Carlos Aristu, responsable de acción sindical y política sectorial de CCOO Sevilla @Aristu_Carlos

Alberto Garzón, candidato de Unidad Popular a la Presidencia del Gobierno @agarzon

Uno acaba pensando que a muchos políticos les pasa con los trabajadores lo que a los niños urbanos con los animales del zoológico. Acaban creyendo que lo que ven un día a través de la jaula sirve para explicar lo que pasa a diario en el medio natural.

Ahora entramos en campaña electoral y no será raro ver a integrantes de las múltiples candidaturas visitando centros de trabajo o estrechando manos de hombres y mujeres cuya profesión sea fotogénica; algún presidenciable hasta se parará en la calle a escuchar paciente cómo una persona desempleada le explica las penurias de su día a día. El mensaje será unánime: el empleo, nuestra prioridad.

El mundo del Trabajo está viviendo una serie de mutaciones de enorme calado, algo directamente relacionado con las profundas transformaciones relativas a la globalización, la revolución tecnológica, la adaptación al cambio climático, etc. Pero hay algo que no va a cambiar, y es la trascendencia que las relaciones y derechos adscritos a la propia relación laboral tienen para una sociedad como la nuestra. Ya se trabaje en una gran industria o desde el sillón de casa, en la hostelería, la aeronáutica o la comunicación, la calidad y cobertura social del empleo será determinante para la mayor parte de nosotros. Y por eso, cómo se configure el marco laboral es crucial para determinar qué modelo social queremos para el futuro.

A menudo se cree que las reformas laborales sólo producen efectos de tipo económico. Nada más lejos de la realidad. El marco de relaciones laborales de un país refleja también un modelo de convivencia social. La trascendencia del fenómeno del Trabajo en las vidas de la gente es capital, por lo que restar elementos democráticos y libertades en el centro de trabajo, o favorecer el desequilibrio de poderes entre la parte más débil y la más poderosa, conlleva un efecto similar en las pautas generales de esa sociedad. La sucesión de reformas laborales emprendidas por los últimos gobiernos de PSOE y PP -que generaron tres huelgas generales en un periodo de tres años, algo inédito en nuestro país- han dado soporte a un modelo de relaciones laborales muy concreto. Un modelo que, bajo la errónea creencia de que la competitividad empresarial se ha de ganar por la vía del abaratamiento de costes laborales, ha instaurado un estado de necesidad y miedo en los centros de trabajo. Miedo lógico, ante la facilidad de un despido que no sólo se ha abaratado y subvencionado, sino que se ha liberado de trabas administrativas y tutelas judiciales. Un modelo que no concibe el equilibrio entre las partes -básico en cualquier manual de Derecho laboral-, y favorece en cualquier negociación la decisión unilateral del empresario frente a lo que otrora eran derechos de la parte social. Un sistema que debilita la participación organizada de los trabajadores a través de sus organizaciones sindicales y busca la interlocución individualizada que suele acabar en "haces esto o ya sabes lo que hay".

Estas reformas laborales han facilitado que bajo sus años de vigencia se haya destruido el mayor volumen de empleos de la historia de nuestro país. Pero también han instalado un marco laboral que hace que el 95% del empleo que se genera sea precario, temporal, sin derechos, y haga que el 30% de quienes tienen un empleo sean trabajadores pobres, así como que miles de jóvenes sean empujados a la condición de falsos autónomos como paradigma de las nuevas formas de explotación -y encima las estadísticas los etiqueten de emprendedores-.

El último movimiento del gobierno del PP a escasas semanas del fin de la legislatura –la publicación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores que incorpora todas las reformas realizadas en los últimos años– pretende grabar a fuego este salvaje marco de relaciones laborales para que cualquier intento de dar marcha atrás por parte de cualquier fuerza política y social transformadora se encuentre con importantes obstáculos. Una vez más el PP demuestra su carácter autoritario y antidemocrático: en un momento en el que los sujetos sociales contestatarios se plantean la derogación inmediata de las reformas laborales, cuando los tribunales las están desautorizando o vaciando de contenido, cuando se está demostrando que no cumplen los objetivos planteados y que están condenando a la mayor precarización posible a nuestras mayorías sociales, el gobierno del PP sistematiza y consolida todas estas reformas. Se trata de un texto que nace moribundo; un magnífico ejemplo de irresponsabilidad legislativa. Desde Izquierda Unida proponemos precisamente lo contrario: derogar las reformas laborales anteriores y además reemplazar este Estatuto de los Trabajadores que da la espalda al trabajo y plantear una carta de derechos del Trabajo, un nuevo marco normativo laboral discutido con los agentes sociales y con amplio debate, enfocado en la protección laboral, el trabajo digno y la erradicación de la discriminación y la división sexual del trabajo.

