La educación segregada, la separación escolar de los niños y las niñas, es discriminatoria, trasnochada por lo que se refiere a las costumbres españolas y nociva desde un punto de vista pedagógico. Por eso queda fuera del espíritu actual marcado por las leyes de la nación y por eso el Tribunal Supremo ve improcedente que el dinero público subvencione colegios dispuestos a mantener unos hábitos que favorecen la desigualdad entre los hombres y las mujeres.

El ministro de educación ha puesto en duda esta lógica al comentar la reciente sentencia del Tribunal Supremo que niega el derecho de dos colegios segregadores del Opus Dei a recibir ayuda económica del Estado. Buena parte de la opinión progresista española se escandaliza una vez más con las declaraciones de José Ignacio Wert. Junto a su compañero de Justicia, el ministro de Educación ha decidido representar con gusto uno de los papeles reaccionarios que necesita la estrategia de este Gobierno. Se trata de reunir las viejas obsesiones de la extrema derecha clerical con el liberalismo económico de aspecto democrático. Una tarea muy desagradable. Las sonrisas de Wert son de las más tristes que hay en España. Pero si pensamos las cosas con detenimiento, la resolución del Tribunal Supremo es tan incómoda para la conciencia democrática como las declaraciones tradicionalistas del ministro.

El ministro quiere subvencionar los colegios del Opus porque es partidario con todas sus consecuencias de favorecer la enseñanza privada. El neoliberalismo pretende expulsar a las clases medias de la educación y la sanidad públicas. Se degradan los servicios que ofrece el Estado y se favorece su conversión en ámbitos de negocio particular. Cuando sólo los pobres utilicen la educación pública, los colegios serán casas de misericordia. Esta es la lógica final de los recortes, y en este sentido no es contradictorio que –aunque se repita mucho la palabra ahorro– se inviertan grandes cantidades de dinero público en la educación privada. La mecánica de Wert tiene los mismos engranajes que la Comunidad de Madrid cuando degrada su sistema educativo en nombre de la crisis y asume los gastos familiares en educación privada a través de la desgravación fiscal.

¿Y la sentencia del Tribunal Supremo? Niega el derecho a las subvenciones públicas porque en los colegios, según la ley, hay discriminación. Después de este razonamiento, la conciencia democrática no puede quedarse tranquila. ¿Debemos asumir la existencia de colegios segregadores y discriminatorios, aunque se sostengan con dinero privado? El hecho de que las élites cuenten con recursos propios no justifica una realidad escolar enemiga de la igualdad de oportunidades y partidaria del clasismo y la segregación desde el parvulario. El peso de la Iglesia en España nos lleve sostener casi siempre las discusiones educativas sobre asuntos de carácter religioso. Pero el debate afecta también de forma muy profunda a los colegios de pago. Las élites económicas se muestran poco partidarias de la democracia desde la propia raíz de la convivencia: la educación.

La democracia no puede quedarse tranquila con la desigualdad escondida en los disfraces de la sonrisa tolerante. No conviene confundir la educación democrática con el derecho de las élites a fundar colegios propios según sus credos particulares y su poder económico, discriminando desde el principio a la inmensa mayoría de los ciudadanos. Clásicos del pensamiento pedagógico como Lorenzo Luzuriaga nos enseñaron que la educación democrática es inseparable del ideal de una escuela compartida en condiciones de igualdad por toda la infancia de un país. Dentro de los totalitarismos que agraden nuestra libertad, hoy tiene especial crueldad la dictadura del dinero.