Vicenç Navarro

Catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas. Universidad Pompeu Fabra

No hay plena conciencia a nivel popular en Catalunya y en el resto de España de que uno de los mayores problemas que tiene la democracia en nuestro país es la escasísima diversidad ideológica que existe en los mayores medios de información, especialmente aguda en los medios televisivos, tanto públicos como privados. He vivido a lo largo de mi largo exilio en Suecia, Inglaterra, Escocia y EEUU, y en ninguno de ellos esta escasísima diversidad es tan acentuada como en España, incluyendo Catalunya. En realidad, ninguno de los mayores medios televisivos, radiofónicos o rotativos (impreso en papel) es de izquierdas en Catalunya o en el resto de España. Como resultado del enorme desequilibrio de fuerzas que existió durante la Transición de la dictadura a la democracia, a favor de las fuerzas conservadoras (en realidad ultraconservadoras) sobre los aparatos del Estado y medios de comunicación, el espectro mediático del país ha estado siempre sesgado de una manera muy acentuada hacia las derechas (que incluyen las fuerzas políticas y movimientos sociales de sensibilidad conservadora y liberal -en realidad, neoliberal-). Lo que se considera izquierda en el panorama mediático en España, incluyendo Catalunya (por ejemplo, El País), es en realidad centroderecha. Vean sus páginas económicas, por ejemplo, y lo verán. Y viajen por la Europa Occidental y por Norteamérica, y lo podrán comprobar. Incluso en gran parte de los países de Latinoamérica, donde la gran mayoría de medios están controlados por la derecha y la ultraderecha, hay más medios de centroizquierda e izquierda que en Catalunya y en el resto de España.

Ni que decir tiene que hay un número muy limitado de articulistas de centroizquierda e izquierda en algunos de los mayores medios. Pero, salvo estas contadísimas excepciones, lo demás es un desierto para aquellos que no compartimos tales sensibilidades conservadoras y neoliberales. Esta es la realidad (obvia para los que conocen la situación mediática en otros países), raramente criticada o denunciada, pues la crítica y denuncia de los medios por su insensibilidad democrática tiene un coste elevado para los que ejercen tal denuncia: el de ser vetados, censurados y excluidos de dichos medios. Y lo que encuentro decepcionante y sorprendente es la enorme pasividad de las izquierdas hacia esta situación, que bien puede definirse como dictadura mediática. En realidad, uno de los mayores problemas que tiene la democracia española incluyendo la catalana, -la falta de libertad de expresión, con pluralidad ideológica de sus medios de información - parece no ser percibido como problema por los mayores partidos de izquierda y sindicatos en este país. Una mayor concienciación por parte de estos partidos y sindicatos del enorme daño que tal falta de libertad de expresión causa a la población debería, sin embargo, generar protestas hacia esta dictadura mediática, no solo contra los propietarios y directores de tales medios, sino también contra gran parte de sus profesionales que hoy cumplen dócil y servilmente una función reproductora del sistema de poder.

¿Qué pasa hoy en Catalunya?

Existe hoy en Catalunya un enorme debate en el que, paradójicamente, los profesionales de los principales medios de información públicos de Catalunya, TV3 y Catalunya Ràdio, están protestando sobre las medidas que la Junta Electoral ha tomado, forzando a TV3 a dar espacio a las opciones no independentistas para equilibrar la gran visibilidad que dieron a la marcha pro independentista del 11 de septiembre. Este mandato de la Junta Electoral es presentado por estos profesionales y por el portavoz de tales medios, así como por la mayoría de las fuerzas independentistas, como un ataque a la “libertad de expresión”, libertad de expresión que, por cierto, ha brillado por su ausencia en estos medios, abusivamente controlada por el gobierno independentista del Sr. Mas.

Es fácil de demostrar que estos medios públicos de la Generalitat, TV3 y Catalunya Ràdio (tanto en sus informativos como en sus programas), promueven la ideología de ese partido gobernante, tanto en el tema independentista (manipulación denunciada por los partidos no independentistas) como en el tema económico, propagando la ideología neoliberal (lo que, sorprendentemente, no ha sido denunciada por las izquierdas). El único programa sobre temas económicos en TV3 (que se llama “Classe d’Economia”) lo lleva el ultraliberal Sala i Martín, el economista preferido del Presidente Mas, definido como “el economista de la casa” por TV3. Este señor (que ha manifestado que en EEUU apoya al Partido Libertario, un grupúsculo ultraderechista que está incluso más a la derecha que el Tea Party) está a favor de la privatización de las pensiones, tal como impuso el General Pinochet en Chile. Es sorprendente que las izquierdas catalanas –incluyendo la CUP- no hayan denunciado este abuso tan flagrante de los medios públicos a favor del neoliberalismo, cuya aplicación –por parte del gobierno del partido liberal CDC (apoyado por ERC)- ha causado tanto daño a las clases populares catalanas (ver mi artículo “Catalunya és una sociedad cohesionada?”, diario ARA, 21.09.15).

