La reivindicación de igualdad constituye uno de los pilares básicos de la modernidad. Casi nadie se atreve a cuestionarla (salvo algún desliz de algún o alguna representante político, que luego tienen que desmentir, diciendo diego donde antes dijeron digo…). La mayoría de la población está a favor de un mundo más igualitario y defiende la igualdad como un valor intrínseco de una sociedad desarrollada. Por ejemplo, todos (o casi todos) nos indignamos cuando alguien, utilizando su situación de privilegio, se salta la cola de personas que están esperando a ser vacunados contra la covid-19. O también, cuando alguien, aprovechándose de su situación de poder, trata de eludir la acción de la justicia mediante las compras o sobornos correspondientes.

La desigualdad tiene muchos matices. Uno de los más evidentes es la desigualdad económica, la que se manifiesta en las diferencias de ingreso o de consumo. Es una cuestión muy importante y puede dar la medida del nivel democrático de una sociedad. Sin embargo, esta es una materia que no ha merecido mucha atención en la teoría económica. La temática distributiva, o redistributiva, apenas se menciona en alguna que otra asignatura de los actuales planes universitarios. Hay casi una disrupción entre realidad y teoría, entre lo que nos preocupa a los ciudadanos y lo que interesa a los diseñadores de los currículums universitarios.

No obstante, durante las dos primeras décadas de este siglo se ha producido una cierta revitalización de esta materia debido, quizás, a la exacerbación de las desigualdades provocada por los intentos de superar la última gran crisis. Fundamentalmente porque ha afectando de forma considerable a la clase media de la mayoría de los países desarrollados. El desarrollo de la crisis ha tenido dos consecuencias principales en lo que respecta a la desigualdad: por un lado, hay una mayor percepción de la riqueza y la pobreza, es decir, de cómo la crisis ha afectado de forma sustancialmente diferente a las personas en función de sus niveles de renta; por otro lado, las mayores desigualdades entre países también ha agudizado las presiones migratorias, con fuertes consecuencias sociales, políticas y económicas, tanto para los países emisores como para los receptores. Como dice Branco Milanovic, “si las fronteras estuvieran completamente abiertas, seríamos testigos de enormes flujos migratorios que casi vaciarían algunas partes del globo”.

Esta fue una de las piedras angulares de las movilizaciones que tuvieron lugar durante esos años y que conllevaron en algunos países desarrollados (entre ellos, España) a un cambio sustancial en su panorama electoral. Nos referimos a la reclamación de mayores dosis de igualdad en el sistema político, económico y social.

Según un informe de Oxfam elaborado el 2014, la preocupación por la desigualdad ha tenido tres etapas: en la primera se relacionaba con la ética y lo social, y la desigualdad era vista como algo contrario a la justicia y la cohesión social; en la segunda se vinculaba con la economía, y se consideraba su relación con la política económica y el crecimiento; y, por último, durante los últimos años se ha puesto mayor énfasis en la política, defendiéndose la idea de que una elevada concentración de la riqueza conlleva, en la mayoría de los casos, a una democracia de baja calidad. Como decía el jurista estadounidense Louis Brandeis: “Podemos tener democracia en nuestro país, o podemos tener la riqueza concentrada en manos de unos cuantos, pero no podemos tener ambas cosas a la vez”.

Una consecuencia de esta mayor preocupación por la temática (des)igualitaria ha sido la publicación durante la última década de algunos textos de extraordinaria relevancia teórica, académica y, yo diría que política. Uno de ellos es El capital en el siglo XXI, escrito por el profesor francés Thomas Piketty. Este autor hace un análisis minucioso de la evolución de la desigualdad desde los inicios del capitalismo, si bien centrado principalmente en algunos de los países desarrollados, aquellos de los que disponía una serie históricamente amplia de datos fiscales: Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Alemania.

Una buena parte de este libro trata de explicar que la tendencia a la desigualdad es una ley inherente al desarrollo natural del sistema capitalista. Si éste funciona libremente, sin intervención alguna, los ingresos y la riqueza tienden a concentrarse. Esta es la principal razón por la que las sociedades desarrolladas del siglo XIX eran tan desiguales; y por qué en la reciente época neoliberal la desigualdad ha vuelto a desbocarse. En realidad, defiende Piketty, la historia del capitalismo es la historia de una tendencia al alza de los niveles de desigualdad económica; aunque con una salvedad acotada temporal y geográfica: los países desarrollados en las tres décadas posteriores de la II Guerra Mundial. Partiendo de esta idea, podemos distinguir tres tipos de capitalismo: el “clásico” de la Belle Époque con una muy alta correlación entre la propiedad del capital y los altos ingresos; el “convergente”, donde esta correlación era más débil debido a la destrucción física del capital, los bajos ratios de rendimiento y la creciente importancia de la educación; y el “globalizado”, que representa un retorno a la versión del siglo XIX con una importante modificación: los altos ingresos del trabajo juegan ahora un papel mucho más grande.

En definitiva, si se deja al sistema funcionar libremente, éste sería inviable a largo plazo, es decir, insostenible. Por tanto, no podemos esperar que el desarrollo “natural” del proceso económico pueda invertir el creciente aumento de la desigualdad que ha tenido lugar durante las últimas décadas. Es decir, sólo nos queda los shocks externos que impongan distribuciones más igualitarias (en este sentido, debemos destacar el fuerte impacto igualitario que supusieron las dos guerras mundiales, entre otras cosas, por la fuerte destrucción de capital físico) y la política económica. El primer camino no aparenta ser recomendable, por tanto, debemos optar por la política económica y, dentro de esta, la política fiscal, es decir, aquella que tiene que ver con los impuestos que pagamos y las transferencias que recibimos del Estado.

Es en este terreno, el de la política fiscal, donde se está dilucidando principalmente, la cuestión de la desigualdad económica. Si levantamos nuestra mirada, y nuestro horizonte es el largo plazo, la trayectoria no invita al optimismo. Todo parece indicar que la capacidad redistributiva de nuestros sistemas fiscales (de la gran mayoría de los países más desarrollados) ha disminuido durante los últimos años. La causa central de esta regresividad es la sustancial reducción en la carga impositiva de las grandes riquezas. Con la excusa de “dejar a las fuerzas del mercado que funcionen libremente” o de “crear riqueza”, los tipos impositivos sobre las grandes fortunas se han reducido considerablemente. Es más, los países compiten entre sí, para ver quién ofrece a las grandes multinacionales un sistema fiscal más favorable para ellas. Esto deja a los respectivos gobiernos (que deberían defender, al menos en teoría, los intereses colectivos de la ciudadanía) en una situación de debilidad frente a las grandes compañías multinacionales. Esto es así, tanto para los gobiernos de los países desarrollados como para los del mundo en desarrollo, aunque para estos últimos la situación es mucho más preocupante. El poder de estos gobiernos, su capacidad para tomar decisiones en favor de sus propios ciudadanos, es prácticamente nulo.