Ramón Cotarelo

Catedrático de Ciencias Políticas

El gobierno del PP ha dado suficientes pruebas de un talante estricto, incluso autoritario en el modo de enfrentarse a las manifestaciones públicas que los ciudadanos hacen en ejercicio de sus derechos constitucionales, sean manifestaciones, concentraciones, huelgas o deliberaciones. Asimismo ha manifestado en diversas ocasiones una voluntad de endurecer el tratamiento legislativo de estos actos a fin de castigar con mayor contundencia las conductas que puedan considerarse ilegales a raíz, precisamente, de esos cambios legislativos. La tendencia es a simplificar, a tratar como cuestiones de orden público las manifestaciones de la conflictividad política y social que se da siempre en toda sociedad compleja, sin mayores distingos ni miramientos. Es la vieja idea conservadora de que la paz social solo se consigue mediante una política represiva, sin pararse a pensar si pueden tomarse otras medidas que desactiven los conflictos sin necesidad de abrir la cabeza a la gente.

Esta ya prolongada crisis a la que no se ve final ha sido un cataclismo económico y social. Ha empobrecido al conjunto de la sociedad, ha abocado al paro a una quinta parte de población activa, incide negativamente sobre la estabilidad y la formación de familias, aniquila las expectativas de futuro de la juventud, despoja a sectores enteros de prestaciones que les son vitales, profundiza las desigualdades a extremos clamorosos, etc. Todo ello, no es de extrañar, genera una conciencia colectiva de desánimo, nerviosismo, resistencia, protesta, indignación que es perfectamente comprensible. Las autoridades no pueden ignorar que no es lo mismo policiar una sociedad tranquila, integrada, satisfecha que otra en turbulencia, polarizada y muy tensa.

Los previstos actos de mañana, 12-M, convocados por el movimiento 15-M, se han encontrado en la delegación del gobierno con un muro no ya de falta de comprensión o simpatía, sino de clara dureza y hasta hostilidad. Casi da la impresión de que las restricciones al derecho de manifestación impuestas por Cifuentes sean una especie de provocación para que el 15-M desborde los cauces pacíficos y se pueda justificar la represión para la cual ya se han hecho abundantes y públicas provisiones, con miles de agentes sobre el terreno.

Es absurdo proceder de este modo. Lleva a la confrontación. Pero no hay duda de que es lo que se busca. Así se entiende la afirmación de Aguirre que condena el “tomalaplaza” con el argumento de que se trata de una “privatización” de un espacio público. Debe de ser lo único a cuya privatización se oponga la presidenta de la Comunidad.

Además del derecho de manifestación, en la deriva autoritaria general, el gobierno de la Comunidad restringe o suprime el de libertad de expresión. El cierre de la plataforma que permite emitir a “TeleK” y dos o tres canales críticos más es un atentado también contra el derecho a la información y a la pluralidad informativa. Lo que la derecha quiere son canales como Telemadrid, literalmente al servicio del gobierno autonómico y de su partido con el dinero de todos los contribuyentes. Esta situación, por cierto, no tiene nada que ver con el liberalismo.

Por todos estos motivos, entre otros, es necesario que publico.es sobreviva y se estabilice como plataforma de un pensamiento y una información críticos. Solo la pluralidad de fuentes garantiza la libertad de elección del público que, como los liberales de verdad saben bien, es el requisito de la libertad a secas.