Desde la perspectiva de la economía convencional resulta obvio que el aumento de los niveles de ocupación implica, diríamos que por definición, una reducción sustancial en el número de trabajadores pobres. Por esa razón, hemos escuchado tantas veces que la creación de empleo -cuya responsabilidad debería descansar principalmente en el sector privado, inherentemente más eficiente que el público- es la mejor ruta para escapar de la pobreza y mejorar las condiciones de vida de los trabajadores.

Siguiendo esta línea de razonamiento, que se quiere presentar como puro sentido común, la piedra angular de la política económica debe ser acelerar el ritmo de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB). En ese contexto expansivo, las empresas, para atender sus necesidades productivas, acuden al mercado laboral -que tiene que comportarse como un verdadero mercado, con el menor número de “trabas administrativas” para que pueda ajustarse con “flexibilidad” a las variaciones de la oferta y la demanda- para contratar trabajadores, creando empleo. De esta manera, aumenta la demanda de fuerza de trabajo en relación a la oferta y, en paralelo, se refuerza la capacidad negociadora de las organizaciones sindicales, todo lo cual empuja al alza los salarios. Si dicho aumento es compatible con el mantenimiento de los márgenes de beneficio que alimentan la inversión productiva, se mantendrá un ritmo elevado de crecimiento económico, reiniciándose el ciclo, con los efectos beneficiosos del mismo.

Antes de examinar la pertinencia de esta cadena de sinergias positivas, veamos qué nos dicen los datos. Pasados los meses de intensa caída del PIB en la primera mitad de 2020 -que en la economía española alcanzó niveles históricos- desencadenada con la irrupción de la pandemia y las drásticas medidas tomadas por el gobierno para frenarla, el ritmo de creación de empleo ha sido ciertamente notable. Así, entre enero y septiembre de 2021 encontraron una ocupación 824 mil personas, lo que supone un aumento del 4,3%; y en el periodo cubierto entre 2014 (primer trimestre) y 2019 (cuarto trimestre), una vez superada la recesión provocada por el crack financiero, el nivel de empleo experimentó un crecimiento sustancial, un 17,8%, equivalente a unos 3 millones de nuevos puestos de trabajo.

¿Qué ha pasado entretanto con la pobreza salarial? Los últimos datos disponibles, facilitados por Eurostat, corresponden a 2020. En este año, la cifra de “working poors” (trabajadores cuyo ingreso se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, situado en el 60% del salario medio) superaba los 2 millones de personas, lo que representaba el 11,8% del empleo total. A nuestro país le cabía el dudoso honor de ocupar, junto a Luxemburgo, el segundo lugar en el ranking de la Unión Europea (UE), sólo por detrás de Rumania. En el conjunto del período examinado, tanto la cifra total como el porcentaje de pobreza salarial, aunque se mantienen en cotas muy elevadas, ha disminuido ligeramente. Para una correcta interpretación de los datos hay que tener presente que en momentos de crisis los trabajadores que primero salen, son expulsados, del mercado de trabajo (entre 2019 y 2020 la población activa retrocedió en torno al 1,5%) y que retornan al mismo con más dificultad son los que reciben salarios más bajos, lo que supone una mejora estadística del indicador, que no nos debe llevar a conclusiones equivocadas.

Además de que, como acabamos de ver, el aumento del empleo es compatible con altos niveles de pobreza salarial, la desigualdad en materia retributiva alcanza igualmente cotas elevadas. Los datos proporcionados en este caso por el Instituto Nacional de Estadística, que agrupa los salarios de las personas trabajadoras por niveles de ingreso, son reveladores de una situación marcada por la inequidad. A la espera de disponer de la información correspondiente a 2021, la diferencia en 2020 entre el decil de mayor y menor ingreso (en el primer caso, con un salario promedio de 4964 euros, y en el segundo, de 521 euros) era de más de 9 veces; y el resultado de comparar los deciles 4 al 7 (las clases medias) y el superior era de 3 veces. Ambas ratios han empeorado con respecto al año prepandémico, 2019.

Resulta evidente que este panorama nada tiene que ver con el axioma con el abríamos el texto, según el cual el empleo es la hoja de ruta para salir de la pobreza y aminorar la desigualdad; muy al contrario, una y otra están enquistadas en el sistema y no se reducen simplemente con el aumento cuantitativo de la ocupación. De modo que la información estadística disponible en absoluto cuadra con los encadenamientos virtuosos que antes hemos descrito y que son bandera del pensamiento económico dominante.

Conviene dejar claro, en primer término, que el problema no reside sólo, ni siquiera fundamentalmente, en la intensidad del crecimiento económico. Es cierto que el volumen de empleo está positivamente correlacionado con la aceleración del PIB, pero hay que formular sendas precisiones sobre el particular. Una, si contemplamos la evolución de ambas magnitudes desde el estallido de la crisis financiera, en 2008, el empleo siempre ha ido a la zaga del producto; otra, el volumen de ocupación en el tercer trimestre de 2021 todavía se encontraba por debajo del alcanzado en el cuarto trimestre de 2007. Como consecuencia de todo ello encontramos que, incluso en periodos de auge, la tasa de desempleo se mantiene en nuestra economía en niveles elevados, muy por encima del promedio comunitario.

