Se ha dicho, con razón, que el 26J es —aunque haya que añadir “también”— una buena noticia: por encima de este o aquel aspecto concreto, lo es porque deja perplejo a todos, a propios y extraños. Se trata de una suerte más de la formación Unidos Podemos: el que, de momento, no pueda imponerse con facilidad una lectura ortodoxa de los resultados electorales. El análisis, y no el recetario efectuado con gafas impuestas sobre la realidad, pasa temporalmente a primer plano.

Algunas ideas han ido insinuándose y tomando forma desde que se hicieron públicos los resultados de las elecciones: se ha hablado de exceso de tacticismo en el corto plazo y de guiños moderados en los líderes y candidatos, que han podido producir desorientación entre partes del electorado más exigente; se ha dicho que asistimos en el seno de la militancia a un ejemplo más del sempiterno conflicto entre fundamentalistas y realistas característico de las organizaciones emergentes; se discute, en fin, si la convergencia de plataformas entre IU y Podemos ha sumado o no por abajo a la hora de explicar que más de un millón de votantes esperados decidieran hacer otras cosas el 26J en vez de acudir a las urnas.

Son sin duda diagnósticos que iluminan cada uno una parte del asunto. Una manera de tratar de integrarlos en un esquema más amplio es situarlos en la dinámica demográfica de la democracia posfranquista. Sobre esta dimensión se ha apuntado en estos días que, cuanto mayor la edad del votante, más tendencia a depositar el sufragio en los dos grandes partidos tradicionales. La ecuación deja de ser tan simple observada en sentido contrario, sin embargo, pues aunque el consenso es que el voto joven se muestra mucho más proclive a las nuevas formaciones —sobre todo hacia Unidos Podemos— entre medias del voto de los más mayores y los más jóvenes se extiende el grueso de los electores, y en ese enorme espacio no puede sin más afirmarse que se mantiene la misma tendencia.

Esto apunta a que hay otro factor en juego que viene a reforzar o desdibujar esa variable de edad, y es la conciencia como cohorte demográfica, es decir, la condición generacional. No todas las cohortes demográficas configuran generaciones, identidades éstas que son mucho más contingentes, viéndose normalmente jalonadas por procesos políticos que definen la experiencia colectiva propia y a menudo las de las siguientes. Pues también entre los grupos de edad tienen lugar procesos de hegemonía, sobre todo cuando una cohorte con conciencia generacional es seguida por otra que no llega a adquirirla o que, debido al predominio de otra de más edad, no recibe un reconocimiento comparable en términos de estatus y poder.

En la España actual hay, hablando desde esta perspectiva, dos generaciones: una es la de los nacidos en los años 40, que está actualmente pasando a la tercera edad, y es la que capitalizó la transición desde la dictadura y asentó el régimen del 78, permitiendo al hacerlo la continuidad de pautas sociales y culturales del franquismo funcionales al mantenimiento de su estatus; y la otra es la de los nacidos tras la muerte de Franco y que se extiende hasta comienzos de los años 90, que se ha hecho adulta ya en el siglo XXI. En el contexto de la crisis de la democracia posfranquista, esta está también adquiriendo los contornos de una generación propiamente dicha, cuya expresión política más señalada es el surgimiento de nuevos partidos en el sistema político español, sobre todo Podemos. Son sin duda generaciones muy diferentes entre sí en fisonomía, estatus y poder, pero poseen dos importantes rasgos comunes, además del hecho mismo de contar con identidad generacional: uno es que se trata de dos cohortes vinculadas entre sí por lazos biológicos —básicamente, los que hegemonizaron la transición son los padres de los que ahora reclaman estatus y poder en el orden que saldrá de la crisis; el otro es que, en el proceso de configuración de su identidad, han contado además con recursos para hegemonizar a la cohorte de edad siguiente.

