Opinión
Discapacidad, una asignatura pendiente
Por Odalys Padrón
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El diamante es el mineral más duro, entendiendo por dureza la resistencia a ser rayado por otro. Su dureza es de 10 en la escala de Mohs, aunque varía según la cara, la dirección y la procedencia del cristal. A lo largo de la historia hay ejemplos de personas cuyas adversidades las han hecho más fuertes, sobreponiéndose a dificultades o tragedias. Nietzsche decía “lo que no te mata, te fortalece”. Ese es el caso de las personas que conviven, día a día, con algún tipo de incapacidad; personas de gran fortaleza vital.
Las palabras tienen intrínsecamente un gran poder dado que se pueden conseguir efectos positivos o negativos, de pendiendo de nuestra intencionalidad, cuando nos comunicamos. Esto ha inducido un debate abierto sobre la forma de denominar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad con el propósito de erradicar connotaciones negativas e incluso discriminatorias. En enero de 2005 el Foro de Vida Independiente propuso el término “diversidad funcional” entendiendo como “funcional” lo relativo a las funciones de los órganos o partes del cuerpo. Otros foros prefieren usar el término discapacitado que la Real Academia Española define como persona que tiene impedida o entorpecida algunas de las actividades cotidianas consideradas normales, por alteración de sus funciones intelectuales o físicas. A este respecto, en España, se sustituyeron los términos minusválido y persona con minusvalía, que la Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió abandonar en 2001 por su connotación peyorativa, por “persona con discapacidad” que es de uso obligado en los textos normativos desde el 1 de enero de 2007, según recoge la disposición adicional octava de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.
No debe confundirse la dureza con la fragilidad. El diamante, a pesar de su dureza, es frágil y puede romperse al recibir un golpe. En el caso de las personas con discapacidad esto es conocido y compensado por el núcleo familiar o las personas más próximas. Las personas con discapacidad, según el Instituto Nacional de Estadística, conforman el 9% de la población de España, lo que supone alrededor de 4 millones de personas y cada día va en aumento porque nadie está exento de sufrir un accidente de tráfico o los efectos de la vejez ya que la vida produce, de manera inexorable, un debilitamiento de las funciones básicas.
La Constitución Española recoge en su artículo 49 que los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieren y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que el Titulo I, de los derechos y deberes fundamentales, otorga a todos los ciudadanos. Como ya hemos expresado, en relación a otros artículos de la Constitución, el papel lo aguanta todo. Estos cuatro años del Partido Popular han supuesto un retroceso. No sólo no se ha avanzado, sino que ha habido una pérdida de prestaciones, de derechos y de soluciones a este respecto.
Esto se refleja en los Presupuestos Generales del Estado que colocan a España en el país de la Unión Europea que menos ayuda a la familia. Se mantiene congelada la prestación para hijos menores de 18 años con un grado de discapacidad igual o superior al 33% y la subida ha sido insignificante, un 0,27%, para las familias con hijos discapacitados mayores de 18 años. Concretando, la asignación económica establecida para los casos en que el hijo sea menor de 18 años o menor acogido a cargo con un grado de discapacidad igual o superior al 33% se mantiene congelada en 1.000 euros al año, 83,33 €/mes. En los casos en los que el hijo a cargo sea mayor de 18 años y esté afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 65% la cuantía subirá un insignificante 0,27%, 12 euros, hasta los 4.402,80 euros anuales, 366,90 €/mes. En los casos en los que el hijo a cargo sea mayor de 18 años y esté afectado por una discapacidad en un grado igual o superior al 75% la cuantía será de 6.652,80 euros anuales, 550,40 €/mes, siempre y cuando se tenga la necesidad de una tercera persona.
El Partido Popular ha incumplido su promesa electoral, como tantas otras, de ayudas a las familias con hijos discapacitados. Y siguiendo la misma tónica de burla, hacia los votantes, su vicesecretario sectorial, Javier Maroto, recientemente ha dicho que la discapacidad es una prioridad para el Partido Popular mientras su ex ministro, José Ignacio Wert, olvidaba a los discapacitados en la Ley de Educación no apostando por la educación inclusiva lo que va en contra de las normas más importantes y de alcance internacional de derechos humanos, como la Convención de la ONU sobre Discapacidad. Los alumnos con discapacidad siguen estando segregados y faltos de apoyo, siendo excluidos de los centros aquellos con necesidades educativas especiales.
Y ante esta insensibilidad e incapacidad política son los ciudadanos, a través de las redes sociales, los que consiguieron que Cristian González, un joven con atrofia muscular espinal que le obliga a desplazarse en silla de ruedas, pudiera conseguir el traslado a una estación adaptada para acudir a la Universidad, dos escalones y la falta de una rampa en una estación de RENFE se lo impedían. Más de 330.000 firmas han logrado que este joven con una nota media de 9,4 en el bachillerato y una puntuación de 13 sobre 14 en la prueba de selectividad pueda asistir a las clases de Ingeniería Multimedia.
