Desde este 27 de Octubre , en que se ha decidido la drástica intervención del Gobierno en Cataluña, tras haber sido aprobada la ilegal declaración unilateral de independencia de la República catalana, España parece haber entrado en el túnel del tiempo: la Generalitat y las instituciones autonómicas intervenidas, el Govern cesado, los líderes sociales encarcelados, Mossos d'Esquadra controlados por la Guardia Civil, el parlament disuelto y los principales autoridades a punto de ser detenidas, si es que todavía no la han sido. La derecha se apresta a imponer su particular concepción del orden público en Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. Desde que el valido de Felipe IV, el conde duque de Olivares, tuvo que hacer frente a la rebelión del 7 de junio de 1640, nunca un presidente de Gobierno, Mariano Rajoy bajo Felipe VI, se había visto obligado a enfrentarse con una rebelión, la pacífica del 27 de octubre de 2017 en Cataluña.

En el pecado de su indolencia, casi una docena de años sin mover un dedo para encauzar la cuestión nacional catalana, lleva ahora mismo Rajoy la penitencia de la independencia catalana. Penitencia que, una vez más, cae sobre las espaldas de todos los españoles que no comprenden muy bien cómo se ha llegado a este choque de trenes anunciado. Que la persona encargada de dialogar ayer con la Generalitat, Soraya Saénz Santamaría, haya sido hoy la misma que coordinó la salvajada habida en Barcelona el 1 de octubre, que ha escandalizado a la Unión Europea, da una precisa idea de la concepción del diálogo que predomina en la Moncloa. Con un mínimo gesto de Rajoy, no estaríamos por desgracia donde nos encontramos hoy todos los ciudadanos del estado. La pregunta de las preguntas radica en saber qué ocurrió en la mañana del jueves 26, en que nos levantamos con la muy buena noticia de la convocatoria electoral de Carles Puigdemont para acostarnos con la mala noticia de la declaración unilateral de la independencia catalana.

Toda España vivió ese día pendiente de la Sexta, toda una lección de periodismo para el resto de las cadenas televisivas, en espera de un Godot que, como el de la obra de Samuel Becket, nunca llegó. Las versiones sobre la responsabilidad del incumplimiento de la mediación de Rajoy con Carles Puigdemont, de la que ha sido fedatario el lehendakari Urkullu, son tan diversas como contradictorias. Lo que sí parece evidente es que la comunicación telefónica entre los dos jefes de gabinete de la Moncloa y San Jaume, señores Ríos y Moragas, no dio paso a que ambos presidentes llegaran a hablar. Quien cortó este último hilo, cortó entonces la salida sensata al conflicto entre el Gobierno central y la Generalitat, abonando el camino tanto a la DUI como al 155. Tal vez, en la Moncloa interpretaron que la evidente rendición de Puigdemont, renunciando incluso al derecho a decidir, abría el camino de la humillación, imponiéndole las elecciones bajo el 155.

Ojalá fuese así, porque cabría una última rectificación, pero no lo es. Más bien da la sensación de que Rajoy, muy crecido con el apoyo del Rey de la derecha, bien sostenido con las muletas de Cs y PSOE, ha caído en la muy mala tentación de empezar a aplicar aquellas tesis involutivas de Aznar sobre la cuestión nacional, planteadas por Franquito, como le llaman cariñosamente en el PP, en marzo del año 2000 en una desaparecida revista teórica del Grupo Vocento. En resumen, la recentralización del Estado recuperando amplias competencias en sectores tan sensibles como la enseñanza, cultura, instituciones y medios de comunicación, que pasarán la factura a ayuntamientos, partidos, entidades cívicas y sociales. Retroceso democrático que nos llevará, salvo que Dios nos ayude, a la etapa preconstitucional de Carlos Arias Navarro a través de una interpretación laxa del 155, derrotada en la comisión constitucional de 1978, que fuera presentada por Manuel Fraga. Es como si el cambio de horario previsto para este fin de semana, atrasando los relojes una hora, se combinara con un cambio de horario político, atrasando los relojes cuarenta años.

Ahora le toca a Rajoy pasar de las palabras del 155 a los hechos del 155. ¿Cómo va a aplicarlo si, según una reciente encuesta de El Periódico, más de un 66% de los catalanes lo rechaza y de éstos, más de un 43% son electores del PP, PSOE y Ciudadanos? Todavía es muy pronto para que cuaje la propuesta lanzada por el prestigioso historiador Borja de Riquer i Permanyer, consistente en resucitar hoy la coalición Solidaritat Catalana del año 1907, como una respuesta democrática catalana a la imposición del 155. Pero las fuerzas interventoras le darán un muy importante empujón al crear todas las condiciones para que todas las fuerzas que defienden el derecho a decidir coincidan en una alternativa común basada en la celebración de un referéndum con garantías y vinculante, en la liberación de todos los detenidos y el sobreseimiento de las causas políticas junto con la supresión de las sanciones y multas. No le va a ser nada fácil al poder central embridar una sociedad como la catalana, salvo, claro está, que se retroceda también de la actual preconstitucionalidad a la dictadura.

Pese a que Rajoy actúa con inteligencia, intentando cuanto antes dotarse de un gobierno autonómico coordinado con las fuerzas de intervención, es bastante difícil que las urnas del 21 de diciembre puedan resolverle los graves problemas del 155. Con líderes detenidos, procesados por rebelión y sedición, por lo tanto inhabilitados, ésta apariencia democrática con la que hoy la Moncloa trata de arroparse caería por su propia irrelevancia. Celebrar elecciones convocadas por el gobierno de Madrid y con los dirigentes soberanistas encarcelados, no es de recibo en la Unión Europea. No es con un gobierno Quisling o Petain, como va a encauzarse el conflicto histórico de Cataluña con España. Sin la recuperación de las instituciones catalanas hoy intervenidas, sin un pacto de las fuerzas políticas catalanas, las urnas del 155 recordarían a las que colocaba la dictadura franquista tras poner fuera de la ley a los partidos democráticos. Tratar de desarrollar las tareas recentralizadoras mediante un gobierno ad hoc es una medida tan perversa como inútil. Ulsterizar Cataluña es la peor política para España y la democracia.

La onda expansiva de la aplicación del 155 en Cataluña va a extenderse, con toda seguridad , al resto de todos los pueblos que componen España. El bipartidismo dinástico, ya muy deteriorado por la cuestión social, que previsiblemente va a agudizarse tras la anunciada reducción a la mitad de la compra alemana de deuda española, carece de capacidad para abordar la cuestión territorial. La manifiesta incompetencia del PP y del PSOE, sumada a la de los actuales representantes de instituciones estatales, aproxima el escenario político de la actual monarquía de los Borbones al existente durante los años finales de los monarcas Alfonso XIII en 1931, Isabel II en 1868 y Fernando VII en 1808, que pronto desembocaron en las Constituciones de 1931, 1869 y 1812. Si aquel decreto de Nueva Planta, impuesto por la razón armada a Cataluña, consolidó la Corona de Felipe V, no es hoy nada seguro, sino todo lo contrario, que la imposición del 155 a los catalanes vaya hoy a ayudar a consolidar la Corona de Felipe VI.