A los nacidos en los años 40 —la generación de la transición— les costó poco hegemonizar a la cohorte de los nacidos en los 50, pues éstos eran demasiado jóvenes para dominar las organizaciones de la lucha antifranquista; y por su parte aquellos tenían poca disposición a dejarles compartir en igualdad de condiciones el estatus y el poder obtenido tras el fin de la dictadura ya que, al estar menos socializados en la cultura del franquismo, planteaban demandas políticamente más radicales y moralmente transgresoras. En el corto plazo, el resultado de este desencuentro tan desigual en recursos fue la exclusión colectiva de los segundos, que llegó a ser dramática a pesar de la escasa atención pública que ha recibido hasta la fecha; con el tiempo, los supervivientes de esta cohorte han ido siendo integrados, aunque normalmente sobre la base de su aceptación de la cosmovisión de sus hermanos mayores. La gran suma de cohortes resultante es la que ha consolidado el bipartidismo posfranquista, al repartir sus miembros el voto mayoritariamente entre el PSOE y el PP, dejando espacio para un voto más irredento y de protesta, aunque simbólico, en IU.

La desarticulación a tiempo de esta no-generación —que podemos llamar “maldita”, por el enorme coste en muertes sociales (drogas, sida, suicidios, accidentes de tráfico, etc.) que acarreó su exclusión— consolidó el régimen del 78, pero se cobró no obstante un enorme precio en términos de calidad para la democracia española. Pues al verse esos jóvenes malditos de los años 70 privados de reconocimiento, su percepción más radical de las libertades no llegó a ejercer de baremo crítico desde el que medir las limitaciones de la obra de la generación de la transición. (Debería bastar el ejemplo del hoy llamado movimiento LGTB que, tras irrumpir con rotundidad a fines de los 70 de la mano de los jóvenes malditos, reculó con la exclusión de estos para solo reaparecer, con otra fisonomía más moderada y otro protagonismo demográfico, en la década de los 90).

Pues bien, la del 75-90 —que podemos llamar generación “de la democracia”, porque todos sus miembros se han socializado en tiempo de libertades— también parece estar hegemonizando a la siguiente cohorte, la de los que están alcanzando la mayoría de edad coincidiendo con el final del “boom” especulativo. Esta no-generación en ciernes —a la que se puede adjudicar el apelativo de “de la crisis”, y que es bastante pequeña de tamaño— comparte con la generación de la democracia el 15M como gran referente en su construcción de identidad. No obstante, la hegemonía en la interpretación corresponde a la de más edad, en la medida en que esta domina las organizaciones surgidas en su estela, con las que claramente se identifican ambas al ejercer el derecho al voto.

Todo este largo excurso se justifica en el intento de mostrar que, por debajo de la simple relación edad/orientación del voto entre formaciones tradicionales y emergentes, existen lógicas de carácter generacional que, si por un lado racionalizan el espacio del voto y refuerzan la impresión de una ordenación tendencial por edad, por otro dejan al descubierto discontinuidades dinámicas de corte identitario que escapan a un análisis clasista o estructural al uso. La principal es que la hegemonía de las cohortes de edad con identidad generacional no solo resta capacidad discursiva crítica a las cohortes que carecen de ella sino que además quiebra la transmisión de la experiencia política entre grupos de edad. Esto se refleja desde hace tiempo en los sonados (y sordos) divorcios entre culturas militantes que atraviesan los movimientos sociales y las formaciones emergentes; ahora, el 26J, parecen haber afectado también a la orientación del voto, pues muchos de los antiguos votantes de IU que no han querido dar su voto a Unidos Podemos son o han sido activistas. (Esta tendencia de largo plazo no se ha venido dando sin embargo en el caso de Euskal Herria y Catalunya, pues en estos territorios la falta de reconocimiento de la idiosincrasia nacional ha permitido mucha mayor continuidad en la transmisión de referentes entre cohortes de votantes y de militantes, y tanto para las identidades nacionalistas moderadas como para las independentistas; con todo, en términos políticos el fenómeno también ha quedado desdibujado con la irrupción de Podemos).