Hablando de accesibilidad es interesante ver cómo este concepto ha ido evolucionando a lo largo de los años. En un primer momento, sólo se hacía referencia a las mejoras en los entornos físicos, es decir, a la eliminación de cualquier barrera arquitectónica. En la actualidad se entiende por accesibilidad un amplio conjunto de elementos de diversa índole que han conformado lo que se conoce como accesibilidad universal o integral tal como recoge el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social que comprende tanto el acceso a la vivienda como la movilidad en su entorno, la posibilidad de acceder a cualquier instalación de uso público, a cualquier puesto de trabajo y la disponibilidad de cualquier tipo de información o comunicación, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones. Como ya dijimos, el papel lo aguanta todo. Muchos estarán, en estos momentos, recordando instalaciones públicas carentes de accesibilidad que incumplen de manera flagrante la ley sin ninguna consecuencia, excepto el perjuicio para los contribuyentes que pagaremos por tener políticos mediocres y desalmados gobernando. Este es el caso de la Sanidad Canaria donde tras años e ingentes cantidades de dinero rehabilitan un Centro de Atención Especializada que no cuenta con rampa de acceso en la puerta principal, los paneles luminosos para los turnos no tienen adaptaciones de voz, los baños adaptados son casi inexistentes y las personas sordas siguen sin posibilidades de comunicación porque no hay intérpretes de lengua de signos o adaptaciones que lo hagan posible.
Es vergonzoso que la Administración no cumpla con la ley en materia de accesibilidad mientras expone en el texto introductorio: “el anhelo de una vida plena y la necesidad de realización personal mueven a todas las personas, pero esas aspiraciones no pueden ser satisfechas si se hallan restringidos o ignorados los derechos a la libertad, la igualdad y la dignidad. Este es el caso en que se encuentran aún hoy mujeres y hombres con discapacidad, quienes, a pesar de los innegables progresos sociales alcanzados, ven limitados esos derechos en el acceso o uso de entornos, procesos o servicios que o bien no han sido concebidos teniendo en cuenta sus necesidades específicas o bien se revelan expresamente restrictivos a su participación en ellos”.
Una parte de los diamantes extraídos son destinados al uso industrial, los llamados bort, con ellos se fabrican desde brocas para perforaciones hasta herramientas de corte preciso como escalpelos médicos. La Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia presentó, recientemente, una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, por incumplir La Ley de Dependencia. Exponen que la política del Ejecutivo viola varios artículos de la Constitución en relación con la protección social y los derechos de los ciudadanos lo que se ha traducido, según la Coordinadora, en más de 117.000 dependientes fallecidos, uno cada 15 minutos de forma ininterrumpida durante 43 meses, sin haber recibido ningún servicio o prestación a la que tenían derecho.
Los antiguos griegos creían que los diamantes eran fragmentos de estrellas que habían caído a la Tierra. En Alternativa Socialista (AS) tenemos a dos de esas estrellas los compañeros Iván Molinos y Víctor Villar, ambos Coordinadores de Alternativa Socialista (AS) en Cataluña y Burgos respectivamente y miembros del grupo de trabajo de discapacidad. Compañeros de enorme vitalidad y constancia que son los impulsores en la lucha para conseguir que las Pensiones No Contributivas (P.N.C.) no se reduzcan en el caso que dos personas perceptoras de una P.N.C. contrajesen matrimonio.
Durante más de once años, desde su aplicación, estas pensiones han ayudado a miles de personas a tener una vida digna, evitando la carga económica familiar y dando mayor autonomía a las personas receptoras. El art. 14 del R.D. 357/1991, de 15 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 26/1990 fija las cuantías, en su importe anual y las reducciones establecidas cuando en una misma unidad económica concurra más de un beneficiario con derecho a pensión. En el caso de personas con discapacidad, dada la carestía de vivir con una discapacidad, tanto en ayudas técnicas, adaptaciones y tratamientos médicos, esta medida supone un castigo aún mayor. Hace prácticamente imposible económicamente el matrimonio entre dos personas con discapacidad y su convivencia en un proyecto vital común, en igualdad de condiciones con el resto de la población.
Alternativa Socialista (AS) insta al Gobierno de España a excluir del concepto de unidad económica de convivencia aquellos casos en los que se de la convivencia conyugal de dos personas perceptoras de una P.N.C., a efectos de incompatibilidades y cálculo de cantidades individuales a percibir. Dejando intactas las cantidades que perciban ambos cónyuges en concepto de P.N.C., afectando sólo a las cantidades que se perciban por P.N.C. y no al resto de ingresos. Esta modificación se realizará tanto en el texto de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la que se establecieron y regularon las Pensiones No Contributivas (P.N.C.), como en el resto de legislación de desarrollo.
Hemos puesto en marcha una campaña en el portal www.change.org para conseguir este objetivo, se puede firmar esta petición en: