Pablo Carmona (@pblcarmona),

concejal del Ayto. por Ahora Madrid

Desde los años cincuenta hasta hoy, la vivienda ha sido uno de los problemas centrales de la sociedad española. Y desde entonces, el mercado inmobiliario, el mercado libre a la especulación y al negocio financiero, ha sido incapaz de resolver este problema. En 2004, en plena burbuja, el 20 % de los inmigrantes vivían en situaciones de hacinamiento, los jóvenes tenían la edad de emancipación más tardía de toda Europa y el 30 % de los recursos de las familias con hipoteca (la mitad de los hogares) se consumía en pagarla. Desde que estallara la crisis, se han producido más de 600.000 ejecuciones hipotecarias, o lo que es lo mismo, unos dos millones de personas han perdido el techo en el que vivían. Las cifras resultan espeluznantes. Y es que el “mercado inmobiliario” ha sido incapaz de cubrir una de las necesidades más elementales: el derecho a una vivienda digna.

Progresivamente la vivienda ha pasado de ser un bien de uso a una mercancía, y de ser una mercancía convencional a convertirse en un activo financiero. A pesar de la letra del art. 47 de la Constitución, “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”, las administraciones públicas han actuado en dirección contraria. Y cuando no, han oscilado entre lo testimonial y lo benéfico. El resultado es que tenemos una seria incapacidad, ya no sólo para cubrir las verdaderas necesidades de vivienda, sino sencillamente para analizarlas.

Basta decir que hoy en Madrid, como en otras muchas ciudades, existe chabolismo, problemas de hacinamiento, que continúa habiendo desahucios y que mucha gente se ha visto obligada, ante la falta de alternativas, a ocupar una vivienda, en muchas ocasiones en condiciones precarias. Se trata de indicadores elementales de la paupérrima implantación de políticas públicas en materia de vivienda. Recordemos: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.

Nuestra “sociedad de propietarios” con cerca del 80 % de hogares que tienen una viviendas en régimen de propiedad, deja tan sólo un maltrecho 20 % de viviendas en alquiler. Y esa opción, a diferencia de otros países con mayores parques públicos de vivienda (como Francia o Reino Unido) o con políticas de promoción del alquiler barato (Reino Unido), se ha vuelto en España una alternativa cara e ineficaz. Mientras y gracias al saqueo organizado con nombre de Ley Hipotecaria, cientos de miles de familias se seguirán estrellando contra los efectos de una burbuja hipotecaria, que fue alimentada por las administraciones públicas.

Sobra decirlo: el escenario apocalíptico de los desahucios no se habría producido si las autoridades hubiesen intervenido sobre la descomunal espiral de precios de la vivienda, al tiempo que la deuda hipotecaria de las familias se multiplicaba hasta por once veces. Tampoco hubiéramos llegado a estos extremos, si se hubieran adoptado medidas tan elementales como la dación en pago y la eliminación de las deudas familiares con carácter retroactivo. Un proceso, por cierto, automático en un país tan poco “socialista” como EEUU. Pero sobre todo, no estaríamos asistiendo a este drama humano si en España se hubiesen implementado verdaderas políticas públicas de vivienda.

Por eso, hoy, y especialmente desde los llamados ayuntamientos del cambio, es imperativo que se impulsen nuevas vías de actuación. Por un lado, es urgente dejar de intervenir únicamente sobre los síntomas del problema, como los desahucios o el chabolismo. En paralelo debemos, apostar por definir políticas que afecten a parques inmobiliarios de cientos de miles de casas. Debemos superar la escala de “lo testimonial” y abordar la escala de “lo real”. Recordemos que en 2015 había más de 330.000 demandantes de viviendas de protección en España, y esto aun cuando en casi la mitad de las provincias, el precio medio de la VPO era apenas inferior o igual al de la vivienda libre de segunda mano.

Si no ha habido ninguna actuación significativa en esta dirección es porque se han primado los intereses de los tenedores de vivienda y suelo, primero de los promotores, y luego de los bancos y cajas de ahorro. O en otras palabras, porque se ha primado el rescate bancario y los intereses financieros, al rescate de las personas y los intereses de la sociedad.

Frente a esta situación, debemos reconocer que han sido las propias víctimas las que han dado una enorme lección de dignidad política y moral a las instituciones. Los movimientos de vivienda, la PAH y los Stop Deshaucios, han hecho lo que las administraciones y la clase política ha sido incapaz de hacer: denunciar la situación y buscar alternativas. La dación en pago o la denuncia de las cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios son dos buenos ejemplos de una reforma que no se debiera aplazar más. Pero la mejor herramienta para actuar en el ámbito de la vivienda está en la creación de un parque de vivienda pública en régimen de alquiler, capaz de trascender los mecanismos de beneficencia y de urgencia social. Se trata de hacer políticas públicas de vivienda para el conjunto de la población y no sólo para los más damnificados por la lógica predatoria del mercado financiero-inmobiliario.

Para este propósito hay que probar dos vías de trabajo. La primera es recuperar la función social de la vivienda a través de la construcción de nuevos alojamientos públicos. Pero si las administraciones se ciñen únicamente a la construcción, tras el despojo de buena parte del patrimonio existente (en el caso de Madrid a fondos buitre), el esfuerzo será enorme en términos de coste y tiempo, además de muy limitado en su alcance real. La paradoja es que en España no hay escasez de vivienda, sino una sobreabundancia sorprendente de unidades construidas y vacías, que en un régimen de mercado real, y no intervenido en favor de las grandes agencias financieras, deberían facilitar notablemente el acceso. En conjunto, hay más de tres millones de viviendas vacías, muchas de ellas en manos de entidades como la SAREB o Bankia, esto es, de entidades con aval público o nacionalizadas.

Por eso debemos articular políticas para que una parte significativa de este inmenso parque inmobiliario se dedique a garantizar este derecho básico. Caso contrario, serán necesarias leyes aún más drástica que la 24/2015 de Cataluña, ahora atacada por la intervención del gobierno. Leyes, que a través de medidas fiscales, expropiaciones de uso e incluso una nueva desamortización, garanticen un derecho que hoy sigue sin cumplirse. De que no avanzar en esta dirección, luego tampoco habremos de quejarnos que como representantes públicos, la sociedad nos haya vuelto a dejar de lado.