TV3 y Catalunya Ràdio dedicaron todos los días que precedieron a la marcha a promoverla. Y el día 11 de septiembre le dedicaron todo el día, especialmente a partir de las 3 y media de la tarde. No tengo ninguna objeción en cuanto a que presentaran un evento de gran interés mediático, como lo fue la manifestación del 11 de septiembre. Todo lo contrario, era su deber mostrarla. Ahora bien, lo que es denunciable es el sesgo de su cobertura, pues los informadores claramente se identificaron con el mensaje pro independencia de la marcha. Decir, como dijo el portavoz de TV3, que ellos se limitaban a presentar aquel evento, es tan falso como cuando el Consejero de Sanidad, Boi Ruiz, niega que privatiza la sanidad pública catalana. Era obvio que estaban promoviendo el independentismo. Es de un enorme cinismo presentarlo como un mero reportaje neutral.

Quiero subrayar que saludo al movimiento independentista, por el elemento de protesta hacia el Estado Central español que representa. Y lo he defendido públicamente en el resto de España. Pero siempre he criticado su liderazgo, claramente de derechas, próximo al partido liberal gobernante (apoyado por ERC, que en teoría debería haber sido el líder de la oposición y fue en realidad su hermano menor). Era obvio que la manifestación del 11 de septiembre era un acto electoral de los partidos independentistas. En realidad, el gobierno Mas había elegido tal fecha como inicio de la campaña electoral.

Es, pues, lógico y democrático que la Junta Electoral forzara, por mera coherencia democrática, a que los medios públicos dieran el mismo peso y en la misma forma a las opciones no independentistas. Lo que era previsible y muy preocupante es que la Junta Electoral Provincial de Barcelona no viera nada criticable. Y lo que es incluso más preocupante es que el Colegio de Periodistas también protestara por la decisión de la Junta Electoral Central, apoyando a los profesionales de tales medios. Este colegio, que ha mantenido un silencio ensordecedor sobre la falta de diversidad ideológica en Catalunya, incluyendo en los medios públicos, ahora se presenta como el gran defensor de la libertad de prensa, confundiendo los intereses corporativistas de la televisión pública con los intereses del país, ignorando además el compromiso que dicho colegio debería haber tenido en defender la libertad de expresión, compromiso que ha brillado por su ausencia en Catalunya.

Algunas voces, incluso de izquierdas, han justificado tal comportamiento de TV3 indicando que los medios televisivos españoles como TV1 también están controlados por el gobierno Rajoy, con un resultado idéntico a lo que ocurre en TV3, aunque en signo contrario. En esta argumentación ya se acepta que los medios públicos sean meros instrumentos del poder político. Pero esta aceptación penaliza a todos aquellos que no tienen acceso a ellos. La Junta Electoral debe también ser criticada y denunciada por su silencio en la instrumentalización de la televisión española por el PP. Y que lo haga ahora en Catalunya y no lo haya hecho en Castilla, es también denunciable. Pero, no hacer nada en Catalunya, porque el gobierno PP hace lo mismo en España sin que la Junta Electoral intervenga, es aceptar el daño a la mayoría de la población catalana, maltratada por los medios catalanes como TV3, que anteponen la causa del independentismo al principio democrático de presentar todas las opciones y sensibilidades políticas existentes en el país que creo deberían siempre mostrarse. El mayor perjudicado por el comportamiento sectario de TV3 y Catalunya Ràdio es el pueblo catalán.

El sesgo de los medios privados

El Sindic de Greuges (Defensor del Pueblo en Catalunya) ha denunciado la falta de diversidad que existe también en los medios privados de información, denuncia que ha causado una enorme movilización por parte de pensadores liberales (que dominan los medios públicos y privados), indicando que al ser estos medios privados pueden hacer lo que quieran. En este argumento, la libertad de expresión es la libertad de los que poseen los medios. Bajo este argumento, un fabricante de coches puede hacer lo que quiera en la producción de automóviles, aunque el coche contamine tanto como el fabricante quiera hacerlo.

Este argumento, que se oye constantemente por parte de propietarios y periodistas de los medios privados, es frívolo en extremo, puesto que tales medios utilizan para su función un medio público (las ondas de conducción de imagen y sonido, que en ningún país son bienes privados), lo cual justifica que las autoridades públicas tengan la autoridad para regularlos. Es más, las autoridades públicas tienen la responsabilidad de velar por la protección de los derechos democráticos que son violados y no respetados cuando los medios no respetan la veracidad y pluralidad en su información. De ahí que sea la autoridad pública (en nombre de la ciudadanía) la que da las licencias a los medios, autorizando su existencia. Es obligación de dichas autoridades (responsabilidad no ejercida por las autoridades públicas de este país) garantizar tales atributivos en los medios (como la veracidad y la diversidad), unos atributos que hoy no se están respetando.

En realidad, la complicidad de estas autoridades públicas con los medios privados (complicidad que alcanza niveles intolerables cuando tales medios reciben subvenciones por parte de dichas autoridades) es parte de la enorme corrupción de las autoridades públicas. Es criticable que la comisión de investigación sobre la corrupción y sobre el caso Pujol, establecida por el Parlament de Catalunya, no investigara el enorme silencio ensordecedor de los medios sobre este tipo de corrupción. Es obvio que tal silencio es resultado, en parte, de la subvenciones públicas que los medios reciben. Y todo ello bajo el título de libertad de expresión. El que hoy no esté indignado en Catalunya y en el resto de España, no sabe qué está ocurriendo en su entorno.