CARMEN MAGALLÓN

Directora de la Fundación Seminario de Investigación para la Paz

Este mes se cumplen diez años de la aprobación por el Consejo de Seguridad de la ONU de la resolución 1325 sobre Mujeres, paz y seguridad, que pone un énfasis especial en incluir a las mujeres en los procesos de paz, además de urgir a protegerlas frente a las agresiones sexuales. La 1325 fue acogida con entusiasmo por la coalición de organizaciones internacionales que la impulsaron, testigo de cómo el trabajo de años de mujeres organizadas para lograr el desarme y la paz en sus países era relegado y excluido de la mesa de negociaciones.

La idea de que son los contendientes quienes han de negociar la paz y que la presencia o ausencia de mujeres no es relevante olvida que ellas resultan afectadas por los conflictos armados de un modo específico, diferente al modo en que lo son los hombres. Tampoco tiene en cuenta la relevancia de que el conjunto social se involucre en tres importantes tareas: el desarme y reinserción de los combatientes, la reconstrucción del país y la reconciliación. La construcción de la paz pertenece a las comunidades, no sólo a los líderes. Es por el carácter multidimensional de las negociaciones de paz

–que abordan la reconstrucción de la convivencia, la reestructuración del poder, los derechos humanos, refugiados…– por el que la participación de la sociedad civil en ellas, y en particular de las mujeres, es fundamental.

Por eso la 1325, que llama a escuchar las voces de las mujeres en vez de reducirlas a meras víctimas, es importante. En estos años, muchas personas y organizaciones han trabajado para extender esta resolución. Algunos países tienen planes de acción para apoyarla, entre ellos España, que ha incorporado sus demandas en la política de Cooperación. Peace Women (www.peacewomen.org), gran número de redes transnacionales y aquí organizaciones como Mujeres en zonas de conflicto, CEIPAZ, el ICIP, el SIP y otras, están impulsando su aplicación.

La 1325 está siendo utilizada también como herramienta para la igualdad, pero sus objetivos específicos siguen sin alcanzarse. Según la Escuela de Cultura de Paz, en 33 negociaciones con grupos armados de 20 países sólo el 4% de los negociadores eran mujeres (Villellas, 2010). Diez años más tarde, a la hora de evaluar cabe preguntar: ¿qué incidencia ha tenido la 1325 en las vidas de las mujeres que sufren un conflicto armado? ¿Se escuchan sus propuestas o seguimos viéndolas sólo como víctimas?