Tampoco nos produce ningún consuelo –ni sorpresa– la propuesta del PSOE al respecto, por mucha renovación cosmética que haya experimentado. El equipo de Pedro Sánchez en materia laboral –que es en buena parte el mismo que el que diseñó la reforma laboral de 2010– no tenía intención de derogar totalmente la reforma laboral del PP de 2012 (ya que ello supone tumbar artículos idénticos a los que su formación aprobó dos años atrás) y sólo ha modificado –a regañadientes– su postura debido a la presión de otras federaciones. Es difícil entender cómo tienen el valor de abanderar los derechos cuando dudan si derogar o no la reforma laboral más salvaje que ha sufrido la clase trabajadora de este país. Su nueva propuesta coincide curiosamente con la que presenta el Círculo de empresarios, y pasa por reducir la participación de quienes trabajan en la empresa, buscando tutelar y manipular a los sindicatos desde una postura paternalista, ofreciéndoles falsas promesas y alianzas. Cualquier sujeto que pretenda verdaderamente proteger los derechos laborales debe apostar necesariamente por lo contrario: aumentar la democracia en las empresas; las estructuras de representación de los derechos en la empresa deben reforzarse, no adelgazarse. Izquierda Unida lleva mucho tiempo discutiendo en muchos foros con los sindicatos, donde han nacido propuestas para reforzar la representación de quienes trabajan en las pequeñas empresas, obligando a establecer órganos representativos incluso en las empresas menores de 10 trabajadores. Pero sin olvidar que no se pretende tutelar a los sindicatos sino abrir un diálogo social real y respetuoso.

Por último, debemos denunciar y arrancar las caretas que utilizan algunas fuerzas políticas como Ciudadanos, que dicen apostar por fórmulas novedosas cuando su propuesta estrella de “contrato único” no sólo es antiquísima sino profundamente dañina para los derechos de los trabajadores (no por casualidad es una histórica aspiración de la derecha económica). En España ya tenemos un contrato único, que es el indefinido tal y como reza el artículo 15.3 del Estatuto de los trabajadores, aunque se reconozcan determinadas excepciones como los contratos temporales (¿acaso un supuesto nuevo “contrato único” no las tendría?). El problema es que la inmensa mayoría de los contratos temporales hoy día vigentes están celebrados en fraude de ley en beneficio de los empleadores. La solución pasa, en consecuencia, por perseguir fehacientemente el fraude laboral que cometen tantos empresarios españoles y no por inventarse una nueva fórmula de contrato que lo único que lograría sería reducir la indemnización por despido de los nuevos contratos al mismo tiempo que convertiría en legales todos esos contratos fraudulentos que inundan el mercado laboral español. Los problemas complejos nunca se solucionan con remedios simples.

Estas son algunas de las bases del proyecto de país que tienen reservado para nosotros. Un país donde quienes han trabajado no puedan gozar de unas pensiones ganadas a pulso, y quienes trabajen no consigan salir del círculo de la pobreza a pesar de ello. Un país donde la libertad y la democracia no llega al centro de trabajo, y más de 300 sindicalistas tienen procesos judiciales abiertos por causas relacionadas con un derecho constitucional como es el de huelga. Sobra decir que durante estos años, más de 50.000 millones de euros han sido traspasados desde las rentas del Trabajo hacia las rentas del Capital. Siempre hay quien sale ganando.

Desde Izquierda Unida creemos en un proyecto de país diferente. El modelo social que defendemos tiene garantizada una mejora sustancial del conjunto de derechos y libertades en el espacio laboral para hacer posible que la mayoría de la gente -la que vive o aspira a vivir de su trabajo- pueda hacerlo con dignidad. Aspiramos a representar de la mejor manera posible los intereses de todos aquellos que, cansados de que les digan que no hay otra forma de hacer las cosas, miran a la luna y -como decía Pietro Ingrao- la desean. Podemos decirlo con franqueza porque nuestra candidatura está compuesta por hombres y mujeres a quienes no es ajeno ni el sufrimiento ni el miedo del que os hablábamos, gente que viene de donde vosotros y no aspira a cruzar ninguna puerta giratoria. Gente que no se calló cuando esas reformas laborales fueron aprobadas, ni dejó de luchar contra ellas en la calle. Gente que no precisa ir a ningún zoológico para veros ni para interpretar lo que pasa en el mundo del Trabajo. Os animamos a sumaros a este proyecto.