El control ideológico de la educación sigue siendo el objetivo principal de la iglesia

Hace unos años le comenté a una amiga, con un niño pequeño, la suerte de tener un colegio público al lado de casa y la respuesta fue: “sí, pero hay muchos gitanos”. Ni que decir tiene que su hijo, adolescente ya, estudia en un colegio privado religioso concertado donde no tienen cabida niños de familias con rentas bajas. ¿Sus padres o él son practicantes? no, pero los contactos sociales y el devenir sociolaboral del infante merecen la elección de colegio, ya se sabe, ¿cuántos negocios e incluso puestos de relevancia política se alcanzan por el simple hecho de compartir pupitre?

Cualquiera pensaría, con la que le está cayendo a la ministra Celaá, que su Ley (LOMLOE) ha suprimido de un plumazo los conciertos, que ha impuesto las lenguas vernáculas por encima del castellano, que el Estado y no los padres deciden a que colegio van los niños, incluso algún medio califica a la Ley Celaá de venenosa además de promover la indolencia entre los estudiantes. Pues no, olviden todo lo anterior.

La nueva ley educativa es integradora

Lo cierto es que en los últimos años ha subido la inversión en la escuela concertada y ha disminuido en la pública a pesar de haber aumentado el número de alumnos. La LOMLOE sólo pretende mejorar la enseñanza pública y hacer que se cumplan los términos de los conciertos: no segregar por sexo ni por necesidades específicas de los alumnos, primar la cercanía del domicilio para elegir plaza, es decir, se limita la capacidad del colegio concertado a elegir a su alumnado. La asignatura de religión dejara de puntuar en la nota media y se estudiarán valores cívicos y éticos; otorga mayor peso al consejo escolar, apuesta por la escuela rural y, no menos importante en momentos de crisis, con esta Ley se elimina la cesión de terrenos para construir centros concertados. En definitiva, es una Ley que apuesta por un sistema educativo integrador estableciendo mecanismos de control evitando así la progresión de una escuela concertada que promueve la segregación social, aumenta la desigualdad y la inequidad y que, a mi entender, debería reducir su presencia en la enseñanza.

Enfrascados en los conciertos, no deberíamos pasar por alto el papel de la Iglesia en la educación. La Ley Celaá deja atrás siete leyes educativas desde la tardofranquista de 1970. Leyes en las que nunca ha habido consenso, ni tan siquiera con un ministro como Ángel Gabilondo, que a punto estuvo de llegar a un acuerdo. Quizá deberíamos preguntarnos por qué esta obsesión de la derecha y el poder eclesiástico con la educación y no con leyes como la del aborto, la del matrimonio homosexual, o la reciente de Eutanasia, todas ellas tanto o más contestadas, en su momento, no solo por la derecha también por la Iglesia y que, a pesar de la alternancia de gobiernos progresistas y conservadores, ahí siguen. Entenderlo requiere una mirada al pasado de la educación en nuestro País y conocer el papel que ha jugado la Iglesia.

El poder de la Iglesia: los concordatos

En el siglo XIX el sistema educativo, de acuerdo con las diferentes constituciones incluyó la religión católica en los planes de estudio. La Ley Moyano (1857), basada en las experiencias educativas anteriores, trató de dar estabilidad tras una etapa de continuas reformas educativas y de resolver el grave problema del analfabetismo, permaneciendo vigente, con sucesivas modificaciones, hasta 1970. Esta Ley refleja los acuerdos del Concordato -firmado entre el Estado Español y la Santa Sede en 1851- en los que se reconoce el derecho de la Iglesia Católica a fiscalizar la enseñanza no solo de los colegios religiosos sino también de las escuelas públicas y el derecho a crear centros educativos religiosos. Con la firma del Concordato la Iglesia recuperó el control de los contenidos educativos y gran parte del poder social e ideológico. Por primera vez se establece la enseñanza obligatoria hasta los nueve años, eso sí, diferente en sus contenidos para niños y niñas, estas tenían asignaturas agrupadas bajo el nombre de Labores propias del sexo.

