La Primera Enmienda de la Constitución de EEUU dispone que “el Congreso no hará ley ninguna (…) que limite la libertad de expresión o de la Prensa”. Pues bien, el Comité de Justicia del Senado estadounidense acaba de aprobar un proyecto de ley que hace exactamente eso, legislando inconstitucionalmente… con el único fin de amordazar a Wikileaks y negar a su creador, Julian Assange, los derechos que corresponden a todo periodista.

Precisamente, la argucia jurídica para violar la Constitución dentro de la ley consiste en diseñar la legislación con la pretendida función de dar protección federal al trabajo periodístico, pero emplearla en la práctica para definir quiénes son periodistas, de forma que queden excluidos los que Washington quiera clasificar como enemigos: los terroristas, los espías y agentes de potencias extranjeras… y Assange.

Mientras el borrador legislativo define como “periodistas cubiertos” –por el derecho a informar y a proteger sus fuentes de información– a los empleados o colaboradores de medios de comunicación y a los estudiantes de periodismo, su redactado excluye específicamente a “toda persona o entidad (…) cuya función principal, demostrada por la totalidad del trabajo de dicha persona o entidad, sea la de publicar documentos de fuentes originales que hayan sido reveladas sin autorización a dicha persona o entidad”.

Esa disposición, que debería ser llamada la “cláusula Assange”, según The Atlantic Wire, fue agregada sobre el texto inicial después de que el comité del Senado se pasara la mayor parte del verano debatiendo cómo evitar que las filtraciones de Wikileaks estuvieran amparadas por la libertad de información; intención proclamada por la senadora Dianne Fenstein y su colega Dick Durbin.

Pero otro de los senadores promotores de la ley, Chuck Schumer, objetó algo evidente: los blogueros y otros reporteros independientes quedarían excluidos de tan estricta definición de lo que es un periodista, ya que su articulado original incluso precisaba que sólo estarían protegidos los informadores empleados o contratados por un medio al menos tres meses en los últimos dos años, así como únicamente los freelance con una larga y probada trayectoria profesional.

Así que los senadores enmendaron el texto para redefinir a un periodista como alguien empleado o contratado por un medio durante al menos un año de los últimos 20, o durante tres meses de los últimos cinco años. ¿Y qué pasa con los blogueros y otros independientes? Pues que será un juez federal el que decidirá si se les puede considerar periodistas o no, y si su labor periodística está de acuerdo o no con la ley.

“Fuimos muy cuidadosos en este proyecto de ley para distinguir a los periodistas de aquellos que no deben tener protección, como Wikileaks y todos esos, y nos hemos asegurado de que sea así”, subrayó Schumer.

Por consiguiente, serán los magistrados quienes, caso por caso, decidirán si se va a aplicar, o no, a determinado individuo una Primera Enmienda que fue concebida para hacer universal la protección del derecho a la libertad de expresión. ¡Diabólica estratagema para violar el espíritu de la Constitución fingiendo que se cumple la Ley!

Todas estas maniobras legislativas se producían mientras Assange presentaba ante el fiscal federal de Alemania sendas demandas contra EEUU por “interferencia ilícita” de Washington contra sus actividades periodísticas desde territorio alemán. Una, por haber utilizado los resultados de las operaciones ilícitas del espionaje estadounidense dentro de Alemania en 2009 para incriminar a la soldado Chelsea (antes Bradley) Manning y conseguir que fuera condenada a 35 años de prisión por filtrar a Wikileaks pruebas de crímenes de guerra de EEUU… que siguen impunes.

La otra demanda es reveladora de esa perversión de la Justicia que practica la Casa Blanca, al espiar y perseguir a todo el que se atreva a denunciar los abusos de EEUU.

El 27 de septiembre de 2010, Assange fue detenido al llegar al aeropuerto berlinés de Tegel, procedente de Suecia, y se le incautaron varios dispositivos electrónicos con pruebas de un crimen de guerra perpetrado por las fuerzas de EEUU en Afganistán, conocido como “la masacre de Granai”, que en mayo del 2009 se cobró la vida de cerca de un centenar de civiles, en su mayoría mujeres y niños.

Claramente, la Policía alemana colaboró con Washington para que esa atrocidad pudiera permanecer impune, mientras que el que trataba de denunciarla lleva más de mil días sometido a arresto judicial sin cargos ni proceso, de los que más de 450 ha pasado recluido en la embajada de Ecuador en Londres. ¿Se atreverán los que le persiguen a comparar los supuestos delitos sexuales que le quieren imputar en Suecia (sin que haya mediado denuncia de las presuntas afectadas) con esas matanzas de mujeres y niños que hasta el día de hoy ellos mismos han conseguido que sigan impunes?

Como dice Assange, “ha llegado el momento de que cada uno se levante para poner fin a la guerra de Obama contra el periodismo, tanto en su país como en el extranjero".