Vicenç Navarro

Catedrático Emérito de Ciencias Poíticas y Políticas Públicas Universitat Pompeu Fabra

El discurso que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dio a raíz de la exhumación del dictador Franco del monumento al Valle de los Caídos refleja la enorme actitud acrítica (con vocación sesgadora y, en ocasiones, ocultadora) que el establishment político-mediático español ha mostrado durante todo el período democrático para definir el sistema de gobierno existente en este país. Desde el período de la Transición (presentada como modélica) de la dictadura a la democracia hasta la retirada de la tumba del dictador de su mausoleo (acto considerado como el fin de la Guerra Civil), tal establishment ha presentado la democracia española como un régimen ejemplar, homologable a cualquier otra democracia europea. En realidad, el mismo Pedro Sánchez llegó a definir el sistema democrático español como uno de los mejores que hoy existen en el mundo.

Tales hipérboles expresan un desconocimiento abrumador de lo que ha estado ocurriendo en este país durante su período democrático, o un cierto cinismo utilizado frecuentemente en períodos electorales por personas que confunden “patriotismo” con la expresión de un orgullo de pertenencia a un sistema político que perpetua una enorme injusticia, definiéndolo como lo opuesto de lo que es a fin de ocultar la denunciable realidad en que vivimos. Toda la evidencia existente (pero no siempre dada a conocer) muestra que ni la Guerra Civil fue un conflicto entre las dos mitades de España (las famosas dos Españas), ni la Transición fue modélica, ni la exhumación de los restos del dictador implican el fin del franquismo en las instituciones del Estado español ni en la sociedad en la que vivimos. La mejor prueba de lo último es que un artículo como el que firmo no se publicaría en ninguno de los principales medios de comunicación –prensa y televisión- de este país, rechazándolo como “extremista”. Y ello a pesar de que la evidencia de la certeza de lo que estoy diciendo es abrumadora y bien conocida en muchos países en los que viví durante mi largo exilio (Suecia, Reino Unido y EEUU). Es más, mi avanzada edad, y proviniendo de una familia republicana, represaliada por el régimen conocido en España como franquista (pero conocido internacionalmente como fascista), sé de lo que hablo, pues conocí de primera mano la realidad que describo (ver Una breve historia personal de Catalunya y España: entrevista a Vicenç Navarro de Elvira de Miguel, 2017).

Primera falsedad: la mal llamada Guerra Civil no fue una guerra fratricida entre españoles

En primer lugar, la Guerra Civil fue el intento de interrumpir, por parte de las oligarquías del país, un proceso transformador de las estructuras económicas, políticas y culturales de España llevado a cabo por un gobierno progresista, democráticamente elegido durante la II República. Tal intento fue exitoso porque el golpe militar fascista tuvo el apoyo masivo de las fuerzas militares del Estado nazi (liderado por Hitler) y del régimen fascista italiano (liderado por Mussolini). La resistencia frente al golpe militar (golpe que sus promotores habían calculado que se habría impuesto en cuestión de semanas) por parte de las clases populares duró tres años, y ello a pesar de que la ayuda militar a la República fue muy limitada, proveída solo por la Unión Soviética y México. Fue, como bien indicó el embajador de EEUU en España en aquel entonces, una minoría que contaba con el apoyo del Ejército, de la Iglesia y de los poderes oligárquicos que dominaban la vida económica del país, en contra de la gran mayoría de la población. En realidad, la enorme crueldad de los golpistas (que se autodefinieron como los “nacionales”) mostrada tanto en la realización del golpe militar como en el período de la dictadura que le siguió era resultado de que eran conscientes que tenían a la mayoría de la población en contra. El dictador fue muy explícito en el objetivo de la brutal represión, instruyendo que se eliminara a todo el que no pensara como él, dando lugar, como consecuencia, a lo que Paul Preston ha definido como genocidio. Según el profesor Malefakis, de la Universidad de Columbia (Nueva York), el mayor experto en fascismo europeo, “por cada asesinato político que cometió el régimen de Mussolini, el de Franco cometió 10.000”.