Por lo demás, el desempleo real -que tiene en cuenta a las personas que estando en condiciones y en disposición de trabajar no figuran estadísticamente como desempleados- y el infra empleo -los que tienen contratos a tiempo parcial y desearían trabajar más horas, más de la mitad según el INE- nos muestra un panorama mucho más acorde con la realidad del mercado de trabajo. Si en la economía española, la tasa de desempleo oficial era en 2020 del 16,7%, más que duplicando la del conjunto de la UE, la ratio que combina desempleo real más infra empleo representaba en ese año el 27%. Este porcentaje se elevaría sustancialmente con la inclusión de los trabajadores con contrato temporal, que afectaba en el tercer trimestre de 2021 al 22% de todos los ocupados. Conforme a las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, alrededor del 85% de los trabajadores con esta modalidad de contrato desearían tener uno indefinido.

No se trata de una disputa estadística -si bien, como recomendación general, es mejor no ocultar ni disfrazar la realidad. El asunto es trascedente por cuanto pone el foco en un factor fundamental en la formación de los salarios: la existencia de una amplia capacidad de trabajo no empleada o infra empleada (ejército de reserva) que, al intensificar la competencia en la búsqueda o mejora del empleo, presiona a la baja las retribuciones de los trabajadores.

Un segundo factor que, al mismo tiempo, debilita el nexo entre crecimiento y empleo, y contribuye a la degradación de las condiciones trabajo es el amplio margen que tienen las empresas para aumentar la explotación de los asalariados. Por dos vías, básicamente. Por un lado, intensificando los ritmos laborales -reducción o supresión de tiempos muertos, reorganización de las cadenas productivas para trabajar más en menos tiempo, determinación de una parte del salario en función de los objetivos alcanzados…-; y, por otro lado, prolongando la jornada laboral a través de la realización de horas extraordinarias, pagadas y no pagadas. En este sentido, el INE calcula que el número de horas extraordinarias totales semanales en el tercer trimestre de 2001 superaba los 5 millones, de las que el 42 % no recibían ninguna retribución. Por estos procedimientos se reduce el salario real, aun cuando se mantenga intacto el salario nominal.

Un tercer elemento a considerar para explicar esa relación entre empleo, por un lado, y pobreza y desigualdad, por otro, es la prevalencia de las denominadas “políticas de oferta”, de las que se ha hecho depender, en buena medida, la obtención de mejoras en la productividad y la competitividad. Se tata de políticas que sitúan la contención de los salarios en el eje de los programas económicos y que se han articulado en torno a la introducción de reformas en los mercados de trabajo, que, con la justificación de hacerlos más flexibles, no tenían otro objetivo que alterar la relación de fuerzas dentro de las empresas en beneficio de los intereses del capital. Este ha sido el sentido último de las llevadas a cabo tanto por el Partido Socialista Obrero Español como por el Partido Popular, especialmente la del gobierno presidido por Mariano Rajoy.

Un cuarto y último aspecto a tener en cuenta, en una enumeración que en modo alguno pretende ser exhaustiva, es la supuesta relación entre moderación salarial y creación de puestos de trabajo. Quienes defienden la existencia de ese trade-off, argumentan que el aminoramiento de los costes laborales alienta la creación de empleo por parte de las empresas. Una falacia más, revestida de sentido común inapelable, que ignora que los costes laborales constituyen una parte relativamente reducida de los costes totales de las firmas, que su reducción ni las hace más productivas ni más competitivas, y que tan sólo contribuye a alimentar una cultura profundamente conservadora entre los empresarios sostenida en la confiscación de renta y riqueza a los trabajadores.

En resumen, nuestra economía ha generado una notable cantidad de empleo, que, sin embargo, no es suficiente ni en cantidad ni, sobre todo, en calidad. El desempleo real, contando el infra empleo, se mantiene en niveles elevados, lo mismo que la pobreza y la desigualdad salarial. No estamos ante un desequilibrio coyuntural que se pueda resolver con un plus de crecimiento, que por lo demás ya muestra signos de debilitamiento y, quizá lo más importante, es insostenible e indeseable desde el punto de vista de la aceleración del cambio climático, la degradación de los ecosistemas y la inequidad que contribuye a generar. Tampoco cabe enfrentar este desafío con la reforma laboral consensuada entre el gobierno, las patronales más importantes y los sindicatos mayoritarios, que, pese a sus evidentes avances en relación a las precedentes, se ha quedado muy corta y deja un amplio margen para que las políticas de represión salarial se mantengan o incluso se intensifiquen.

La creación de empleo decente -salarios dignos y plena garantía de los derechos sindicales y ciudadanos-, la reducción de la pobreza y la desigualdad en el mundo del trabajo hace imprescindible y urgente un replanteamiento en profundidad e inaplazable de la política económica, social, laboral y medioambiental.

Fernando Luengo Escalonilla,

Economista

https://fernandoluengo.wordpress.com

@fluengoe