ERC y Junts per Catalunya se comprometieron a no dar viabilidad a ningún proyecto de implantación de parques eólicos o de placas fotovoltaicas en tierras de alto valor agrícola o de regadío, en tierras de protección especial o que puedan afectar hábitats y especies amenazados o que planteen serias objeciones desde el punto de vista paisajístico, ambiental, agrícola, urbanístico y de patrimonio cultural. Así lo dejaron escrito en el acuerdo que hizo posible la investidura de Pere Aragonès como president de la Generalitat.

Este compromiso tendría que alterar la dirección que ha tomado la llamada “transición energética”, que de momento parece que se encuentra bajo control de oligopolios y transnacionales. Hace tiempo que las organizaciones ecologistas, tradicionalmente implicadas en la defensa de las energías verdes, habían dado la voz de alerta sobre sus limitaciones ambientales. Ahora, los macromolinos de viento ya implantados y las hectáreas de tierras cultivables ocupadas por extensiones de placas solares, junto a la avalancha de nuevos proyectos, han levantado protestas en las comarcas ya afectadas, sobre todo en el sur de Catalunya, que se ha llevado la peor parte del despliegue, y en las que viven con la perspectiva de ver transformados sus campos, montañas y costas en parques eólicos y solares.

“Renovables sí, pero no así”, “La energía renovable si no es justa no es limpia”, gritaban en L'Escala (Alt Empordà) centenares de personas preocupadas por los anuncios de creación de un parque eólico marino en el golfo de Roses, por los proyectos de instalación de molinos en L'Albera o las placas fotovoltaicas que se quieren implantar masivamente entre el Empordà y el Gironès. Y como esta, otras tantas manifestaciones en todo el territorio catalán, en las que se han implicado presencialmente, junto a activistas y militantes ecologistas, miembros de entidades culturales y sociales, equipos de gobierno municipal, parlamentarios, agricultores, ganaderos, pescadores, estudiantes, trabajadores y pequeños empresarios de diferentes sectores.

Pere Aragonès en el debate de investidura habló sobre la voluntad de apostar "de manera decidida por la economía verde” y sobre la necesidad de promover “un cambio cultural”, sobre “cómo producimos y como consumimos” en nuestra sociedad. “El pacto nacional por la transición ecológica, el pacto nacional por la industria se tienen que hacer de nuevo”, aseguró.

ERC y Junts se habían comprometido a aprobar una Ley de Transición Energética en favor de una “energía limpia, democrática y de kilómetro 0”, a incentivar la “implantación de energías renovables en suelos urbanos, periurbanos e industriales” y a “estudiar mecanismos de compensación para aquellos territorios con mayor carga de producción en relación a su consumo de energía”.

¿En qué se concretará todo esto?

Ninguna persona mínimamente sensata discute la necesidad de hacer frente a la emergencia climática. Y el concepto “emergencia” significa que nos encontramos frente a un grave problema que exige actuación inmediata.

La Unión Europea trabaja con la perspectiva de conseguir una economía climáticamente neutra, con una fecha límite, el año 2050. Se trataría de conseguir, hipotéticamente, la descarbonización absoluta de la producción y el consumo de energía, pero sin renunciar a la ambición compulsiva de mover capitales, mercancías y personas. Tal como señaló el ecologista Juanjo Álvarez en una entrevista, los programas de la UE por la cuestión ecológica “son marketing verde puro, porque están diseñados para ser ejecutados por multinacionales”.

Hay que destacar los datos que aportan algunos expertos, como Antonio Turiel, que hace tiempo que advierte sobre la caída inevitable de la producción de petróleo y que pone en entredicho la posibilidad de mantener el actual modelo de movilidad basándose en fuentes de energías renovables y vehículos eléctricos.

Turiel también señala que la instalación de sistemas renovables exige una gran cantidad de combustibles fósiles y que estas estructuras tienen una vida útil de unos 20 o 30 años. Cuando pase este tiempo habrá que sustituirlas y difícilmente se podrán reciclar.

La sustitución de combustibles fósiles por electricidad representa un reto extremadamente difícil de asumir y, además, tal como explica otro estudioso de las causas y efectos del calentamiento global, el ecólogo sueco Andreas Malm, si el consumo de energía y la producción siguen aumentando, “una economía mundial totalmente electrificada y renovable causaría estragos en el ecosistema”.

El consumo de energía en los países más desarrollados es evidentemente excesivo, pero buena parte de la humanidad no tiene ningún tipo de responsabilidad directa ni indirecta en este hecho. Hay que tener presente que, en realidad, centenares de millones de personas no tienen ningún acceso a la electricidad.

Es necesaria la articulación de modelos alternativos suficientemente eficientes para responder a las necesidades elementales de todo el mundo, modelos que detengan al mismo tiempo la expansión de la producción y hagan posible el ahorro de energía en aquellos espacios y sociedades en las cuales se derrocha.

En lo referente al consumo, los excesos en la movilidad representan un problema más que importante, porque la mayor parte del petróleo que consumimos se destina al transporte. Pero no se trata solo de cambiar coches y camiones de gasolina o gasóleo por otros eléctricos, porque no hay materiales suficientes para realizar esta sustitución ni red eléctrica que lo soporte. Hay que conducir menos y, tal como dice Andreas Malm, "algunas personas lo tendrían que conducir mucho menos".

Hay que tener en cuenta también el impacto ambiental del transporte aéreo y la necesidad de restringirlo, si es que se quiere poner solución al calentamiento global y progresivo del planeta. Ese es el motivo por el cual las organizaciones ecologistas reclaman la paralización del proyecto de ampliación del aeropuerto de El Prat, en contra de lo que ambicionan y exigen los lobbies económicos.

En cuanto a la producción, cada vez resulta más evidente para más personas la necesidad de aprovechar las fuentes de energía renovable próximas a los lugares de consumo, porque estas fuentes existen y el que hace falta es voluntad de cambiar de modelo.

En este sentido conviene reseñar el decálogo que elaboró la Associació de Micropobles de Catalunya, en el cual reclamaron a las administraciones una “planificación participativa del despliegue de las renovables”, para hacer posible la transición progresiva de la estructura vertical actual, que deja la energía bajo control de los oligopolios, a otra basada en instalaciones pequeñas en manos de la ciudadanía. Hay que reducir y minimizar la implantación de grandes centrales de producción de renovables en suelo no urbanizable, se explica también en este texto, “para evitar la industrialización de buena parte de los paisajes naturales y rurales que constituyen el alma del territorio”.

Hay que descartar los modelos gigantescos, destructores y contaminantes, pensados solo en clave de beneficio financiero y aprovechar localmente el sol, la fuerza del agua y el viento, pero esto no puede depender de la conciencia individual, el compromiso social y la capacidad económica de cada cual. Solo será posible con legislación, directrices políticas y la capacidad ejecutiva de la Administración.