La segunda falsedad: la Transición no fue modélica

La segunda hipérbole del establishment político-mediático español fue definir la Transición como modélica (uno de cuyos promotores, Santos Juliá, de El País, falleció hace solo unos días, recibiendo un gran homenaje por sus servicios a la democracia española), cuando fue enormemente inmodélica, pues los franquistas controlaban los aparatos del Estado (así como la mayoría de medios de información), mientras que las fuerzas democráticas (lideradas por las izquierdas) estaban en la cárcel, en el exilio o en la clandestinidad. Es cierto que fueron las clases populares (y muy en especial las clases trabajadoras) las que, con sus huelgas políticas y movilizaciones, forzaron un cambio (España tuvo el mayor número de huelgas políticas en Europa desde 1974 a 1978, en términos proporcionales). Pero en las mesas de negociación y pacto, las ultraderechas dominaban todos los resortes del poder. Y como consecuencia, la democracia resultante fue muy limitada, dando lugar a un Estado del Bienestar muy insuficiente. Hay un dato que lo resume todo. Incluso hoy, España es uno de los países de la UE-15 que tiene más policías por cada 100.000 habitantes y, a la vez, menos adultos trabajando en los servicios públicos del Estado del bienestar (tales como sanidad, educación, servicios sociales, vivienda y un largo etcétera). Vean los datos (en mi libro Bienestar insuficiente, democracia incompleta. Sobre lo que no se habla en nuestro país, Editorial Anagrama, 2002) y lo verán. La escasez de derechos políticos, laborales y sociales en un país siempre va acompañada de un gran desarrollo del aparato represivo del Estado. Y España es un claro ejemplo de ello.

Consecuencias del olvido histórico: la persistencia de la cultura franquista

El efecto de todo ello es que la cultura franquista continúa muy extendida. Casi el 80% de la población que vota al partido de las derechas españolistas, el PP (partido heredero de Alianza Popular, fundado por cinco ministros del gobierno dictatorial), por ejemplo, estaba en contra de la exhumación del dictador. Tal partido está claramente imbuido de la cultura franquista y ha sido uno de los dos partidos que han configurado la vida política del país. Y la Iglesia Católica, que fue, junto con el partido fascista, la Falange, el eje ideológico del régimen dictatorial, continúa teniendo un protagonismo y apoyo estatal inauditos en cualquier otro país democrático de la Unión Europea. Y a través del sistema escolar concertado, la Iglesia continúa teniendo un gran apoyo financiero del Estado, educando a través de tal sistema al sector de la población (alrededor del 30% de la juventud e infancia) proveniente de las clases más pudientes, con más recursos que las clases populares, educadas en el sistema público. Y desde el mundo universitario al mundo mediático, los hijos y nietos de los vencedores de la mal llamada Guerra Civil son la gran mayoría de los que dirigen tales instituciones. Miren los datos y lo verán.

La desmemoria de la memoria histórica

Otro de los indicadores de las grandes deficiencias y carencias de la democracia existente es que las leyes y sentencias del régimen dictatorial continúan vigentes. En este sentido, hay que subrayar que el aplauso al presidente Zapatero, hecho recientemente por varios comentaristas al aprobar este la Ley de Memoria Histórica, ignora la enorme timidez de sus reformas, pues tal ley se negó a derogar las sentencias y condenas del régimen fascista que afectó, entre miles de personas, a familiares míos. Como bien indicó en su día el magistrado emérito Martín Pallín, “la Ley de Memoria Histórica dejó sin alterar aquellas condenas”. En realidad, dicha ley no incluyó la propuesta hecha por el diputado Llamazares, de Izquierda Unida, de que declararan nulas las sentencias y condenas emitidas por los consejos de guerra y por los tribunales de Franco, que habían violado sus derechos fundamentales. Los diputados del PSOE, liderados por el presidente Zapatero, respondieron indicando que “el gobierno no tiene intención de anular las sentencias de los juicios sumarísimos del franquismo, ya que supondría una ruptura del ordenamiento jurídico”. En este sentido, la comparación con lo ocurrido en Alemania e Italia (donde las sentencias dictadas bajo los regímenes de Mussolini y Hitler fueron inmediatamente y radicalmente anuladas) muestra la enorme debilidad de la mal llamada Memoria Histórica Española; mientras tanto los desaparecidos continúan desaparecidos, siendo España el país, después de Camboya, que tiene mayor porcentaje de desaparecidos por causas políticas en el mundo. En realidad, la ley 52/2007 fue una experiencia fallida. Las víctimas continúan ignoradas. En realidad, tal ley proponía “facilitar” la búsqueda de desaparecidos, cuando, como bien dice Juan Miguel Baquero en su excelente libro El país de la desmemoria, lo que se necesitaba era, más que facilitar, garantizar que se hiciera, algo que no ha sucedido.

