Fernando Luengo Escalonilla, economista

@fluengoe

Blog Otra Economía: https://fernandoluengo.wordpress.com

Estamos ante un debate decisivo en el que las izquierdas deben entrar con determinación y con argumentos de peso. Es mucho lo que está en juego. No se puede permitir que la iniciativa la tomen las derechas, con el conocido lema de que si alcanzan posiciones de gobierno, en Madrid y en el Estado español, bajarán los impuestos. Ya sabemos que ese planteamiento tiene mucho de demagógico y tramposo. Recordemos, en este sentido, que, al poco tiempo de que el Partido Popular de Mariano Rajoy ganará las elecciones de 2011, procedió a una importante subida de los impuestos, los que afectaban sobre todo a las clases populares. En todo caso, la bandera de reducir los impuestos en una situación tan crítica como la actual puede tener cierto recorrido político entre una ciudadanía que sufre las consecuencias devastadoras de la crisis.

Las izquierdas cometen un grave error si se ponen de perfil en este asunto. O, peor todavía, si salen al paso con declaraciones como las realizadas recientemente por Ángel Gabilondo, el candidato que encabeza la lista del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en las elecciones a la Comunidad de Madrid, prometiendo que un gobierno presidido por él no aumentará los impuestos. ¿Debemos entender entonces que en materia tributaria el PSOE de Madrid mantendrá el statu quo actual? ¿Nada que decir ni que corregir sobre la evidente situación de privilegio que disfrutan en la Comunidad de Madrid las grandes fortunas? ¿Todo queda supeditado a la desesperada búsqueda de votos en el centro del tablero político? ¿Qué credibilidad tiene un partido que actúa de esta manera?

Este no es el camino, ni en Madrid, ni en el Estado español, ni en la Unión Europea. Porque la injusticia fiscal está en el origen de la crisis y su corrección es una de las claves para su superación. La precarización, desmantelamiento y privatización de lo público (educación, sanidad, cuidados de los mayores…) se debe en buena medida a que desde hace décadas, mucho antes de que irrumpiera la pandemia, los ricos y las grandes corporaciones han practicado con éxito la “objeción fiscal”. La carga tributaria que han soportado, aquí y en todos los países europeos, no ha dejado de reducirse; en algunos casos, aprovechando los recovecos de la legislación, y en otros acudiendo a prácticas directamente fraudulentas. Y, por supuesto, utilizando a discreción los paraísos fiscales, algunos de los más relevantes se encuentran en territorio europeo.

Y la situación no ha cambiado. La injusticia fiscal ahora es si cabe más intensa y lacerante. Muchas declaraciones, numerosos estudios e informes, buenos propósitos… pero poca acción. ¿Acaso no sería un gran cambio estructural que contribuyan más los que han disfrutado y disfrutan en la actualidad de una situación de privilegio y los que se están enriqueciendo con la crisis? Salir de la misma con justicia fiscal, con más equidad.

No se trata sólo de las desafortunadas e irresponsables palabras de Ángel Gabilondo. La Comisión Europea podría haber sentado un importante precedente financiando una parte del Plan de Recuperación para Europa (NGEU, en sus siglas en inglés) con impuestos progresivos… y no lo ha hecho. Asimismo, estaba en la mano de nuestro gobierno de coalición cubrir una parte sustancial del aumento del gasto público gravando a los que más tienen… y tampoco lo ha hecho. Dos oportunidades perdidas. De este modo, nos podemos encontrar con la paradoja, ya hay bastantes ejemplos al respecto, de que una parte sustancial de los fondos europeos y de los programas de ayuda pública los reciban las grandes corporaciones, que tienen una acreditada experiencia en organizarse como grupo de presión y que transitan con toda comodidad por las puertas giratorias.

El camino seguido, tanto por las instituciones comunitarias como por el gobierno de coalición, ha sido financiar con deuda ese plus de gasto que exigía la lucha contra la enfermedad y la recuperación y transformación de las economías. Esto es, ofrecer negocio a los grandes bancos e intermediarios financieros, dando razones a los que, ante el fuerte aumento del endeudamiento, ya están invocando la necesidad de retornar a la austeridad presupuestaria.

En este escenario, la aplicación de una fiscalidad progresiva adecuada a la situación de emergencia que todavía estamos viviendo ha quedado claramente postergada, en el mejor de los casos será una opción a estudiar más adelante. Un grave error que no sólo habla del desigual reparto de los costes de la crisis. También pone de manifiesto las desniveladas relaciones de poder que atraviesa la construcción europea y las economías comunitarias, en beneficio del capital, las grandes corporaciones y el entramado financiero.