No sabemos de ningún soldado ruso en la Moncloa, ni tampoco de topo alguno que horade sus jardines, pero a juzgar por lo que se lee en los medios de la oposición sí parece que ha llegado a los despachos la dezinfortamasia, de Leónidas Breznev, de la mano de Iván Redondo. O sea, por muy demencial que suene, esa comisión burocrática contra las informaciones falsas en Rusia, de ahí el vocablo ruso con el que es denominada , que según los críticos puede haber resucitado a través de una orden ministerial que regula el Procedimiento de actuación contra la desinformación, publicada el pasado jueves en el Boletín Oficial del Estado, sin que previamente hayan sido consultados ni los mismos periodistas o las asociaciones que los representan, como comentaba ayer desde la Ser Iñaki Gabilondo.

Conviene de entrada separar esta crítica política tan disparatada, que olvida que la medida se inscribe en la estrategia unida de la Uníon Europea contra las injerencias desinformativas de todas las grandes potencias, de las otras críticas profesionales más preocupadas porque se pueda sentar un serio precedente que en el futuro sirva de pretexto político para recortar la libertad de expresión. No es una amenaza de hoy, como bien recuerda la nota de la U.E., sino de un mañana cada vez más preñado del riesgo de involución. Conviene separarlas muy bien porque sino sería imposible debatir sobre la comisión citada, dado que cualquier comentario crítico sería sospechoso, que es lo buscan los que quieren impedir, tergiversar o falsear el debate progresista.

La controversia va mucho más allá de la Brunete Mediática puesto que la citada comisión suscita inquietud en muchos profesionales, medios de comunicación y no poca preocupación en algunos políticos socialistas. Es sabido que de buenas intenciones está bien empedrado el camino del infierno, mucho más cuando el citado texto es ambiguo a la vez que solo concreta el organigrama encargado de aplicarlo. Cuando hasta la ministra de Defensa, señora Robles, se ve obligada ayer en Antena 3 a aclarar lo obvio– el gobierno no debe velar por lo que dicen los medios–, es que la obviedad no es tal. Tanto que aclaraba, como un buen aviso a navegantes, que lo manifestaba desde la más absoluta institucionalidad.

Alguien ha debido colar un gol en la portería de Iván Redondo o, de no ser así, su subconsciente le ha jugado una muy mala pasada. Tras diseñar la estrategia electoral xenófoba de Albiol en Badalona, o el embuste canario de Monago, parece que ahora se le han cruzado los cables. Solo así se entiende que retome un proyecto informativo de Rajoy que ayer el PSOE denunció como un mecanismo de censura. Ni a Rubalcaba, cuando el duro acoso y derribo de González, ni a Barroso, cuando la inmundicia de la matanza de Atocha, se les ocurrió echar mano de una comisión de la verdad. El retroceso es brutal. Se pasa de matar a besos a Pedro Jota, tesis de Zapatero, a empapelarle. Aunque, tal vez, se explique en el hecho de que Redondo es un técnico coherente, al fin y al cabo no es socialista; el incoherente en todo caso es Sánchez, que sí lo es.

Además, la instrumentalización de la pandemia contra Sánchez por parte del Partido Popular, a rebufo de Vox, no es comparable con la que en su día Aznar hizo contra González a costa del GAL, y mucho menos con la de Rajoy cuando atacaba la negociación de Zapatero con ETA. A nadie, en aquel tenso momento, se le pasó por la cabeza crear una comisión de la verdad. Otro despropósito total es utilizar el avance de Vox imputándoselo a los medios de comunicación, y de ahí en un puro ejercicio demencial pasar a controlar a los periodistas. Ahora como entonces, no hay más respuesta que la política, que ha sido la que ha vencido al PP tanto en aquella década de los noventa como en los primeros años del siglo XXI. Sin olvidar que durante esta loca primavera derrotó la desinformación de Pablo Casado sin necesidad de vigilar a los periodistas.

Mejor nos iría si Iván Redondo centrara su trabajo informativo en abordar una RTVE manifiestamente mejorable como expresan y desean numerosos profesionales progresistas. Sin ir más lejos, el periodista Juan Tortosa, en dos recientes y rotundos artículos en Público, sobre la crisis de TVE, recordaba que llevamos más de dos años largos sin que se ponga en marcha un Consejo de Administración permanentemente aplazado. Bien está que hoy el Director de Gabinete del Presidente se preocupe por la información de los medios privados; mejor estaría que lo hiciera por los medios públicos, carentes de liquidez por la ausencia de ingresos publicitarios regalados a la competencia. Para combatir la desinformación no hay más antídoto que la calidad informativa.

Ahora, que se cumple el primer aniversario de la victoria electoral de Pedro Sánchez, es la fecha más indicada para la matización, rectificación o, mejor aún, anulación de la dezinfortmasia de Iván Redondo. Si nada de esto se produce, sería muy oportuno que al menos se definiera qué se entiende por desinformación, y se aclarase que el objetivo político se limita a una estrategia centrada en las grandes potencias, quizás así podría desaparecer la sospecha generalizada con la que ha sido acogida. Justo cuando el gobierno progresista se enfrenta a una seria amenaza de involución no cabe ni el más mínimo coqueteo con propuestas que puedan ser percibidas como potencialmente lesivas para la libertad de expresión. Un periodista al frente de la comunicación de Moncloa nunca habría cometido ese error tan redondo.