La secretaria general del Partido Popular se ha reafirmado en que los escraches de afectados por la hipoteca son “puro nazismo” o “fascismo”, algo que su formación política debería conocer a fondo, pues es la heredera de aquella Alianza Popular fundada por Fraga que el embajador de EEUU definió en su día como una “relación antinatural” de ultraderechistas “que sólo tienen una cosa en común: el rencor”, en una misiva dirigida a Kissinger en 1976.

Claro que María Dolores Cospedal (el “de” se lo agregó más tarde para dar lustre a su apellido) no había cumplido 10 años cuando murió Franco, pero en su infancia debió aprender algo de la derecha, puesto que con sólo 17 primaveras ya militaba en el Partido Reformista Democrático de Miquel Roca, al que también perteneció Florentino Pérez. En cualquier caso, si de algo sabe es de pisos y de dinero, pues está casada con un señor del ladrillo que ha ganado más de un millón de euros al año durante decenios; ella misma ingresó casi 242.000 euros en 2009 por diversos sueldos, y en 2010 contaba con más de medio millón como saldo medio en sus cuentas bancarias porque, explicó, había vendido un piso.

Así que no cabe duda de que le será difícil ponerse en la piel de los afectados por la hipoteca, mucho menos de los desahuciados. Pero sí podría imaginarse lo que sienten los supervivientes del Holocausto y las víctimas de los regímenes fascistas cuando la oyen comparar a los que protestan ante domicilios de políticos, con sus pegatinas de “Sí se puede”, con los verdugos y torturadores de los que tan buena aliada fue la derecha española hoy encarnada en el PP.

La madrina política de Cospedal también ha cargado contra los que perpetran escraches, atreviéndose a compararlos con “las juventudes hitlerianas”, en una lección magistral sobre “los que tratan de amedrentar a los que no se someten a sus designios” impartida por la hija de un procurador en Cortes del franquismo durante siete legislaturas. Esperanza Aguirre y Gil de Biedma (ella sí puede lucir el “de” con orgullo aristocrático, como nieta del tercer conde de Sepúlveda), condesa consorte de Murillo y grande de España, ya nos dio antes clases de ascetismo, al proclamar: “Yo soy pobre de pedir”… razón por la cual reside en un palacete de Malasaña.

Claro que la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid admitió después que esas palabras “fueron desafortunadas”… un término poco apropiado, dado su patrimonio familiar, que incluye fincas e inmuebles por valor de más de seis millones de euros.

Ellas dos se han convertido en las portavoces de la campaña del PP contra los activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), acusándolos de “traspasar el límite de la violencia” y tildándolos de “émulos de los peores totalitarismos de la Historia”. No hay calificativo demasiado fuerte, ni comparación suficientemente cruel, para vilipendiar a esos manifestantes: “energúmenos”, “imitadores del matonismo de los seguidores de ETA” y de “las patrullas castristas”, “acosadores…” Las etiquetas se están agotando y ya sólo les queda alcanzar el cénit con algo así como “jemeres rojos en los killing fields camboyanos”.

Pero los verdaderos “gritos del silencio” son los de los afectados por las más de 400.000 ejecuciones hipotecarias emprendidas desde el inicio de la crisis financiera, frente a la cual el Gobierno de Rajoy ha sido capaz de encontrar casi 40.000 millones para salvar a la banca, pero se niega a aprobar un miserable decreto que establezca la dación en pago y al menos libere a los que han perdido su vivienda de seguir endeudados con el banco para el resto de sus días. Se estima que más de 350.000 familias se han quedado sin casa durante esta recesión, mientras se mantiene un parque de unos tres millones de viviendas vacías, la mayoría en manos de las entidades financieras. Muy a menudo, personas sin recursos, parados, ancianos, dependientes… son expulsados de su domicilio para que después la vivienda permanezca vacía indefinidamente por falta de comprador o inquilino.

Hasta que no empezaron a registrarse suicidios de los que iban a ser desahuciados o acababan de serlo, generando una alarma social que atravesó fronteras e hizo titulares en medio mundo, el PP ni siquiera se dignó a aceptar la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para la que se reunieron casi 1,5 millones de firmas, el triple de lo requerido. El partido en el Gobierno incluso trató de contraponer a esa marea de indignación ciudadana el número de sufragios que obtuvo en las urnas, como si a esos votantes les hubiera advertido previamente de que –una vez en el poder– incumpliría todas sus promesas electorales. Pretende hacernos creer que los votos constituyen cartas blancas para el que los recibe y que le dan al vencedor patente de corso para hacer todo lo contrario de los compromisos con los que engañó a esos mismos electores de los que ahora pretende arrogarse legitimidad.

El Tribunal de Justicia de la UE sentenció, hace ya más de un mes, que la legislación hipotecaria española es abusiva e ilegal, puesto que vulnera las leyes europeas de protección de los ciudadanos. Pero si estos ciudadanos estafados, vejados, arruinados, humillados y privados del derecho a la vivienda que establece nuestra Constitución –y que se viola 517 veces cada día en España– no se limitan a quitarse la vida en digno silencio (la PAH calcula que el 34% de los suicidios están provocados por desahucios) sino que gritan su protesta contra los políticos delante de sus domicilios (ellos sí los conservan, y suelen ser bien lujosos), entonces se convierten en energúmenos, nazis, fascistas, hitlerianos… ¿Hasta dónde llegará el cinismo descalificador de los dirigentes del PP?

A partir de 2008, la pobreza, el desempleo y los desahucios han hecho que los suicidios sean la primera causa de muerte violenta en España (3.145 en 2010), por encima de los accidentes de tráfico, pero el Instituto Nacional de Estadística sigue sin estudiar sus causas. Aunque están claras: los tremendos recortes sociales que sacrifican salarios, puestos de trabajo, atención sanitaria, educación pública, servicios sociales a los más desfavorecidos… para transferir esos fondos del Estado al rescate de entidades financieras hundidas por sus propios excesos.

Cospedal acaba de sentenciar: "Si algún día tenemos algo grave que lamentar habrá que mirar a los responsables de provocar la violencia que se está provocando".

¿Pero no le parece ya bastante grave lo que está pasando con los desahuciados?

"Ir a casa de alguien, señalarlo, decirle sé dónde vives y ejercer violencia física o verbal contra él o ella, su familia y las personas que están en esa casa es un acto de totalitarismo, de nazismo o de fascismo. Me reafirmo", ha proclamado Cospedal.

¿No se da cuenta de que con esas palabras parece referirse a los que ejecutan un “lanzamiento” y arrastran a la calle a una familia sin recursos para quitarle su vivienda? ¿O es que esos desahuciados no son tan “personas” como sus correligionarios del barrio de Salamanca?