Carlos Barra

Médico especialista del Sistema Nacional de Salud y miembro de DMD

Vemos cada vez con más frecuencia a ciudadanos demandando ayuda para poder ejercer el derecho a la libre disposición de su propia vida poniendo fin a la misma cuando padecen un proceso incurable que les ocasiona un sufrimiento físico o psíquico que consideran insoportable; ese derecho se les niega una y otra vez porque nuestro Código Penal (art.143.4) establece sanciones penales graves a quienes les ayuden.

La sociedad española ha sido preguntada en numerosas ocasiones sobre su posición en relación a regular por ley la práctica de la eutanasia y el suicidio asistido; históricamente, y de manera creciente, se ha comprobado que una amplia mayoría social se ha manifestado a favor de que así se hiciese (como ejemplos estudios 2803 CIS 2009 y 2451 CIS 2002 ) y, por tanto, que en vía parlamentaria se presentase un proyecto o proposición de ley, se debatiese y finalmente, previa aprobación, tras ser votada, se promulgase.

Es una realidad social, hoy incuestionable, que muchas personas mueren en nuestro país sin que se respeten sus opiniones y valores en relación a cuando y cómo morir; personas con intenso sufrimiento físico o psíquico, sin ninguna posibilidad de curación o mejoría de su calidad de vida, a las que se mantiene con medidas de soporte o tratamiento que no sirven más que para prolongar su sufrimiento e impedir puedan ejercitar en libertad su pleno derecho de autonomía personal. Personas que, como reconoce nuestra Constitución, tienen Derecho a la Vida, pero no tienen la obligación de vivir si ello les resulta insoportable e insufrible y por ello desde su libertad deben tener el respaldo legal para pedir ayuda y poder marcharse.

Algunas Instituciones parece que han reaccionado ante esta realidad social. Así, el Parlamento Vasco (2015), en virtud de una iniciativa presentada por el Partido Socialista (PSE), aprobó enviar una propuesta al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España para modificar el Código Penal (art.143) y despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido; estos días, el Parlament de Catalunya ha aprobado una moción de Catalunya Sí Que Es Pot proponiendo al Congreso de los Diputados la modificación del ya citado artículo, despenalizando las conductas eutanásicas.

Bienvenidas sean estas propuestas que, a mi juicio, están en consonancia con la opinión social mayoritaria. A pesar de las iniciativas de los Parlamentos vasco y catalán anteriormente enumeradas, seguimos situados en un escenario donde, por un lado, una mayoría social exige cada vez con más fuerza un derecho (disponibilidad de la propia vida) y la posibilidad real de su ejercicio (reconocimiento en una ley) y, por otro, unos poderes públicos e instituciones legislativas (Congreso y Senado) que una y otra vez hacen oídos sordos a esa demanda.

En mi opinión mantener esa postura ya no es posible. No legislar sobre eutanasia y suicidio asistido provocará más situaciones de sufrimiento innecesario, más actuaciones en la clandestinidad, más suicidios violentos y también más profesionales en situación de inseguridad jurídica. Es decir, una vez más, una ausencia de respuesta positiva a problemas sociales reales por parte de los poderes públicos y representantes políticos.

Para evitar cualquier equívoco, quiero indicar que estamos hablando del reconocimiento de un derecho de las personas (libre disponibilidad de la propia vida), distinto pero compatible con la garantía para todas las personas de acceso, cuando lo necesiten y deseen, a unos cuidados paliativos con cobertura universal y dotado de los recursos necesarios en el marco de una prestación más del Sistema Nacional de Salud e incluida, obviamente, en su cartera de servicios.

El pasado 18 de enero, el grupo parlamentario Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea presentó ante la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica sobre la eutanasia. Es la primera vez en nuestra democracia que un grupo parlamentario potente (70 diputados) presenta una proposición de ley de esta naturaleza. Antes, proposiciones de ley con el mismo fin fueron presentadas por Izquierda Unida, que contaba con un número reducido de escaños, y fueron desestimadas. Por ello, es ahora cuando existe la posibilidad real de conseguir que se produzca el obligado recorrido parlamentario y, en votación final en el Congreso, se consiga la mayoría absoluta, necesaria en este caso por tratarse de una proposición de ley orgánica.

El texto presentado cumple, a lo largo de su articulado, con las premisas que entiendo deben garantizarse en un sistema democrático: determina el objeto de la ley, sus principios y ámbito de aplicación, detalla las definiciones de los conceptos claves que la proposición de ley aborda, establece los derechos de las personas en relación a solicitar la eutanasia y el desempeño de los profesionales en su práctica, garantiza el derecho de objeción de conciencia de los profesionales, establece las garantías para el acceso y establece, y constituye, los órganos de evaluación de los procesos (comisiones de evaluación). Es, a mi juicio, un texto que permite iniciar el proceso de debate parlamentario donde con toda seguridad podrá ser susceptible de mejora.

Si atendemos a declaraciones, intervenciones en medios de comunicación e incluso tomas de posición en algunas cámaras autonómicas de los representantes de las distintas formaciones políticas, la proposición de ley presentada podría contar con el voto favorable de varios grupos parlamentarios con menor número de escaños, la posible abstención de algún otro y el posible voto negativo del Partido Popular y Ciudadanos (Cs) ya que, según recogía Europa Press el verano pasado, ambos partidos habrían pactado llevar al Congreso una ley de muerte digna que excluía la despenalización de la eutanasia y el suicidio asistido.

Este pacto se ha materializado con la presentación, por parte de Cs, de una proposición de ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso final de su vida (16 diciembre 2016) que no aporta prácticamente nada nuevo respecto a leyes autonómicas ya promulgadas hace años, no resuelve las situaciones expuestas anteriormente y sigue impidiendo el ejercicio en libertad del pleno derecho de la autonomía personal.

Que el PP no es una formación política que guste mucho de ensanchar derechos civiles y libertades es ya conocido –valga de ejemplo la ley mordaza­–, pero podría esperarse de Cs quizá una posición más acorde con una mayoría social que se muestra favorable a la despenalización.

Dicho esto, parece obvio que la posibilidad real de que la proposición de ley presentada por Unidos Podemos - En Comú Podem - En Marea concluya en una ley que se promulgue pasa por la posición favorable a la misma por parte del PSOE.

Desde el obligado respeto a la historia y trayectoria de la formación socialista, y como ciudadano que quiere para su país una democracia fuerte, que garantice cada día más los derechos de los ciudadanos, quiero pedir al PSOE que abandone la ambigüedad que viene manteniendo en esta cuestión, recupere su vocación de defensa de derechos y libertades públicas, así como de políticas activas de ensanchamiento de los mismos como ya hizo recientemente (aborto, matrimonio homosexual, dependencia), sin miedo a las presiones de los sectores inmovilistas y reaccionarios que históricamente han tratado de impedir acciones políticas de progreso. Que exprese inequívocamente su voluntad política de votar favorablemente una ley que permita de una vez por todas el ejercicio del derecho a la libre disponibilidad de la propia vida en las condiciones y con las garantías exigibles en democracia.

No es tiempo de más ambigüedades. El Partido Socialista Obrero Español tiene que optar entre una acción política progresista en consonancia con las demandas, reivindicaciones y opiniones de una mayoría social, y así recuperar la credibilidad perdida, o seguir estando por acción u omisión junto a quienes siempre han sido contrarios a profundizar en el reconocimiento de nuevos derechos que los cambios sociales exigen. Frente a quienes recortan derechos e impiden otros nuevos que aparecen sólo cabe una política: más derechos y más democracia. Despenalizar la eutanasia y el suicidio asistido es hoy una exigencia democrática.