Muy poco ha durado la alegría de la derecha, tanto catalana como española, sobre las posibles consecuencias de la reciente detención en Cerdeña del eurodiputado Carles Puigdemont. En menos de 24 horas volvía a estar libre, en espera de que los tribunales europeos vuelvan el próximo lunes a dar un varapalo al Tribunal Supremo en la persona del sistemáticamente vapuleado magistrado Llerena. Todo un bumerán para quienes, en Madrid y Barcelona, calculaban hoy con el llamado efecto Carles Puigdemont en la negociación sobre los Presupuestos Generales del Estado que va a presentar el gobierno de Sánchez. Unos minutos de gloria para el prófugo, otros tantos para los que buscan su extradición y ninguno para los enemigos de la izquierda más allá o acá del Ebro.

No se reeditará, pues, el grave error cometido por Esquerra de vetar los primeros Presupuestos del actual presidente de Gobierno en enero de 2019. El efecto Puigdemont, contra lo esperado por la derecha, refuerza la posición de la Moncloa en vísperas del importante debate parlamentario, pese a las lógicas controversias que lo envuelven. Se sudará la camiseta, por utilizar la expresión harto chulesca de Esquerra, pero ninguno de los que ahora mismo juegan en la mayoría parlamentaria que sostiene al presidente Pedro Sánchez, se atreverá a revestirse con el número 12 de la oposición. Porque lo que se está jugando hoy sobre el terreno parlamentario son, nada más y nada menos, que unos dos años de gobierno de izquierda en Cataluña y el resto de España.

Una reflexión de Oriol Junqueras, el principal referente ideológico de Esquerra, despeja cualquier duda. Pronunciada en medio de la algarabía de Cerdeña, cuando Puigdemont aún estaba retenido, refleja su lucidez política: "Yo no rompería en ningún caso ninguna mesa de negociación. Romper no nos ayuda en nada y lo empeora todo." No se puede decir más en menos palabras. Siendo la alternativa a Pedro Sánchez la que es, bajo su todavía líder Casado, con la mano cogida por Vox– la involución democrática–, la ruptura de la mayoría de Sánchez sería una insensatez constitucional. Sólo unos insensatos y aventureros pueden seguir afirmando que da lo mismo que lo mismo da el PP que el PSOE.

No es tan sólo un problema parlamentario e institucional. La intolerancia social va creciendo día a día. La concentración contra los homosexuales en el madrileño barrio de Chueca, la negativa firmada de los médicos de hospitales públicos a practicar abortos legales, la tentativa de quebrar la paz ciudadana en Euskadi tras la violencia, los ataques a la libertad de expresión o manifestación y el cuestionamiento permanente del Estado de las Autonomías son algunos de los fenómenos preocupantes e inéditos que no habían vuelto a reaparecer en la vida española desde la lejana transición. Con el siempre cómplice nihil obstat del Partido Popular, el idearium populista de Vox va contagiándose en las clases medias y populares.

En este inquietante contexto, el supuesto político de los Presupuestos cobra una importancia extraordinaria. No cabe la ignorancia sobre el móvil real de los que quieren tumbar los Presupuestos de Sánchez. Tumbarlos para que la Moncloa acabe convocando elecciones legislativas anticipadas, aunque bien saben que el Gobierno nunca arrojaría la toalla y que llegada esa improbable hipótesis se volverían a prorrogar los actuales Presupuestos del gobierno de Sánchez. En ese cuadro, el efecto Carles Puigdemont ayuda hoy a despejar la más mínima duda sobre la necesidad de encauzar las tensiones negociadoras, habituales de los debates presupuestarios, hacia un firme acuerdo que permita a ambas izquierdas seguir gobernando dos años más en la Moncloa y en el Palau de San Jaume.Si antes de la detención iban por buen camino, después de ella irán mucho mejor. La corta, pero obscena alegría de las dos derechas así lo indica.