Opinión
Derecho de retorno
Por Eugenio García Gascón
El establecimiento de Israel en 1948 trajo consigo la expulsión de entre 700.000 y 800.000 palestinos. Israel se apropió de sus tierras y de sus casas y creó la figura de un Custodio que se hizo cargo de ellas. Posteriormente se pusieron al servicio de los israelíes judíos y se dejó claro que bajo ningún concepto se permitiría el retorno de los palestinos expulsados.
Esta ha sido la política de Israel hasta el día de hoy y sin duda seguirá siéndolo en el futuro.
El mes pasado el presidente Mahmud Abás efectuó a un viaje a Líbano y en una rueda de prensa reveló que había pedido al primer ministro Binyamin Netanyahu permiso para llevar a Cisjordania a los palestinos del campo de refugiados de Yarmuk, que está en Damasco, y que ha sido muy castigado durante la guerra civil siria.
Abás cursó su petición y al cabo de unos días Netanyahu le respondió que permitiría que los palestinos de Damasco pasaran a Cisjordania con una condición: que renunciaran por escrito al derecho de retorno a lo que hoy es Israel. Abás rechazó la condición.
Los palestinos, por supuesto, carecen del derecho de retorno, pero no así los judíos, que pueden emigrar a Israel cuando lo deseen desde cualquier parte del mundo y automáticamente reciben la nacionalidad israelí, aunque su conexión con esa tierra sea inexistente, quedándose con las tierras y las casas de los palestinos.
Ayer, Haaretz daba cuenta de una nueva forma de derecho de retorno de los judíos, una forma que en realidad no es tan novedosa pues se ha venido aplicando en los últimos años con relativa frecuencia.
El Custodio General, el mismo que gestiona la tierra y las casas de los palestinos expulsados hace más de seis décadas, ha propiciado la expulsión de otra familia palestina del sector ocupado de Jerusalén, cuya vivienda, en el barrio de Sheij Yarraj, fue de judíos antes de 1948. El diario de Tel Aviv menciona la colaboración entre el Custodio General y la "extrema derecha" israelí.
Todo esto es posible porque la comunidad internacional permanece con los brazos cruzados y permite que el expolio continúe basándose en un código legal, el israelí, que probablemente no tendría ninguna posibilidad de prosperar en ningún país democrático occidental.