Miguel Urbán y Jacinto Morano

Candidatos al Consejo Ciudadano de Podemos de la Comunidad de Madrid por la lista Podemos Ganar Madrid

La extensión como una mancha de aceite de la corrupción por la Comunidad de Madrid hace urgente tomar medidas de choque para atajar las consecuencias más nefastas de lo que ha sido una forma de gobierno que ha permitido el saqueo de los recursos comunes. Desde la candidatura de Podemos Ganar Madrid al Consejo Ciudadano de Podemos hemos elaborado una serie de propuestas que podrían ser de urgente aplicación y que permitirían poner unos necesarios “frenos de emergencia” frente a las redes clientelares y corruptelas que envuelven la Comunidad de Madrid.

Entre las medidas que proponemos se encuentran las siguientes:

1) Una auditoría integral que abarque: estado financiero y contable de la institución y de las empresas públicas o participadas, contratos y obligaciones existentes con terceros, estado de los proyectourso, contratos laborales y mercantiles de asesoramiento, plantilla de empleados públicos distribución, competencias y funciones, escala salarial incluyendo todos los conceptos, etc.

La Auditoría se elaboraría por una comisión de expertos independientes, designados por las organizaciones de la sociedad civil (asociaciones vecinales, de consumidores, sindicales) y por todos lo grupos con representación parlamentaria, para realizar un plan de optimización social, para impulsar la eficacia en el servicio público y promover un empleo público de calidad e igualitario, destinando las retribuciones de la alta dirección y los gastos suntuarios superfluos a la creación de plazas públicas que garanticen los servicios.

2) Análisis pormenorizado, caso por caso, del coste/beneficio de las actividades y servicios públicos externalizados y del grado de calidad de la prestación, pues hemos visto como globalmente ha habido un deterioro para los usuarios y un encarecimiento para las arcas públicas al tener que costear la ganancia privada con ingresos públicos. Creación de un plan de recuperación de servicios externalizados que no estén desempeñando correctamente sus funciones, con absorción de las plantillas actuales para eliminar el sobrecoste y los riesgos de mal uso de los fondos públicos, que suponen la existencia de sociedades entre la administración y los trabajadores que prestan los servicios públicos.

3) Analizar el estado y función de las empresas públicas y participadas como Nuevo Arpegio, gestora del suelo; Canal de Isabel II; Metro, etc. con el objetivo de diseñar planes de futuro que aseguren su titularidad pública, la mejora de la calidad del servicio y su viabilidad económica.

4) Impulsar la iniciativa legislativa necesaria para revertir el proceso privatizador en curso en la prestación de los servicios públicos y paralizar el proceso de venta de bienes públicos. Política de rescisión de contratos contrarios a los intereses de la mayoría de la ciudadanía.

5) Exigencia de responsabilidades civiles y penales a quienes presuntamente hayan cometido delitos desde los poderes públicos o en connivencia con los mismos contra los intereses dela ciudadanía.

Para ello crearemos un área especializada dentro de la Abogacía de la Comunidad de Madrid de recuperación de dinero público usado irregularmente y la exigencia de las responsabilidades a los culpables.

6) Restitución de la dignidad y de las funciones de los empleados públicos, en primer lugar utilizando su potencial profesional de forma prioritaria, en segundo lugar poniendo coto al nombramiento arbitrario de cargos de confianza de personas ajenas a la administración. Establecimiento de normas y procedimientos para los nombramientos y su control. Publicidad y transparencia en los nombramientos y retribuciones.

Se creará un portal web de acceso público donde se podrán consultar los nombramientos de todos los cargos de confianza y libre designación, revisar sus currículums y tener acceso a su retribución.

7) Creación de comisiones de contratación formadas por expertos de la Administración, públicas, rotatorias, controladas por la ciudadanía e independientes del gobierno, fijando la incompatibilidad entre la participación en las mismas y el haber ostentado cargo electo en cualquier partido con representación parlamentaria, separando, de esta manera, la fijación de los requisitos de contratación en la Admon. Pública, competencia del Gobierno Autonómico, y la supervisión del cumplimiento de dichos requisitos.

8) Establecimiento de Convenios de Colaboración entre la Comunidad y los Ayuntamientos, para centralizar la compra de suministros, para garantizar la transparencia en la provisión de bienes para las Administraciones y dar un uso racional a los fondos públicos.

9) Creación de un registro público, accesible telemáticamente, de reuniones y agenda de los diputados y diputadas regionales y miembros del gobierno, que exprese la fecha, motivos y las personas que se reúnen con los cargos autonómicos.

10) Creación de una Oficina Autonómica de supervisión de las incompatibilidades de los cargos electos.

11) Cumplimiento de la obligación de dotación de medios a los juzgados en los supuestos de refuerzos acordados por el CGPJ. Establecimiento de un plan de formación en materia financiera para los trabajadores de la justicia dependientes de la Comunidad de Madrid.

Creemos firmemente que estas medidas son indispensables para poder empezar a hablar de unas instituciones que, en muchos casos, necesitan de un auténtico plan de choque. Un plan de choque destinado, primeramente, a saber cómo se ha producido y quiénes son los responsables del enorme saqueo en nuestras instituciones. Y segundo, a implementar una serie de medidas que permitan un control más efectivo de los recursos públicos. Somos conscientes de que, en todo caso, el gran reto como sociedad es construir una cultura y una ética política y de lo público que sea absolutamente intransigente con aquellas prácticas que permiten transferir lo que es de todos a las manos de unos pocos.