Pero lo realmente destacable de este somero cuadro es el espacio que deja sin perfilar en medio de estas dos grandes sumas de cohortes, ocupado por una enorme masa demográfica —la de los nacidos en los años 60 y hasta la muerte de Franco— que se socializó en el período desarrollista de la dictadura. Se trata de la cohorte de población más abundante (equivale a toda la población con derecho al voto de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha junta), siendo además la que, por edad, ocupa actualmente el espacio central de la sociedad española. Pues bien, estos hijos del “baby boom” son la nota extraña y discordante del dibujo, pues rompen las lógicas tendenciales del voto por edad. En efecto, lo que muestran los datos de participación del 26J es que en esta parcela de la ciudadanía se ha producido la mayor dispersión del voto entre todas las opciones en liza, lo cual es expresión de que los españoles de edad mediana no han terminado de votar por el cambio. Esto los debería convertir en foco de atención prioritario a la hora de explicar el resultado electoral de cara al futuro.

En términos estructurales, lo que caracteriza a los de esta cohorte demográfica es que no han terminado de verse nunca integrados en el orden posfranquista, en parte por su tamaño —y dadas las limitaciones del Estado social posfranquista—, en parte por la extensa sombra de la generación de la transición y su excluyente gestión del estatus y el poder. Son además muy diferentes a estos últimos, y no solo por su tan distinta biografía colectiva. Lejos de lograr el reconocimiento temprano y de la mano de la democracia, los hijos del desarrollismo lo han visto postergado sine die bajo la democracia posfranquista. A cambio se han beneficiado de vivenciar dos períodos históricos bien diferentes sin los lastres del más antiguo —algo que en cambio marca a los nacidos en los 40—, y esto les ha permitido contribuir de forma decisiva a la normalización de la mayoría de los cambios culturales operados tras la crisis de la dictadura, aunque no siempre hayan sido sus promotores. Por el camino, sin embargo, no han logrado tampoco desarrollar una identidad generacional, y es precisamente a esta carencia a lo que hay que achacar la perduración del régimen del 78 sin apenas reformas hasta su actual crisis.

Todo esto se manifiesta muy distintivamente en la posición que ocupa la política como referente en la cohorte del desarrollismo. En términos identitarios, lo que define a esta no-generación es que, al carecer de recursos críticos recibidos de la experiencia de la cohorte de edad anterior a la suya —la “maldita”, diezmada en sus miembros más activos por la exclusión a manos de los de la transición— su relación con la política es en general ambivalente y discontinua. Se trata de un grupo de edad que se moviliza activamente por “grandes causas” —aunque normalmente las inician otras cohortes, desde el 0,7% en la década de los 90 a la guerra de Irak en la pasada— pero la política no ha formado nunca parte de sus referentes colectivos innegociables. Y sin embargo, de su participación depende a menudo que las protestas, movilizaciones o estados de opinión se vuelvan masivos.

Si su capacidad para decantar escenarios en uno u otro sentido procede de su tamaño, su oscilante actitud ante la política se explica porque la hegemonía de la generación de la transición ha sido tan completa que, además de destruir a la siguiente cohorte, se instaló sobre la despolitización de la subsiguiente. Socializados en los desmovilizados años 80, los del “baby boom” han tardado tiempo en adquirir conciencia del valor de la política para la condición ciudadana; y —esta es la cuestión por dirimir— no está claro que lo hayan hecho con carácter duradero y unidireccional. Es cierto que han pasado de la aquiescencia pasiva hacia los acaparadores del régimen del 78 —con los que siempre ha existido una fractura cultural insalvable— a denunciar la corrupción política como un derivado del “franquismo sociológico” enquistado en las prácticas de los que han alcanzado estatus y poder en el régimen del 78, pero les cuesta mucho admitir que su propia ambigüedad hacia la implicación política ha contribuido a la expansión de la corrupción.

Sea como fuere, lo que han hecho notar el 26J es que, ahora que la participación ciudadana está ganando terreno como valor social, no está claro en cambio que haya terminado de formar parte de su ADN. Ni siquiera quienes se han abstenido esgrimiendo posicionamientos radicales están en condiciones de compensar su rechazo a la oferta de Unidos Podemos con un activismo independiente capaz de influir en el escenario actual. Visto así, la impresión que siguen dando es de falta de compromiso duradero con el futuro colectivo, y no sin cierto fundamento: no en balde se han socializado en eso que se llama CT —la “cultura de la transición” instituida por los de esa generación aupada por el régimen del 78—, la cual se ha fundamentado en la percepción de todos los hechos sociales y personales como modas culturales. Al punto de poder llegar a incluir también en esa categoría el 15M y su subsiguiente politización.

