Tras décadas de vista gorda, silencio ominoso y encubrimiento, el pastel de Su Emérita Enormidad ha llegado al Tribunal Supremo para que varios maestros reposteros especialmente designados demuestren que la ley es igual para todos. O lo que es lo mismo, para confirmar a propios y extraños que si todos fuéramos Impune I podríamos irnos de rositas de idéntica manera. Eso es todo lo que cabe esperar de este procedimiento en el que, al tiempo, lo más importante será mantener la cadena de frío, una temperatura baja que no ponga a la monarquía en ebullición y provoque que la institución se licúe como la sangre de San Pantaleón o, a mayores, se vaporice.

Han sido décadas de intentar tapar al elefante bajo la alfombra y de trasladar la idea, a la manera de El Principito, de que el bulto en su conjunto era un sombrero gigante, posiblemente el de Polifemo, pero no un paquidérmico regalito en forma de amantes, comisiones de la ceca a la meca y cuentas en paraísos fiscales que el piloto de la Transición amasaba con el incesante sudor de la corona. El elefante, como el dinosaurio de Monterroso siempre estuvo allí, unas veces vivo y otras abatido a tiros por su campechana majestad, y allí hubiera seguido, camuflado de mala manera, de no haber sido por una alemana lenguaraz, un fiscal suizo y varios medios extranjeros que han apartado el tapiz persa para enseñarnos lo que era evidente hasta para los niños.

Nos cuentan ahora que la supuesta investigación que llevará a cabo la Fiscalía del Supremo es la prueba irrefutable de que el Estado de Derecho funciona, y dan ganas de reír a mandíbula batiente al leer la letra pequeña. No se trata de determinar si el padre del Rey se lo llevó puesto, que sobre eso no hay duda alguna, sino si lo hizo antes o después de junio de 2014, que es cuando se formalizó su abdicación. Si fue antes de esa fecha la causa se archivará comme il faut porque en nuestra avanzada democracia, ejemplo para el mundo mundial, el jefe de Estado puede robar a manos llenas o matar ancianitas en los pasos de cebra sin que de ello se derive responsabilidad alguna. En definitiva, el patrón del Bribón puede ser un pirata de los mares del Sur con todas las de la ley.

En eso consiste o, al menos, eso es lo que han mantenido una y otra vez algunos de nuestros juristas más eminentes al analizar sesudamente el sentido de la inviolabilidad constitucional que le protege. El hecho diferencial borbónico es que su irresponsabilidad no es, como en otras constituciones monárquicas, reflejo del aforismo británico “the king can do no wrong” (el rey no puede hacer nada mal), sino más bien la demostración de que el rey puede hacer lo que se le ponga en las narices, apéndice del que va sobrado, y nada de lo que haya hecho podrá ser considerado delictivo.

Después de digerir lo intragable, habrá quien se pregunte qué pinta en todo esto el Supremo si el Rey dejó de serlo para convertirse en un simple ciudadano, bien es verdad que con una ristra interminable de apellidos ilustres. Ello es posible gracias a la habilidad de ese bipartidismo nuestro, tan dejado para algunas cosas y tan eficiente en otras, sobre todo cuando se trata de aforar al exjefe del Estado, previendo como inevitable que, al dejar de ser inviolable, se desmelenara en su nueva vida a cuerpo de rey. Al estilo de los grandes chefs de cocina, que abren la nevera, ven un puerro solitario en una balda y ejecutan un plato de estrella Michelín, el Gobierno de Rajoy y el PSOE de Rubalcaba aprovecharon una ley orgánica en trámite sobre permisos laborales de jueces y fiscales para colar su blindaje tanto por causas penales como civiles, que entonces arreciaban las demandas por paternidad contra esta incontenible fuerza de la naturaleza.

Como se dijo aquí entonces, aquella reforma se pasaba por el arco del triunfo la arquitectura legal del Estado, ya fuera porque vulneraba el derecho al juez natural predeterminado por la ley o porque burlaba el principio de irretroactividad de las leyes, en la medida en que preveía que cualquier causa que se iniciara antes de su entrada en vigor pasara directamente al Tribunal Supremo en aplicación del famoso artículo 33, el de porque nos da la real gana. ¿Que qué había hecho ese hombre para necesitar tantos salvavidas? Pues justamente lo que ahora estamos viendo en forma de elefante.

A partir de ahora se sucederán los intentos para salvaguardar el buen nombre del actual monarca que, en previsión de que la alfombra cayera definitivamente y desmintiera el cuento chino del sombrero gigante, aprovechó el inicio del estado de alarma para vacunarse de ‘corinnavirus’ y aplicarse el correspondiente cordón sanitario. Mucho tendrían que cambar las cosas para que la ley dejara de ser igual para todos como lo ha sido hasta ahora. ¿Blanqueo y delito fiscal? ¿Fin de la impunidad constitucional? Cuando las gallinas o las ranas críen pelo.