José Manuel Peña Penabad

Economista. Colaborador de econoNuestra

Los resultados de las elecciones municipales del 24-M y consecuentemente, la conformación de las corporaciones locales el 13-J, plantean la necesidad de abordar una reflexión acerca de las posibilidades de iniciar un proceso de integración de políticas vinculadas al desarrollo urbano para definir, con visión estratégica, las iniciativas y proyectos capaces de impulsar la etapa de cambios y transformaciones urbanas que será preciso acometer en un contexto globalizado, abierto y competitivo. Un proceso de reflexión que aglutinará ciudades y ciudadanía de forma participativa y desde una perspectiva que integre objetivos de competitividad económica, cohesión social y sostenibilidad ambiental.

Será sin duda el reto de mayor calado que tendrán que asumir los gobiernos locales, en sus recién iniciados mandatos, al objeto de ofrecer respuestas ante los macroprocesos que estamos viviendo (globalización y mundialización de la economía, informacionalización, intensificación de la difusión urbana y crisis económica y social generalizada) y para reorientar la construcción europea en el nuevo período de programación 2014-2020, cuya condición necesaria, pero no suficiente, será la articulación de “estrategias integradas de desarrollo urbano sostenible”.

Europa será el mayor espacio urbano en el que han de gestionarse los retos de las sociedades y de los individuos del siglo XXI y en el que habrán de superarse las trampas de la globalización y el mayor ataque contra la democracia y el bienestar conocido desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial (TTIP, incluído). Una crisis económica “de diseño” orientada al empobrecimiento generalizado de la ciudadanía (desigualdad creciente, fuerte aumento del desempleo, precarización de las condiciones laborales, recortes salariales entre un 20 y un 40 %, etc.) y al desmantelamiento del llamado estado del bienestar en beneficio de la especulación financiera nos sitúa ante la perspectiva de asumir la imperiosa necesidad de reformar buena parte de nuestra articulación social si queremos salvar nuestra condición de ciudadanos de pleno derecho. La Unión Europea ha pivotado en los últimos años hacia la conformación de un proyecto a favor de los mercados a costa de la insostenibilidad ambiental y del recorte de los derechos sociales.

En estas circunstancias, las ciudades se enfrentan a una serie de retos que deben afrontarse de una forma rigurosa y continuada en el tiempo. Un primer reto es descubrir y definir el modelo de ciudad al que su ciudadanía aspira. Es tarea y responsabilidad colectiva del conjunto de la sociedad la determinación de estándares de habitabilidad, de formas y niveles de estructuración social; la fijación de un posicionamiento medioambiental claro, la determinación de los modelos de usos del suelo, del modelo económico y la determinación de sus parámetros de desarrollo, la integración territorial en los entornos más próximos, etc. Ya no es tolerable ni asumible que el pacto de una minoría (por muy ilustrada que ésta sea) sustituya al concepto constitucional de soberanía residenciada en la ciudadanía. Ese pacto de “despotismo ilustrado” nos ha conducido a confundir el interés general con el particular, a la ineficiencia en la gestión pública, a un estado de corrupción generalizada, etc. Se hace obvio que el modelo de producción, de consumo, de despilfarro energético, de contaminación ya no es sostenible en el tiempo y será en las ciudades en donde, a través de una redefinición verdaderamente democrática y diametralmente alejada de todo populismo, podrá concebirse un modelo alternativo sostenible.

Un segundo aspecto sobre el que reflexionar: las ciudades deben inexcusablemente abordar su organización colectiva. Este aspecto hace referencia a la necesidad de definir un proyecto de futuro común, aglutinador e integrador. Deben confeccionar, como ente colectivo, una estrategia de futuro. Estrategia que no solo debe ser consensuada, sino concertada y compartida por la ciudadanía y por aquellos actores urbanos que inciden e intervienen en el territorio. Establecer estructuras sociales flexibles que consoliden colectivos sociales en pos de objetivos compartidos (el interés general) será la única vacuna posible frente al imperante individualismo asocial, insolidario y no comprometido (más que con su propia supervivencia).

Un tercer reto es articularse en un determinado sistema o red de ciudades más amplio. Las ciudades establecen entre si relaciones de complementariedad (no sólo de competencia) con otras ciudades, estableciendo alianzas estratégicas. Complicidades que incrementan su potencial de presencia en el concierto nacional o internacional, su proyección exterior y su capacidad para redefinir nuevas pautas de convivencia. Aquí se pone de relieve la importancia de la dimensión de la escala y de la masa crítica: sin aliados este proceso es absolutamente inviable.

Es necesario implicar a la ciudadanía en este proceso de desarrollo y de construcción de la ciudad. Este hecho responde no solo a una necesidad puntual, coyuntural, sino a una realidad histórica: la ciudad es y siempre ha sido no solo un espacio de diversidad y complejidad, sino también, una construcción colectiva en la cual intervienen muchos agentes de trayectorias e intereses diversos. La tarea de armonizar este conjunto de proyectos individuales y la labor de enfocar la generación de un proyecto colectivo de futuro basado en la primacía indiscutible del interés general es compleja; tanto o más que la sociedad misma. Es la labor de la política; actualmente, la gran ausente del escenario del desarrollo urbano mundial.

Finalmente, cabe afirmar que esta labor de armonización implica, necesariamente, la gestión de las diferencias, de las interdependencias entre proyectos para generar una cultura compartida de ciudad. El desarrollo de esta capacidad organizativa por parte de las administraciones locales supone necesariamente el desarrollo de su función relacional. Es el paso del pacto del despotismo ilustrado a la democracia formal representativa y de ésta a la democracia participativa. Emerge un nuevo concepto cuyo objetivo es realmente “antiguo”: conformarse como un instrumento de desarrollo del término “democracia”. Ya no es posible seguir hablando de democracia sin ciudadanía. Ha de ser la forma de construir ciudadanía del siglo XXI, o simplemente no será: no seremos ciudadanos de pleno derecho y retornaremos a encontrarnos a nosotros mismos en nuestra ya extinta condición de súbditos bajo el yugo de un nuevo señor: los llamados “mercados”.

La gobernanza urbana se caracteriza entre otras cosas, por el predominio de esta función relacional en el gobierno. Función que valoriza la esfera de lo político y reclama un mayor protagonismo de la administración local pero no tanto en su papel de prestador, gestor y proveedor de servicios, sino más como organizador de una comunidad, como gestor de las interdependencias entre los actores implicados para hacer ciudad (personas y territorio), porque vivimos en un complejo mundo de gobierno multinivel, de soberanías y competencias compartidas y de identidades superpuestas.