dependencia se ha considerado implícitamente un problema de índole fundamentalmente privada que debe ser resuelto por las familias. Así, ya sea mediante cuidadores informales o contratando la ayuda de profesionales, bien en el ámbito doméstico o en residencias asistidas, son las propias personas dependientes y sus familias las que hoy por hoy soportan la mayor parte de los costes implicados. Así las cosas, la preocupación actual reside en que los cambios sociales que se avecinan, principalmente el incremento de la esperanza de vida y la mayor participación laboral de las mujeres, acentúan la necesidad de organizar colectivamente lo que hasta el momento se ha resuelto en el ámbito familiar.

Otro artículo de los editores del número, Juan Oliva, María Victoria Zunzunegui, Pilar García-Gómez y Emilio Herrera, titulado Desafíos en la autonomía y la atención a la dependencia de la población mayor, en el que destacamos algunos aspectos que nos parecen de especial interés.

En el inicio del nuevo siglo, España partía de bajos niveles de gasto en protección social asociados a cuidados de larga duración en comparación con otros países europeos. La familia seguía desempeñando un papel predominante como principal red de protección para satisfacer las necesidades de las personas en situación de dependencia, pero las proyecciones demográficas, los cambios sociales acaecidos en las últimas décadas y los previsibles en un medio plazo, sumados a las demandas ciudadanas, alertaban sobre la imposibilidad de mantener dicho sistema en el largo plazo.

En este contexto, a finales del año 2006 se aprobó en España la denominada Ley de Dependencia, que supone la creación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia (SAAD). Pese a las dificultades en el nacimiento del nuevo sistema, en parte ligadas a la crisis económica, pero ya visibles antes incluso (problemas de financiación, de gestión y coordinación, de formación de capital humano e incluso políticos), se trata no obstante de un avance normativo sólo comparable a la promulgación de la Ley General de Sanidad de 1986, y que marca un cambio fundamental en la ordenación de la promoción de la autonomía personal y la atención de las personas en situación de dependencia.

Aunque los conceptos de discapacidad y dependencia no son exclusivos de la población mayor, sí existe una fuerte concentración de personas con discapacidad y limitaciones en su autonomía en la población por encima de 65 años de edad. En las próximas décadas viviremos un incremento del porcentaje de la población española que superará dicho umbral de edad, lo cual supondrá un importante reto en diferentes esferas de nuestra organización como sociedad.

• Abellán et al parte del concepto de la distancia entre la capacidad del individuo y las demandas de la sociedad para realizar las actividades necesarias para una vida autónoma en un entorno concreto.

• En el trabajo titulado «Evolución de la discapacidad y la dependencia. Una mirada internacional», alerta sobre una posible inversión de la tendencia decreciente de las limitaciones funcionales y la discapacidad observada durante la ultima década del pasado siglo. En efecto, los resultados recientes de encuestas llevadas a cabo en Estados Unidos, Europa y Australia sugieren aumentos de la discapacidad en la población entre 50 y 65 años de edad, y que estos aumentos hacen presagiar una disminución de los años de vida libres de discapacidad.

• Un artículo sobre la dependencia en la población mayor de 75 años reclutada en diversos lugares de España demuestra una alta prevalencia de discapacidad asociada a factores médicos y sociales, y destaca la importancia de la prevención mediante la mejora de los servicios sociales, la prevención de la demencia y la atención a la depresión.

• Génova et al alude a la carga que para el sistema supone la cronificación de las enfermedades y resulta de especial interés la importancia de las enfermedades neuropsiquiátricas para la población general, a las que se unen los tumores, y las enfermedades vasculares (cardiacas y cerebrales) en los mayores de 60 años.

• García-García et al propone una ampliación del fenotipo de fragilidad, haciéndolo operativo mediante una escala que evalúa este rasgo. La condición biológica con que llegamos a la vejez depende en gran medida de las condiciones de vida en la infancia, de la posición socioeconómica y de los estilos de vida saludables facilitados por la sociedad donde se vive y adoptados por el individuo. La fragilidad ofrece un marco conceptual que proporciona un rasgo biológico que avanza en la identificación de estados y patrones de riesgo, tanto individuales como poblacionales. Por tanto, marcadores relacionados con este concepto pueden ayudar a la identificación, la evaluación y la implementación de programas de salud en la población para alcanzar un envejecimiento saludable.

• Karslotter et al evalúa en qué medida la renta individual, la desigualdad de renta y el capital social regional están asociados con la salud de las personas mayores de 65 años en España, utilizando datos de la encuesta de condiciones de vida de 2007. Los resultados muestran que la renta individual, el nivel educativo y el capital social se asocian de manera positiva con el grado de salud tanto de hombres como de mujeres, mientras que sólo en el caso de las mujeres una mayor desigualdad en la distribución de la renta y un menor bienestar regional se asocian con un peor estado de salud.

• Sosvilla-Rivero y Moral Arceb estiman, para 2007-2045, el número de personas dependientes por grado y nivel, y el coste asociado a su atención en el SAAD. ....Se estima que en el año 2045 habrá cerca de 1,6 millones de personas beneficiarias del SAAD (0,6 millones de hombres y 1 millón de mujeres), y que el coste del SAAD ascenderá a 41.926 millones de euros. Los autores concluyen proponiendo, dado el importante reto que supone y supondrá para la sociedad española la atención formal a las personas en situación de dependencia, abrir el debate sobre la manera más adecuada de financiar los servicios y las prestaciones del SAAD con el fin de asegurar su sostenibilidad.

