Fernando Luengo, economista

Blog Otra economía: https://fernandoluengo.wordpress.com

@fluengoe

El Ministerio de Trabajo e Inclusión Social acaba de publicar los datos relativos al desempleo correspondientes al mes de marzo que acaba de concluir. Como era previsible, el número de personas desempleadas ha aumentado de manera sustancial; en relación al mes de febrero hay 302.265 más en esta situación, un aumento del 9,3%, lo que supone que, en total, 3.548.312 desean trabajar y buscan activamente un empleo, sin conseguirlo.

El desempleo ha aumentado en todos los sectores de la actividad económica, especialmente en la construcción, incidiendo en todos los grupos de población, menores y mayores de 25 años, tanto a mujeres como, especialmente, a varones. El número de contratos registrados, también en comparación con marzo del año precedente, se ha reducido en más de una quinta parte, afectando esta reducción tanto a los contratos indefinidos como, sobre todo, a los temporales.

Un panorama desolador que, con toda seguridad, empeorará cuando se publiquen los datos de abril, ya en pleno confinamiento y con buena parte de la actividad económica detenida. En un escenario de gran incertidumbre, cuando la pandemia está lejos de haber sido contenida, es probable que el desempleo alcance todavía cotas más altas. Estamos hablando, por lo demás, del desempleo estadísticamente registrado. Hay muchos trabajadores que por desánimo o porque no perciben ningún tipo de prestación por el hecho de estar desempleado, no están registrados en las oficinas de demanda de empleo; estadísticamente, son población inactiva, no cuentan.

Parece claro que las medidas adoptadas por el gobierno intentando preservar los puestos de trabajo -a través de la aplicación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo- ha tenido un alcance limitado e insuficiente. Ha prevalecido la cultura empresarial -tan costosa para la economía y los trabajadores- de ajustar las plantillas y ha quedado de manifiesto una vez más la vulnerabilidad de una estructura productiva y ocupacional basada en la contratación temporal y a tiempo parcial.

Es evidente, pues, que la creación de empleo será, una vez contenida la enfermedad y normalizada la situación económica, uno de los desafíos fundamentales del gobierno. A la hora de enfrentarlo es importante tener en cuenta, en primer lugar, que el crecimiento del Producto Interior Bruto -que, previsiblemente, en el contexto de importantes restricciones tanto de oferta como de demanda- será débil; no describirá una U (rápida recuperación), sino más bien una L, con una pendiente ligeramente positiva. En ese contexto, la generación de puestos de trabajo será limitada; desde luego, no los suficientes para que la tasa de desempleo se recorte sustancialmente. Es útil, al respecto, reparar en la experiencia de la economía española en los años previos a la irrupción de la enfermedad; entre 2014 y 2019 el PIB real aumentó un 15% y, aunque los niveles de paro se redujeros en esos años, todavía se situaba en 2019 en torno al 14%, un porcentaje muy superior al de la mayoría de los países comunitarios.

El objetivo de crear empleo suficiente no debe hacernos perder de vista que, como señala la Organización Internacional del Trabajo, de lo que se trata es de que los salarios sean dignos, las condiciones de trabajo decentes y los trabajadores puedan ejercer dentro de la empresa los derechos laborales y ciudadanos. En este sentido, volviendo la vista atrás, la experiencia de los último años -incluso de las últimas décadas- nos dice que el crecimiento económico, en efecto, ha creado empleo -aunque, como acabo de señalar, insuficiente par absorber la oferta de capacidad de trabajo existente en la economía-, al mismo tiempo que la precariedad se ha generalizado: salarios que permanecen estancados o que retroceden, generalización de los contratos temporales y a tiempo parcial, cuando los trabajadores quisieran tenerlos indefinidos y a tiempo completo, horas extraordinarias, legales e ilegales, que se retribuyen por debajo de lo establecido en la normativa o no se pagan, intensificación de los ritmos de trabajo… Esta es la realidad del trabajo en España; bien el desempleo se mantiene en niveles elevados, bien se transita desde el desempleo al infraempleo.

Me preocupa que los poderes económicos y las patronales pretendan prolongar la excepcionalidad de la situación con el discurso de que lo prioritario es poner en marcha de nuevo la economía y que para ello resulta imprescindible fortalecer el tejido empresarial -que, ya lo sabemos, debe ser interpretado como apoyar a las grandes firmas-, aplicando políticas que permitan la recuperación de los márgenes de beneficio y los mercados. Sabemos, asimismo, lo que esto significa: presionar sobre los salarios y endurecer las condiciones de trabajo, además de exigir prebendas fiscales. Siempre con la promesa de que, finalmente, actuando de esta manera, todos ganan, también los trabajadores y el conjunto de la economía.

Habrá presiones que pondrán a prueba la determinación del gobierno de coalición, su compromiso con los trabajadores, especialmente con los más desfavorecidos. El objetivo para las izquierdas no puede ser otro que el aumento del empleo decente. Avanzar en esa dirección pasa, hoy más que nunca, por una decidida y estratégica intervención del sector público, poniendo en marcha un marco de relaciones laborales que, derogando de una vez por todas las reformas que en este ámbito promovieron el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular, empodere a los trabajadores, dando un fuerte impulso a los servicios públicos -porque son esenciales para la vida y también para un buen funcionamiento de la economía-, comprometiéndose sin reservas en la lucha contra la degradación de los ecosistemas y el cambio climático y poniendo en el centro de todo, y por supuesto de la política presupuestaria, la consecución de mayores cotas de igualdad.