La Sala de lo Penal y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo junto con su presidente, Carlos Lesmes, coinciden estos días en competir por ver quien empeora aún más la percepción pública negativa que se emite desde el palacio de las Salesas. La primera, confirmando el auto de procesamiento de los líderes soberanistas catalanes; la segunda, suspendiendo la sentencia que obliga a las entidades bancarias a pagar el impuesto hipotecario; y la tercera, al reconocer lo que llama eufemísticamente errores de gestión, sin presentar su dimisión; esta confluencia de hechos agravan la ya de por sí muy dudosa reputación del Tribunal Supremo. Nunca tan pocos magistrados, en sus doscientos seis años de larga historia, hicieron tanto daño a esta alta institución del Estado.

Dice el señor Lesmes que no ha recibido ninguna llamada de la Banca, sobre la sentencia que descarga a todos los ciudadanos de la obligación de pagar los impuestos que corresponden a los banqueros, como si le hiciera falta recibirla dado el vínculo conyugal que su jefa de gabinete mantiene con uno de los principales vicepresidentes del Banco Santander, o la anterior relación profesional que el señor Díez-Picazo, quien ha convocado un insólito pleno posterior a la sentencia, también mantuvo con círculos financieros. Si parece muy clara la independencia de ambos del Ejecutivo, por supuesto de Sánchez, en absoluto de Rajoy, no lo parece tanto de la Asociación Española de la Banca. Lo que viene a querer decir que hoy son más sospechosos que ayer pero menos que mañana.

Llueve sobre mojado. Hace pocos años se llegaron a cambiar hasta las leyes procesales para que el presidente del Banco Santander no tuviera que sentarse en el banquillo de los acusados, creando el llamado precedente Botín al que ya han recurrido tan distintos como distantes procesados. Otro consejero delegado de la misma entidad bancaria se vio asimismo favorecido por la gracia del Tribunal Supremo. Por supuesto que se guardaron las formas sin que nadie prevaricase, faltaba más. No deja de ser muy sintomático que manifiesten su preocupación por el impacto social de la sentencia, que obliga a los bancos a pagar su impuesto hipotecario, y en cambio antes no lo percibiesen cuando millones de personas protestaban por la sentencia de la Manada.

El aval a la instrucción política del juez Llarena era esperado, pese a que el propio padrino de todo el sólido aparato judicial del Partido Popular, Federico Trillo, establece la presencia de militares o de civiles armados como condición "sine qua non" para una acusación de rebelión, tal como acaba de recordar el presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Esta reiteración delictiva, ahora asumida por la Sala de lo Penal del Supremo, no es ni será aceptada por los tribunales de la Unión Europea que observan alarmados como el modelo judicial polaco, rechazado por todas las instituciones europeas, empieza hoy a ser recorrido en algunas de las salas decisivas de las Salesas. Aquel España es diferente del ministro Fraga de la dictadura vuelve a convertirse en su eslogan.

Al igual que la llamada policía patriótica montada por el PP en Interior, que está siendo bien desmontada por el ministro Marlaska, parece funcionar de facto una judicatura patriótica en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunal Constitucional, así como en audiencias provinciales. Como la policial, se fija la tarea de combatir a la antiEspaña compuesta, como en los buenos años de la dictadura, por separatistas y traidores, claro está, a las esencias patrias preconstitucionales y, por supuesto, de defender los intereses de los mejores españoles que son siempre los bien instalados. No puede entenderse de otro modo el escándalo social provocado por sentencias ajenas a derecho que golpean continuamente a las mujeres, a las clases sociales bajas y medias y a algunas comunidades autónomas.

Estamos ante la cuestión togada. Mientras la renovación pasó por las Fuerzas Armadas con Narcis Serra, desde 1983, y en Interior con Margarita Robles, en 1994, todavía no ha llegado a la Justicia, con la relativa excepción del llamado cuarto turno. Es la única institución estatal no reformada. Sobre esa herencia judicial casi intacta, el Partido Popular lo ha tenido bastante fácil para reordenar a su antojo el mundo de la judicatura y cuando no, como ocurrió en el Tribunal Constitucional sobre el Estatut, recurrió al tamayazo judicial que generó el actual conflicto catalán. Así la aplicación del derecho penal del enemigo, las interpretaciones integristas de las leyes y las viejas concepciones machistas en las sentencias están a la orden del día en no pocos tribunales. Esta dudosa reputación del Tribunal Supremo es tanto efecto como causa.