NÚRIA BOSCH

El gasto social que comporta el Estado del bienestar está muy descentralizado en España. Las comunidades autónomas dedican alrededor del 70% de su gasto a Educación, Sanidad y protección y promoción social (en el caso de las comunidades autónomas, esta categoría de gasto comprende básicamente servicios sociales y vivienda). En cambio, sólo el 50% del gasto del Gobierno central tiene carácter social, y está constituido primordialmente por el pago de pensiones. La porción de gasto que las comunidades autónomas destinan a fines sociales es mayor que la de los Länder alemanes o la de los cantones suizos y parecida a la de las provincias canadienses. Por su parte, un 25% del gasto de

las corporaciones locales es de

carácter social.

Ante esta situación, un aspecto importante a destacar es que se observan notables diferencias en los niveles de gasto social entre las comunidades autónomas. Según datos de 2005, la comunidad con un mayor gasto social per cápita es Navarra, que se sitúa un 37% por encima de la media. La posición opuesta es ocupada por la Comunidad Valenciana, al situarse ocho puntos porcentuales por debajo de la media.

Además de Navarra, las comunidades que disfrutan de un nivel de gasto social per cápita por encima de la media son: País Vasco (15% por encima de la media), Extremadura (13%), La Rioja (11%), Castilla-La Mancha (10%), Castilla-León (9%), Cantabria (7%), Asturias (5%), Galicia (4%), Aragón (4%) y Canarias (3%). En cambio, están por debajo de la media, además de la Comunidad Valenciana, las siguientes comunidades: Catalunya (un 2% por debajo de la media), Andalucía (5%), Murcia (6%), Baleares (6%) y Madrid (7%).

Es obvio que el principio de autonomía comporta que cada comunidad lleve a cabo las políticas públicas y preste los niveles de servicios que considere oportunos y que estén de acuerdo con la demanda de servicios de sus ciudadanos. No obstante, las diferencias en los niveles de gasto público entre las comunidades autónomas pueden ser debidas a causas distintas a las derivadas de diferencias en la demanda ciudadana de servicios públicos. En este sentido, se constata una alta correlación entre el gasto social per cápita de cada comunidad autónoma y el nivel de recursos per cápita que les proporciona el sistema de financiación.

Por tanto, parece que las diferencias observadas en el nivel de gasto social entre las comunidades es más bien respuesta de los problemas que presenta el actual sistema de financiación autonómica. Por un lado, las comunidades forales, que gozan de un sistema de financiación mucho más bondadoso en recursos que las de régimen común, se sitúan en los primeros lugares en los niveles de gasto social. Por otro lado, entre las comunidades de régimen común hay una gran correspondencia entre su nivel de gasto social y el nivel de recursos de que disfrutan.

Por ello, una vez más la reforma del sistema de financiación de régimen común aparece como un asunto necesario y urgente.

De ella depende gran parte del buen funcionamiento, nivel y calidad del Estado de bienestar

de nuestro país.

Núria Bosch es Catedrática de Hacienda Pública