La llegada de la II República en 1931 supuso un paréntesis en la enseñanza religiosa. El Gobierno convirtió la educación en su proyecto más importante, era el Estado Educador. Se planificó la construcción de 27.000 escuelas a la vez que se elaboró el mejor Plan Profesional para los maestros que ha existido en nuestra historia, según la catedrática de Historia Consuelo Domínguez. Se dignificó la figura del maestro. Fue una escuela pública, obligatoria, laica y mixta. A pesar de la disolución de la Compañía de Jesús y de prohibir a las órdenes religiosas impartir clases, la Iglesia sorteó este obstáculo, colocando a seglares al frente de la enseñanza manteniendo su ideario y su influencia.

A los pocos meses de ganar las elecciones el Frente Popular, el golpe de Estado de 1936 y la instauración del franquismo impidieron consolidar el proyecto estrella de la II República: la educación.

Ni que decir tiene que los cuarenta años de dictadura Franquista consolidaron el poder ejercido por la Iglesia en la educación. Se fueron eliminando las reformas de la República, comienza la segregación por sexo, desparece el laicismo y comienza una etapa de depuración que afecta no sólo a los maestros y maestras, uno de los colectivos más represaliados durante la Guerra Civil, también se establece la depuración de las bibliotecas y sólo se permiten libros que respondan a los principios de la moral y la religión cristiana. La Escuela española, en armonía con la tradición de sus mejores tiempos, ha de ser ante todo católica -Ley de 1945 sobre Educación Primaria- El golpe de Estado del 36 impidió la separación de Iglesia y Estado como ocurrió en Francia y Portugal.

El concordato de 1979: atado y bien atado

Con la llegada de la democracia y la Constitución de 1978 se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades… y se declara el estado aconfesional. La Iglesia sigue estando ahí, en 1979 – pese a la Constitución - se firma un nuevo Concordato con la Santa Sede por el que se regula la asignatura de religión en los niveles educativos no universitarios especificando en su articulo II que los planes educativos, en diferentes niveles, incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de Educación en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales. No contentos con esto, la Jerarquía eclesiástica señalará los contenidos de la enseñanza y formación religiosa católica (Art.VI).

Más del 70% de los colegios concertados está en manos de Órdenes o congregaciones religiosas. El interés de la Iglesia en la educación, compartido por la derecha, es muy superior a las causas por las que según su ideario conservador deberían pelear a brazo partido: legislar para evitar el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual…pero no, para esto está la resignación cristiana. El poder del futuro está en moldear el pensamiento conservador desde la escuela y ahí se aplican con afán cambiando las leyes en cuanto llegan al poder, ¿Cómo va a existir consenso de todos los partidos en una Ley educativa? De eso la Iglesia sabe mucho, nos acompaña desde hace más de dos mil años, ¿alguien piensa que va a renunciar?

Firma del Post:

• Isabel González. Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche, así como directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira)
Rafael Sotoca. Médico de familia y activista sanitario. Fue director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana.

Forman el Foro Ágora Salud:

• Carmen Montón es embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos y ha sido Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social y Consellera de Sanidad.
Ricardo Campos. Médico Oftalmólogo. Ha sido Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y subsecretario autonómico de sanidad. Begoña Frades García. Psiquiatra y jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre. Ha sido coordinadora autonómica de salud mental. José Antonio López Cócera es enfermero especialista en salud mental y miembro de la comisión nacional de la especialidad. Isabel González. Médica radióloga. Fue jefa de servicio y profesora asociada de radiología en la Universidad Miguel Hernández de Elche, así como directora Gral. de la Alta Inspección y gerente de los departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira) Enrique Ortega. Médico especialista en enfermedades infecciosas y jefe de servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ha sido profesor asociado de de medicina de la Universidad de Valencia y Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia. Antonia García Valls. Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ha sido diputada en el congreso de los diputados. Pere Herrera de Pablo. Médico de familia y médico SAMU. Ha ejercido como director del Servicio Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana. Roser Falip Barangué. Doctora en Medicina y especialista en medicina de familia y en análisis clínicos. Ha sido gerente del departamento de salud de Alcoy.

Ilustra el blog:

• Verónica Montón Alegre. Artista interdisciplinar.