Pero lo que es incluso peor que la falta de sensibilidad democrática hacia las víctimas del fascismo (que son millones y no miles si se incluye la diáspora republicana esparcida por el mundo incluyendo, de nuevo, familiares míos) es que no ha habido un intento del Estado, supuestamente democrático, de corregir las falsificaciones de la historia de España que todavía se enseñan en las instituciones educativas en el país. La cultura dominante continúa explicando la Guerra Civil como un conflicto entre dos partes iguales, entre miembros en muchas ocasiones de la misma familia, convirtiéndose en una lucha entre hermanos que llama a ser solucionada con una reconciliación como solución a las tensiones entre los dos bandos. Esta postura –que implica una supuesta neutralidad entre dos bandos opuestos– alcanzó un nivel máximo de obscenidad (no hay otra manera de decirlo) cuando el ministro de defensa del gobierno socialista Zapatero, José Bono, hizo desfilar, en el día de la Hispanidad, a luchadores derrotados en la defensa de la II República (pero vencedores en la II Guerra Mundial, que lucharon como parte de las fuerzas aliadas contra el nazismo) junto a personas que lucharon en el frente nazi europeo en contra de la URSS. No se ha enseñado en España lo que fue la II República (que continúa “demonizada” incluso por algunos sectores de las izquierdas), una de las épocas más creativas e innovadoras, convirtiendo a España en uno de los países más avanzados de Europa, aprobando legislación –como el derecho al aborto– mucho antes que Francia, Italia y otros países europeos. En realidad, muchas de sus reformas despertaron un gran interés en el resto de Europa (lo cual explica que los establishments políticos de tales países europeos no quisieran que sus gobiernos apoyaran a la II República, pues temían que tales medidas los “contaminaran” y aparecieran también en sus propios países). Esta fue una de las causas de que las democracias europeas no apoyaran militarmente a la II República.

¿Por qué las enormes deficiencias de la ley de memoria histórica?

Las limitaciones de la Ley de la Memoria Histórica son la mejor prueba de que la democracia continúa siendo muy limitada en España como consecuencia de la fortaleza de la cultura franquista en el país –que todavía persiste tras 41 años de régimen democrático–. Esta fortaleza explica también el comportamiento diferencial del Estado español en cuanto a la impunidad de los crímenes cometidos por los golpistas fascistas de 1936 y de la dictadura que se impuso, y en cuanto al desprecio del mismo Estado hacia sus víctimas. Pero entre ellas, las más olvidadas fueron las que murieron fuera de España o estuvieron en el exilio o encarceladas en las prisiones o campos de concentración nazis. Y, de nuevo, lo pude seguir de cerca, pues una tía mía, republicana, que luchó contra el golpe militar fascista en España, tuvo que dejar el país, derrotada, y una vez en Francia inició con otros españoles la resistencia antinazi, siendo deportada a un campo de concentración nazi. El gobierno francés del General De Gaulle la condecoró y recibió una pensión hasta el día de su muerte. Del Estado español, nada. Y cuando se pide que homenajee a los luchadores del lado republicano, se responde que es mejor no mirar al pasado, o que no hay que abrir las heridas, asumiendo erróneamente que están cerradas. El cinismo del poder no tiene límites.

A la luz de todo lo dicho, es sorprendente que algunas fuerzas políticas creyeran, por lo visto, que el Estado español era un Estado democrático (que lo es), homologable a cualquier otro país democrático (que no lo es). El hecho de que se escandalicen de la dureza de la sentencia del Tribunal Supremo parece transmitir una visión ingenua y falsa que tenían de lo que es el Estado español. Tal Estado no representó una ruptura, sino una apertura (sin duda muy importante, pero insuficiente en muchos aspectos) del Estado dictatorial anterior. Y los presos independentistas deberían haber sido plenamente conscientes de ello, pues algunos de ellos utilizaron el mismo Tribunal Supremo, dirigido también por el mismo juez que dictó esas duras sentencias, Manuel Marchena, para denunciar al movimiento 15-M por rodear el Parlament de Catalunya (forzando al entonces presidente de la Generalitat a llegar en helicóptero) el día que tenían que aprobarse los presupuestos de austeridad, consiguiendo que condenaran a 8 de sus dirigentes a 3 años de cárcel. El Sr. Homs, coordinador de las defensas de los líderes independentistas fue instrumental en conseguir tal pena.

Mi visión y mi experiencia es que tales fuerzas secesionistas están profundamente equivocadas y ello ha llevado al país a un desastre. Y lo que es peor es que ilusionaron a toda una juventud diciéndole que el cambio era posible ahora y unilaterlamente (y en contra de la mayoría de la ciudadanía de Catalunya). De ahí su enorme frustración. Aquel sueño se convirtió en una pesadilla, pesadilla para ellos y para todos los demás, que se podría haber evitado si se hubiera conocido la historia real del país. Han hecho un gran daño a las clases populares de Catalunya y del resto de España, pues han movilizado de nuevo a las derechas (que siempre han sido profundamente conservadoras, reaccionarias y represivas) dificultando así el progreso democrático, social y plurinacional de España. El hecho de que el Estado español sea el primer responsable de los problemas que existen en España, consecuencia de la persistencia del franquismo en amplios sectores del Estado y de la población, fruto de la desmemoria histórica, no diluye la responsabilidad de las fuerzas secesionistas en haber alcanzado la situación actual, donde el bienestar y calidad de vida de las clases populares de Catalunya y del resto de España ha alcanzado un deterioro sin precedentes.