Estamos siendo testigos de la pasividad con la que actúan las autoridades competentes ante el ataque que sufren las clínicas donde se practican abortos. Parece que responsables políticos de la Comunidad de Madrid han decidido recibir a fin de mes a los representantes de estas clínicas, que están dando la cara allí donde la sanidad pública no llega, o no quiere llegar. Esperemos que esta vez no se escuden, de nuevo, en el argumento de que es un tema judicial y que ellos no tienen nada que hacer. Recuerdo que fue doña Esperanza Aguirre la que con motivo del interrogatorio al que fueron sometidos dos miembros de su partido por un intento de agresión al entonces ministro Bono, del que salieron absueltos, a pesar de las flagrantes imágenes de vídeo (que no fueron admitidas como prueba, enhorabuena a los premiados), se refirió a aquellos policías como miembros de la Gestapo. Habían osado interrogar a dos de los suyos. No la he visto reaccionar del mismo modo ahora, cuando se han presentado en casa de madres que bañaban a sus hijos, para comunicarles que debían prestar declaración por una intervención de aborto del pasado, en un vergonzoso acto intimidatorio de culpabilización. Estos gestos autoritarios siembran la alarma social más que la voluntaria interrupción del embarazo, y nos demuestran que la libertad no es un bien eterno; son muchos sus enemigos. El derecho a decidir de las mujeres no fue un regalo de la democracia, sino una consecuencia de la lucha de la ciudadanía. El conformismo, la resignación y la demagogia del “todos son iguales” termina de un plumazo con derechos que parecen consustanciales al sistema y son del todo reversibles. Los francotiradores siguen apostados, con sus miras ajustadas, en su puesto.