Descrita así, la del “baby-boom” es una no-generación que puede producir cierta prevención por lo imprevisible y lo inconsistente de sus dinámicas colectivas. Pero la suya no es una opción libremente elegida: se trata de una reacción al estatus impreciso e indefinido de sus miembros, siempre situados entre dentro y fuera de los beneficios sociales de la integración en la democracia posfranquista, la cual les somete a la contingencia permanente acerca de sus estados futuros de identidad, y esta a su vez favorece la falta de coherencia y dirección en su inacabada lucha por asegurar el estatus. Unos, los menos, han aprovechado su relativa juventud y mejor preparación para —sobre la base del capital social que hayan podido heredar o amasar— escalar en estatus en la etapa del boom hasta figurar como normalizados; otros en cambio con la crisis se han encontrado al borde de la exclusión social. En medio está la gran mayoría de quienes han llegado a las puertas de los 50 años sin ver resueltos sus problemas de estatus, aunque saben que la crisis va a funcionar como parte-aguas en su experiencia vital. Es por esto que este grupo de edad es el que mejor refleja la diversidad de encrucijadas de la sociedad española, y de ahí que su voto pueda ser el que más se reparte entre todas las opciones. A los que les ha ido bien y se han integrado plenamente en el orden posfranquista no les perturba votar al PP, incluso tras los escándalos de la corrupción; los que temen una degradación aún mayor de su estatus siempre amenazado han preferido esta vez votar lo malo conocido, es decir, el PSOE. Los que están más resentidos por su falta de reconocimiento tienden a votar opciones radicales, pero sin orientación definida (han nutrido el voto a UPyD en la década pasada y ahora lo hacen a Ciudadanos). Y finalmente están los que han venido votando a IU o absteniéndose como parte de una expresividad entre comprometida con la autenticidad e irredenta que, tras dejarse una temporada seducir por la “moda” de la política, ahora han temido que un triunfo de Unidos Podemos les obligue a salir del autocomplaciente estado de cinismo en el que se instalaron desde que lograron entrar en el mercado laboral.

Visto de esta manera, no son los jubilados y la gente de más edad quienes, como ha sido dicho, se vienen comportando con egoísmo y miopía, impidiendo con su voto a las fuerzas tradicionales la superación de la democracia posfranquista (incluso es posible defender que el voto moderado de los ancianos es, dadas las previsiones de que el Estado del Bienestar va a seguir entre disminuido y aún más recortado, una apuesta por mantener, a falta de alternativas, la familia como bastión de la redistribución entre grupos de edad). Si acaso el “egoísmo” es más bien lo que ha distinguido el 26J a la extensa cohorte de hijos del desarrollismo, que han preferido no apostar mayoritariamente por una coalición de reformas radical. Pero esto es algo que, bien explicado, adquiere otra dimensión, pues lo que este grupo de edad está expresando no es sino el efecto de haber sido abocado durante años a replegarse en lo individual y en la esfera de lo privado debido a una experiencia política —sí, política pese a todo— pautada por la decepción, la desconfianza y la incredulidad ante su falta de reconocimiento.

