El aeropuerto de Ciudad Real se ha convertido en el paradigma del bipartidismo español: despilfarrar el dinero público para beneficiar a particulares con actuaciones totalmente oscurantistas.

Hemos pagado, con nuestros impuestos, millones de euros por construcciones inútiles que publicitaron como generadoras de empleo. El aeropuerto “fantasma” de Ciudad Real recibió subvenciones, a fondo perdido, de la Junta de Comunidades de Castilla–La Mancha, el Ayuntamiento de Ciudad Real, el Ayuntamiento de Puertollano, la extinta Caja Castilla-La Mancha, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Diputación de Ciudad Real… El coste final de la obra no está claro. En los medios aparecen cifras que oscilan desde los 450 a los 1.100 millones de euros.

Ahora lo subastan y la mercantil china Tzaneen Internacional lo ha adquirido por 10.000 euros, si, diez mil euros, excepto que se produzca una nueva puja que debería oscilar entre los 28 millones de euros de salida, correspondiente al 70% de la tasación de la infraestructura, y los 40 millones, su valor de tasación actual. Diez mil euros suena a chiste. Aunque pagaran 40 millones si el coste fue de 450 millones de euros ¿dónde están los 410 millones que hemos pagado con nuestros impuestos? No quiero ni pensar si el coste fue de 1.100 millones de euros.

Lo sensato es que los responsables fueran puestos a disposición judicial y que resarcieran a las arcas públicas lo malversado mediante la figura “responsabilidad patrimonial” recogida en el art. 145 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Común. Los culpables deben pagar con su patrimonio un proyecto inservible y oneroso.

Los beneficiarios están en el entorno del PSOE en la región junto a pseudoempresarios amigos así como algunos políticos del PP de la ciudad. El mismo consenso bipartidista que fue el criterio utilizado en la selección de personas. Se contrataron en calidad de directivos desde un exconcejal socialistas y un sobrino de José Bono hasta el marido de la alcaldesa, del PP, de Ciudad Real. Sueldos desproporcionados y millonarios para unos directivos que, en su mayoría, carecían de formación específica y de experiencia en el sector. Cuando dos partidos como el PP y el PSOE llegan a esos grados de “consenso” la democracia se tambalea.

Ese tándem PP-PSOE está tan sincronizado que cambiaron el artículo 135 de la Constitución sin el refrendo de los españoles. Ellos solos. Ningún otro partido político intervino en esta “reforma exprés” que muchas voces han tachado de fraude constitucional. Este cambio en la Carta Magna sirvió para justificar y amparar legalmente los recortes en sanidad, educación y en el sistema público de pensiones. Ha justificado las políticas de austeridad, recortes e involución social.

Cuando una empresa quiebra y se produce la liquidación lo primero que se paga son los salarios y después a los proveedores. El motivo es que los asalariados no deben pagar los riesgos que supone un negocio dado que no reciben compensación cuando aumentan los beneficios. El reformado art. 135 establece la prioridad absoluta para el pago de los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones sobre cualquier otra necesidad de gasto. El pueblo no es soberano, ahora son los mercados. El bipartidismo ha herido de muerte al estado del bienestar. No es posible construir un Estado social y democrático de derecho si la Constitución nos obliga a destinar los recursos públicos prioritariamente al pago de la deuda.

En Alternativa Socialista (AS) luchamos contra ese bipartidismo ignominioso y lo demuestran acciones como la de los compañeros de Mover Parla que esta semana se han personado como acusación popular en el caso denominado “Operación Púnica”. Consenso del bipartidismo para cobrar comisiones a cambio de contratos públicos. Beatriz Arceredillo, exalcaldesa y portavoz de Mover Parla y responsable de la Secretaría de Grandes Ciudades y Áreas Metropolitanas en Alternativa Socialista es una mujer de fuertes convicciones socialistas y de gran tesón. La trama de corrupción conocida como “Operación Púnica” está mayoritariamente relacionada con el Partido Popular, el mismo que, en estos momentos, gobierna en Parla y que pretende llevar a Pleno un reconocimiento extrajudicial de facturas pendientes relacionadas con el proceso que está en el juzgado.

Beatriz estima que se deben esclarecer todos los hechos antes del reconocimiento extrajudicial. Hay indicios sobre la participación de la empresa Cofely en la elaboración de los pliegos de condiciones, de las adjudicaciones a las que accedía. Podríamos estar ante un claro ejemplo de acto nulo de pleno derecho. En este caso tendría que tramitarse un procedimiento de revisión de oficio tal como recoge el art. 102 de la Ley 30/92, procedimiento en cuyo marco se ha de solicitar el dictamen del Consejo Consultivo.

Dentro de los pliegos de condiciones se incluye la contratación de una empresa que debe fiscalizar el trabajo que realiza Cofely, a propuesta de la propia empresa y que recibirá un 2% del contrato. El Pleno dio su aprobación a la empresa Ruta Energética. No hay constancia de ningún informe de dicha empresa. Beatriz considera que éste es otro argumento más para valorar si la deuda, que el PP quiere abonar, es legítima.

En Alternativa Socialista (AS) sabemos que los derechos no se conceden, se conquistan. Trabajamos para recuperar y defender los servicios públicos como prioridad. Unidos desde diferentes puntos de la geografía española con un propósito común: la igualdad y la justicia social.