En el país en que el partido gobernante cabalga a lomos de una corrupción intolerable, podría parecer que, mientras dure el gobierno en funciones, tienen carta blanca para hacer lo que les plazca. O al menos eso es lo que se deduce de la acción de este gobierno en funciones que nos dura ya mucho más de lo que debería. Se trata, según vemos día a día, de aprovechar la prórroga para beneficiar a sus más cercanos aliados empresariales, eludiendo dar ninguna explicación en el Parlamento.

La legislación es muy clara con respecto a las limitaciones de un gobierno en funciones. Según la Ley 50 /1997 de 27 de noviembre “el ejecutivo cesante facilitará el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo gobierno y el traspaso de poderes al mismo y limitará su gestión al despacho ordinario de los asuntos públicos, absteniéndose de adoptar, salvo en casos de urgencia debidamente acreditados o por razones de interés general, cualquier otra medida”. No vale todo.

Haciendo caso omiso de la legislación, el actual gobierno está aprobando medidas que, ni son urgentes, ni son de interés general. Aunque muchas de ellas si tienen un punto en común: son del interés particular de algunas grandes empresas. Nada puede justificar estas decisiones en el momento actual.

Me refiero a casos como el la reapertura y alargamiento de la vida de la central nuclear de Garoña; el alargamiento durante 70 años de la concesión a la papelera ENCE para continuar ocupando el espacio público en la costa de Pontevedra; el permiso a la empresa Fertiberia para simplemente tapar los residuos de fosfoyesos vertidos durante años en las marismas del río Tinto en Huelva; el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional contra la ley vasca que frena el fracking….y así sucesivamente.

Ninguno de los casos mencionados, todos ellos aprobados por el actual gobierno, se corresponde con el mandato establecido por la legislación para un gobierno en funciones. Ninguno es urgente, ni de interés general. Si son todos ellos, eso sí, del interés de las empresas beneficiarias.

Ciertamente hay que quitarse de encima a este nefasto gobierno cuanto antes, pero mientras ello no ocurra no tiene carta blanca para seguir haciendo lo que le parezca. Y todo ello, por cierto, de espaldas al Parlamento ya que el gobierno en funciones ha decidido que sus miembros no comparezcan ante el Congreso, vaciando con ello de contenido la función del legislativo.

Esta situación es inaceptable e injustificable. La excusa de que no ha sido posible todavía llegar a un pacto para formar un nuevo gobierno no sirve para justificar el despropósito en el que estamos inmersos. Si vamos a otras elecciones, como si no, el gobierno en funciones deberá limitar sus decisiones a lo que dicta la legislación. Ya está bien de tomarnos el pelo.

Juantxo López de Uralde