La Sanidad Pública la financiamos todos, la pagamos con nuestros impuestos. Somos nosotros los que financiamos al Estado que no contaría con fondos para subsistir sin nuestras aportaciones dinerarias. Pagamos tributos de una manera directa a través de los impuestos sobre la renta de las personas físicas, sociedades, patrimonio, sucesiones, donaciones y de una manera indirecta cuando consumimos, con el impuesto del valor añadido, IVA, que grava la operación realizada entre una empresa y su cliente, además de los impuestos que pagamos al matricular un vehículo, consumir alcohol, fumar, ver la televisión, coger el ascensor, poner gasolina, ducharnos, encender la luz, tirar la basura… hasta podríamos decir que pagamos cuando dormimos porque la luz estará apagada pero la nevera sigue funcionando, o simplemente amortizamos lo que pagamos por el impuesto sobre bienes inmuebles, IBI.

Sin embargo hay otro tipo de coberturas como las pensiones y las prestaciones sociales que se sustentan por los cotizantes de la Seguridad Social. La asistencia sanitaria pública ya no la presta el Instituto Nacional de la Seguridad Social, INSS, sino las Comunidades Autónomas a través de sus propios servicios sanitarios.

La Constitución establece que como Estado democrático, social y de derecho serán los poderes públicos lo que deben tutelar la salud pública garantizándonos una asistencia sanitaria pública, universal y gratuita. Marcuse decía que los medios suelen ser utilizados por el poder para afianzar su status quo con el fin de desviar a los ciudadanos de las preocupaciones que, verdaderamente, afectan sus vidas. Este es, posiblemente, el motivo por el cual la gran masa española desconoce o no es consciente de la Ley 15/1997 y el Real Decreto-Ley 16/2012.

La ley 15/97, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, abrió el camino legal que permite transformar el sector público sanitario en una oportunidad de negocio para el sector privado. El lucro privado, con fondos públicos, se impone a la rentabilidad social, consustancial a cualquier servicio público. Con un artículo único, la ley ocupa tan sólo una página, relata como la prestación y gestión de los servicios sanitarios y sociosanitarios podrá llevarse a cabo, además de con medios propios, mediante acuerdos, convenios o contratos con personas o entidades públicas o privadas.

Noam Chomsky describe la estrategia de la gradualidad, para que se acepte una medida inaceptable basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, durante años consecutivos. Así, a partir de la aprobación de la ley empiezan los graduales cambios hacia la privatización cerrando laboratorios públicos para derivarlos hacia macro-laboratorios privados, externalizando algunos servicios como el diagnóstico por imagen o servicios clínicos especializados, privatizando las citas médicas a través de un call center, privatizando los servicios de limpieza, cocinas, lavanderías, ambulancias… Se cierran centros públicos para ser sustituidos por centros privados. Todo aquello que es rentable se deriva hacia lo privado y lo que no es rentable hacia lo público como ancianos, crónicos, transplantes, enfermedades raras….

El interés de desinformar a través de la manipulación informativa está primordialmente dirigido a evitar que la opinión pública preste atención a una determinada información. En todas las Comunidades Autónomas del Estado se sigue produciendo un proceso de transferencia a las empresas privadas de la gestión y la prestación de la asistencia sanitaria. En este proceso encontramos empresas privadas constructoras, financieras o aseguradoras privadas. Utilizan a los medios para ejercer una influencia ilegítima sobre la opinión pública creando problemas para posteriormente salir como salvapatrias. Así con la excusa del aumento de las listas de espera en la sanidad pública, argumentando recortes, se disminuyen los presupuestos de los centros públicos, se cierran plantas de los hospitales, servicios de los centros de primarias, se recortan ingresos de personal… pero como los pacientes son los mismos se dan recursos y nuevos conciertos con centros privados para que atiendan a estos pacientes

El Real Decreto-Ley 16/2012, de 20 de abril, de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, introdujo el “repago” sanitario en los medicamentos, en las prótesis ambulatorias como muletas, sillas de ruedas o férulas, así como en el transporte sanitario no urgente, traslado en ambulancias a enfermos para someterse a tratamientos de enfermedades o rehabilitación. Además priva de asistencia sanitaria a diversos ciudadanos. Desvincula la Sanidad Pública de los ciudadanos que la sostenemos con nuestros impuestos para vincularla exclusivamente a quienes tengan la condición de “asegurados” del Sistema de Seguridad Social, o sea, niega la asistencia sanitaria a los trabajadores que coticen a regímenes no pertenecientes a la Seguridad Social, como son la mayoría de profesionales liberales, o quienes perciban su pensión de sistemas alternativos, como son los mutualistas, o los desempleados que hayan agotado la prestación, o los estudiantes de más de 26 años que no soliciten en plazo la tarjeta sanitaria.

La ley 15/97 que nos ha abocado a una privatización de la sanidad pública fue aprobada con los votos del Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), y de los nacionalistas de derechas, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Convergència i Unió (CiU) y Coalición Canaria (CC). El Real Decreto-Ley 16/2012 fue aprobado con los únicos votos del Partido Popular (PP). Estas leyes nos están llevando al aumento de las listas de espera en atención primaria, especialistas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas, al cierre de camas hospitalarias, quirófanos y centros de atención continuada y a la reducción de personal que en el año 2014 superó los 53.000 empleados. En definitiva vamos a tener un sistema de beneficencia para los trabajadores, un sistema de calidad para quiénes puedan pagarlo y la exclusión, en un futuro, de los sectores de la población no productivos.

Por todo ello es importante, en la antesala de unas elecciones generales, recordar que no estamos para servir al gobierno, sino que por el contrario, es nuestro gobierno el que debe servirnos a nosotros, dado que somos los ciudadanos los que decidimos quién nos representará y como queremos ser representados. La democracia no sólo es una forma de gobierno, sino que debe ser la forma en que se distribuye la riqueza y los servicios, la forma en que se ejerce el poder, en el compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas y sobre todo en el respeto a los derechos humanos, civiles y políticos. Como dijo Abraham Lincoln en la declaración de Gettysburg la democracia debe ser “el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”