• Correa et al estiman que algunas comunidades autónomas han recibido hasta un 38% más de lo que deberían haber recibido, mientras que otras han percibido hasta un 39% menos. Los autores concluyen que estas diferencias atentan contra el principio de equidad horizontal.

• Hernández-Quevedo y Jiménez Rubio evalúa la inequidad horizontal en la percepción de necesidad no cubierta de diversas prestaciones socioeconómicas y muestran que hay inequidad entre las mujeres, pero no entre los hombres, de manera que tras controlar por necesidad, la necesidad no cubierta se concentra en las mujeres con menores niveles de renta. Al evaluar la inequidad en los servicios con mayor necesidad no cubierta, destaca su ausencia en los servicios de atención psicológica o salud mental, y la mayor inequidad en la ayuda a domicilio de carácter social y en los de información, asesoramiento y valoración. En ambos casos, la necesidad no cubierta es mayor entre los individuos con rentas más bajas. Las autoras diferencian si la necesidad no ha sido cubierta por su disponibilidad (no está disponible en su entorno o hay lista de espera), por el coste del servicio o debido a otras razones, y encuentran que el mayor nivel de inequidad se concentra en los individuos con menos renta cuando la necesidad no cubierta se debe a listas de espera o disponibilidad en el entorno.

• Del Pozo et al analizan información de 681 personas dependientes en el año 2009 en la provincia de Cuenca, con prestación concedida e identifican que el 84% de la muestra tiene asignada una prestación económica y sólo el 16% de servicios. Disponer de una persona cuidadora es una variable fundamental a la hora de explicar el tipo de prestación recibida.

• García Calvente et al analizan las diferencias en las características del cuidado que prestan mujeres y hombres a personas dependientes, y su asociación con la percepción del deterioro de la salud derivado de esta actividad. Destaca la mayor percepción de deterioro de la salud en las mujeres que en los hombres, asociada a la realización de tareas de cuidado de mayor intensidad en el hogar (ayuda para el aseo personal, comer y vestirse). Las a intervenciones orientadas a personas cuidadoras informales deberían ser sensibles a las desigualdades de género en la provisión de dichos cuidados.

• Oliva et al analizan una parte del beneficio social que proporcionan los cuidados no profesionales (informales) en personas de 65 y más años de edad, planteando el hipotético escenario de los recursos que habría que movilizar si hubiera que sustituir su labor por cuidados formales (servicios sociales). Empleando información de la EDAD 2008, estiman que en ese mismo año se prestaron cerca de 3250 millones de horas de este tipo de cuidados. La traducción monetaria de las horas de cuidados informales, en tres escenarios que aplican el método de coste de sustitución, lleva a cifras que oscilan entre 25.000 y 40.000 millones de euros, dependiendo del precio sombra asignado a la hora de cuidado. Estas cifran serían equivalentes a un 2,3% a 3,8% del producto interior bruto del mismo año, con importantes diferencias regionales. El abordaje integral de los cuidados de las personas dependientes exige incluir el papel y la atención a las necesidades de las personas cuidadoras, y avanzar en su reconocimiento social.

• García-Gómez et al tratan en su trabajo la relación existente entre cuidados personales formales e informales para la población dependiente de una serie de países europeos. Se identifican una asociación positiva y significativa entre ambos tipos de cuidado con una preferencia positiva a combinar cuidados de distinta naturaleza, formal e informal. Asimismo, se observan diferencias relevantes en los patrones de utilización de ambos tipos de cuidados entre los países europeos, destacando la relevancia de los cuidados informales en España. Se destaca la importancia de los factores legales y sociales en la probabilidad de recibir ambos tipos de cuidados, y por tanto la necesidad de considerarlos en el diseño de políticas de cuidados de largo plazo que permitan mejorar el bienestar de la población a un coste sostenible.

• Plouffe y Kalache explican la estrategia de la OMS basándose en el movimiento de Comunidades Amigas de los Mayores en Canadá y movimiento incipiente en Australia y España.

• Herrera et al identifican las características para promocionar la autonomía personal que deben tener los programas para dicha promoción:el escaso desarrollo de programas que fomenten el área psicoafectiva

• la actividad física

• la eliminación de barreras que dificultan la vida independiente y

• las actividades que promuevan las relaciones intergeneracionales.

Se evidencian diferencias en la provisión de los servicios entre y dentro de las comunidades autónomas, lo que dificulta la igualdad en el acceso y la continuidad de los programas.

CONCLUSIONES:

Se concluye que es conveniente generar un consenso y establecer los criterios mínimos que deben cumplir los programas en términos de frecuencia, duración, implicación, participación, etc., para la correcta y eficaz promoción de la autonomía personal. Unas adecuadas planificación y coordinación de recursos deben contemplar conjuntamente el sistema sanitario, el sistema de atención social y la red de cuidado familiar. Cualquier política de coordinación o integración sociosanitaria ha de tener en cuenta el papel fundamental que desempeñan las familias como agentes cuidadores, y prestarles el apoyo y los medios necesarios para ello, o en caso contrario dichas políticas transitarán por las sendas de la ineficiencia y la inequidad.

Ante todo ello, las propuestas de los investigadores, salubristas, epidemiólogos, economistas parece que han tenido poco reflejo en la posibilidad de mantener una ley absolutamente necesaria que podría haber sido, con las mejoras que plantean los artículos antes descritos, un elemento para la equidad y cohesión de las políticas del bienestar.