Cuando se habla ahora de la propaganda del miedo en la campaña electoral pasada, habría que poner ese miedo en la perspectiva más amplia de un temor sociológico a la pérdida de estatus —fenómeno más bien ficticio cuando no se ha tenido ninguno estable y perdurable, pero vivido como una realidad amenazante— que hay que retrotraer al mismo 15M. Por debajo de este sentimiento colectivo, lo que sigue latiendo es una cultura trans-generacional —esta sí— que reduce la política al derecho a elegir quién ha de resolver los problemas de los particulares sin mediar contribución por parte de estos. Por el lado contrario de la balanza, con todo, hay que reconocer a los hijos del desarrollismo el haber mantenido un espacio social y cultural relativamente autónomo durante la democracia posfranquista situado, no en el margen sino entre la plena integración y la exclusión, pues este es el que ha permitido a la generación de la democracia —la de los nacidos entre 1975 y 1990 que hoy domina las nuevas formaciones políticas— una base cultural desde la que desarrollar su identidad generacional, esa que recupera el valor de la política ciudadana. El problema es que, si este regalo que los del desarrollismo han hecho a los que hoy tienen menos de 40 años no redunda en algún reconocimiento por parte de estos, los desencuentros —como el que se ha producido el 26J— están llamados a repetirse.

Pues en puridad el temor de los del “baby boom” a una coalición de reforma radical está bastante justificado si se observa desde la perspectiva demo-generacional. Estos ciudadanos en edad más que adulta pero nunca plenamente integrados en el disfrute de los servicios y la ciudadanía social crecieron asistiendo inermes a la exclusión de sus hermanos mayores por parte de los del régimen del 78; y de mayores están viendo cómo, tras ningunearlos a ellos durante años, éstos han empezado a preocuparse por el futuro de los servicios y el bienestar ahora y solo porque sus hijos biológicos se han hecho adultos y quieren entrar a disfrutar de ellos. La pregunta del millón desde que tuvo lugar el 15M es si esta gente relativamente joven, que desde entonces no ha parado de aumentar su conciencia generacional en su lucha por el reconocimiento, está en condiciones de representar el conjunto de la ciudadanía; o si más bien, en el esperable escenario de deterioro de la calidad de vida de los españoles, se contentaría con un acuerdo en condiciones de ventaja —doblemente sancionada por una común auto-conciencia generacional y una relación biológica padres-hijos— con la generación de la transición.

Por ponerlo en los términos de quienes no han ido a votar: ni siquiera una coalición entre lo más granado de lo que queda esa generación de la transición y lo más preclaro de los nacidos entre el 75-90 —en forma de una hipotética alianza entre el PSOE y Unidos Podemos— tiene garantías de convencer a la gran masa de vástagos del desarrollismo si no ofrece un nuevo marco de redistribución que apueste por el reconocimiento activo de los semi-excluidos, una mayoría de los cuales se arraciman en la no-generación del desarrollismo. Desde luego si la cristalización de dicha coalición se va a producir a costa de estos últimos la democracia posfranquista pasaría a la historia como un invento hecho por los que, presentándose como víctimas de la posguerra y la dictadura, se aprovecharon del bienestar logrado por varias cohortes enteras de población para instalarse a sí mismos y sus descendientes biológicos en el estatus y el poder. Estaríamos ante una suerte de democracia “dinástica” como eran las viejas monarquías del Antiguo Régimen. Es por eso que la sensación de fracaso relativo tras el 26J necesita de explicaciones solventes acerca de las razones de fondo de lo que, conviene entender, se muestra ya como un repunte histórico del desencanto de 1979.

Hemos escuchado en la campaña una poética definición, deudora de Immanuel Levinas, de la vida cívica: “La patria es el otro”. Pues bien, si la cultura desplegada y encarnada por Unidos Podemos quiere tomarse en serio la expresión, más le vale empezar a abrirse a los del “baby boom”. Porque en la España actual el “otro” no son los votantes del PP rescatables hablando de patria, ni los votantes del PSOE encandilables recordándoles el valor de la socialdemocracia, ni siquiera los exvotantes de IU dados por descontado: el “otro” que hay aún que ganarse para una causa justa y representativa del todo son los nacidos en el desarrollismo franquista. Lo malo es que si se aspira a representarlos, no basta con hablarles: hay que darles reconocimiento, empezando porque las organizaciones del cambio se parezcan también a ellos. La tarea no es fácil, porque se trata de gente que en principio no produce confianza; pero sin contar con ellos o al menos con su aquiescencia, ya lo hemos visto, difícilmente habrá una base social sólida para una coalición de reforma radical en los próximos años.