Desde hace décadas, hemos asistido a un continuo aumento de la desigualdad, proceso que se ha intensificado desde el estallido de la pandemia, hasta alcanzar cotas históricas, nunca vistas en la historia reciente del capitalismo.

Desigualdad entre los ricos y las clases populares, entre el trabajo y el capital, entre los asalariados y las elites empresariales, entre las grandes corporaciones y las pequeñas y medianas empresas, entre los que pueden pagarse tratamientos médicos privados y los que tan sólo cuentan con una medicina pública maltratada y descapitalizada, entre los que tienen viviendas amplias y confortables y los que malviven en casas minúsculas o carecen de techo, entre los niños y las niñas que cuentan con recursos para seguir su educación y l@s que carecen de ellos, entre l@s trabajador@s dependiendo de su nivel de cualificación, entre los hombres y las mujeres, sobre cuyas espaldas recae la mayor parte del trabajo de cuidados.

Dando un repaso a los editoriales de los principales medios de comunicación, las declaraciones de políticos, los pronunciamientos de patronales y sindicatos, los informes de las instituciones y los trabajos de los economistas, parecería que existe un amplio consenso sobre la magnitud de la desigualdad, la necesidad y la urgencia de reducirla y colocar este objetivo como uno de los ejes de la política económica. No sólo porque es una situación inaceptable e insoportable, sino por las consecuencias negativas que tiene sobre la economía, la sociedad y el funcionamiento de las instituciones.

Si existe ese consenso, ¿por qué es tan difícil reducirla? ¿por qué sigue aumentando? ¿por qué, en definitiva, seguimos enredados en esta trampa?

La contestación en mi opinión es muy clara: el capitalismo realmente existente, su estructura y funcionamiento, es el responsable del aumento y enquistamiento de la desigualdad. La genera y la necesita. No es sólo la pandemia, ni un crecimiento débil, ni el rezago tecnológico, ni el resultado de un funcionamiento ineficiente de los mercados. La causa de fondo reside en el capitalismo oligárquico y confiscador y en los intereses que se articulan en torno al mismo.

Una dinámica capitalista que se ha sostenido y todavía se sostiene en la presión sistemática sobre los salarios y en la desregulación de las relaciones laborales, en la ocupación de las instituciones por unas elites económicas que determinan cada vez más su hoja de ruta, en la implementación de una agenda estructural que ha beneficiado a la industria financiera y a las grandes corporaciones, en la impugnación de las políticas públicas redistributivas con la intención de someterlas a los designios de los mercados, y en la degradación de los ecosistemas fruto de las prácticas extractivistas al servicio de un crecimiento económico que, erróneamente, se supone ilimitado.

Estas son algunos de los rasgos esenciales que han marcado la historia del capitalismo durante las últimas décadas y también la del tan celebrado proyecto europeo.

Y la situación desde que estalló la pandemia ha empeorado de manera considerable. La pobreza y la precariedad se han extendido, al tiempo que los ricos son mucho más ricos… ¡cuanta demagogia contiene la afirmación de que el virus es democrático! Y, con toda seguridad, cuando se retiren o se reduzcan sustancialmente los apoyos públicos con el argumento de que la fase de emergencia ha pasado y vuelvan a aplicarse las políticas de rigor presupuestario (que, no me cansaré de decir, nunca han sido de rigor para los privilegiados), el panorama en materia de equidad empeorará todavía más.

Como, desgraciadamente, era previsible, las políticas aplicadas en tiempos de pandemia poco o nada tienen que ver con el diagnóstico que antes presentaba de manera resumida. De hecho, han contribuido a agravar el problema de la desigualdad. Un ejemplo al respecto se encuentra en la estrategia seguida por el Banco Central Europeo, consistente en regalar cantidades ingentes de dinero a grandes bancos y corporaciones -algunos de las cuales, por cierto, se encuentran cómodamente instalados en el negocio de la quema de combustibles-, dinero con el que han realizado jugosos negocios (como la recompra de las propias acciones con el objeto de aumentar su valor en bolsa).

Otro ejemplo destacado está en los fondos comunitarios, teóricamente destinados a reactivar y, muy especialmente, a reestructurar las economías más afectadas por la covid-19 y la crisis. Estos fondos, a los que, ingenua o interesadamente, se ha calificado como “lluvia de millones”, ya están siendo capturados por las grandes empresas, en torno a proyectos que, con la etiqueta “verde y digital”, en realidad servirán para la reestructuración de los capitales y para abrirles nuevas y rentables parcelas de negocio, eso sí con el respaldo logístico y financiero del sector público.

La lógica productivista, la competitividad como motor de la economía, la confianza ciega e ilimitada en las nuevas tecnologías para resolver los problemas asociados al crecimiento, la centralidad otorgada a las grandes corporaciones, el papel clave y creciente de la deuda en el engranaje económico, la ausencia de una condicionalidad fuerte exigida a las empresas, a la hora de recibir ayudas públicas, en materia productiva, laboral, fiscal, social y de género, la tibieza a la hora de abordar la progresividad tributaria y la casi nula ambición en lo que concierne al fortalecimiento y expansión del sector social y productivo público. Bajo estas premisas, las proclamas a favor de la igualdad son simplemente papel mojado, un brindis al sol; no sólo eso, recorrer ese camino acentúa las desigualdades.

En estas coordenadas están instalados nuestro gobierno y las instituciones comunitarias. La inmensa tarea de reducir la desigualdad exige comprometerse con una política diferente, que necesariamente tiene que apuntar, como antes señalaba, al corazón mismo de la dinámica capitalista.

Fernando Luengo es economista. @fluengoe