El de la prima de riesgo, se supone. O el que los mercados atribuyen a esta paradójica desembocadura de tres mil años de historia en los que pasamos de ser colonia fenicia a imperio mundial y, finalmente, a colonia del Bundesbank. Sin embargo, sorprende notablemente que cuando miles de catalanes quieren dejar de ser españoles, otros muchos miles de personas tengan que pagar por serlo.

Esta semana, entró en vigor la reforma del Registro Civil que extiende la fórmula del pago de tasas judiciales al trámite para la obtención de la nacionalidad por residencia, hasta ahora gratuito; lo que permitirá a los nacionales de otros países participar de la deconstrucción de un país donde la justicia ya no es universal y gratuita sino adecuada al bolsillo de quien demande sus servicios. Diez años de residencia legal y continuada en España se exige a los que quieran entrar como socios de pleno derecho a la España de Frascuelo y de María, de espíritu burlón y de alma quieta. Pero pueden ser quince, o los que fueren, ya que entran otras variables. Quieran los dioses de las ventanillas, por otra parte, que no confundan antecedentes policiales con antecedentes penales porque antes entrará un rico en el reino de los cielos que cualquiera de ellos en el reino de Felipe VI.

El pack completo para la obtención del DNI vendrá a salirles por más de 300 euros, entre las polizas administrativas, los documentos compulsados y las matrículas para los distintos exámenes que deben superar. La España del vuelva usted mañana reaparece como reválida para quienes quieran ser compatriotas de Rodrigo Rato, Luis Bárcenas, Cristina de Borbón o Iñaki Urdangarín, para quienes quieran presumir de compartir bandera con Kiko Rivera, las Supremas de Móstoles o Monseñor Antonio Cañizares, arzobispo de Valencia, y su conocido número cómico de no todo es trigo limpio y los que parecen refugiados son el caballo de Troya de los sarracenos.

Cualquier refugiado, sea del trigo que sea, tendrá que pasar cinco años en nuestro país para aspirar a compartir destino con semejante tropa, a la que sin duda también debemos sumar por ahora a José Manuel Caballero Bonald, Isabel Coixet, Pau Gassol o Leonor Watling, entre otros muchos y otras muchas. Dos años si son hijos de la comunidad iberoamericana, para participar del compatriotismo con una estirpe capaz de tirar a las cabras por los campanarios o hacerlas desfilar con la Legión. Un año tan sólo si nacieron en la tierra de los duques de Alba o fueron tutelados por algún españolito de los que ya Dios dejó de guardar hace tiempo.

Para el resto, diez años y un día habrán de pasar para que les permitan arrear la mosca de cien euros por iniciar el procedimiento para la obtención de la nacionalidad española, con independencia de que tenga finalmente éxito en tales propósitos. ¿Constituirá acaso una especie de fianza por si alguna vez se arrepienten y deciden quedarse de nuevo como estaban antes de compartir pasaporte con esta gente tan rara cuyos principales partidos siguen jugando al cuerpo a tierra que vienen los nuestros? Puede que el Estado español termine creando la figura del inspector de nacionalizados y compruebe si han causado algún tipo de desperfecto en el país antes de devolverles los cien machacantes para que puedan abandonar esta casa común con la conciencia tranquila.

Si tuvieran la desgracia de no compartir la lengua de Miguel de Cervantes y de Belén Esteban, por no proceder de algún país donde dicho idioma sea oficial, tendrá que someterse a una prueba en el Instituto Cervantes para obtener el Diploma de español DELE, en un nivel A2 o superior, a razón de 121 euros de matrícula. Hata ahora no hacía falta más título homologado que chamullar nuestra jeringonza a un nivel similar o superior al de Mourinho.

Hable esperanto o bable, el aspirante a la nacionalidad tendrá que enfrentarse a una pintoresca Prueba de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE), ese examen que hasta la fecha quedaba al albur de la subjetividad de los funcionarios de turno, que lo mismo podían preguntar por los ingredientes de la paella que por la fecha exacta de la batalla de Calatañazor. A partir de ahora, ese cuestionario que haría las delicias de Groucho Marx queda hoologado a través de un examen tipo test de 25 preguntas, a través de cinco tareas a copletar en 45 minutos. De dichos interrogantes, con una terna de respuestas o un verdadero o falso en otros casos, los españolables tendrán que acertar quince de tales cuestiones, previo pago de otros 85 euracos. Una formación idónea para participar en Pasapalabra, en Ahora Caigo o en cualquier elección de reina de una feria.

¿Qué preguntas le aguardan? Algunas están contenidas en la web del Instituto Cervantes que, a partir de ahora, se convierte en la Isla de Ellis para quienes quieran conquistar con todas las de la ley las verdes praderas del Estado español. Desde como se llama el telediario a como se denomina el clima de Canarias o los carnavales de Cádiz: ¿por qué no el botillo de León, por cierto? ¿Se encuentra cualquier español con los papeles en regla suficientemente capacitado para responder positivamente a preguntas del tipo: "antes de ser nombrado por el Rey, el presidente de Gobierno debe recibir la confianza de..."; "La enseñanza de las lenguas cooficiales es competencia de..."; o "La baja por maternidad en España, de carácter general por un solo hijo, puede ser de hasta..."?. Pardiez, a ver si nos quitan lo único que tenemos, la nacionalidad. Y Rajoy tampoco nos dejó claro en una reciente entrevista si tenemos o no nacionalidad europea como una especie de comodín del público en este extraño concurso en el que mucha gente se juega el resto de su vida.

Un carnet de identidad español tampoco le eximirá de que un vigilante de seguridad se propase con ellos en un edficio público de Tarragona, tal como demuestra un video grabado con un móvil que arrasa como un virus en las redes sociales. Pero, al menos, les permitirá militar en el Partido Popular y asistir en directo a la caída del imperio de Génova, viviendo situaciones de pánico como si viajaras a bordo del Dragón Khan o de cualquier otra atracción intrépida, mientras Cristobal Montoro se despacha a gusto con sus compañeros de partido y sigue sin dirigirse la palabra con García Margallo, quien le llama iletrado en público, mientras la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría entra y sale del Consejo de Ministros, en función de si hay decisiones que afecten o no a los negocios de su familia. O tal vez prefieran afiliarse al PSOE que es un circo al que le ha creciddo esta semana Irene Lozano para jugar al más difícil todavía: cuando parece que empieza a subir en las expectativas de votos, los de Pedro Sánchez convulsionan en un aquelarre propio de Halloween que, a dos meses de las elecciones, podría malpararles en las encuestas. Sin nacionalidad española, los extranjeros que ya llevan años participando de nuestras rancias costumbres cainitas, no podrán ejercer el sufragio el 20-N, sin decantarse por los partidos tradicionales ni optar entre salvar de la caída libre a Podemos y a Izquierda Unida o votar a Ciudadanos, que está a punto de ganar los comicios, no tanto por sus propias virtudes sino por los pecados ajenos.

Las cifras de nacionalizados, en cualquier caso, siguen siendo ridículas si se tiene en cuenta que en la Unión Europea, hoy por hoy, sigue habiendo alrededor de once millones de personas sin papeles. Al margen de la Ley y al margen de los derechos. Algunos tuvieron en ciertos momentos permisos de trabajo o de residencia, pero terminaron perdiéndolos cuando también perdieron su empleo y su esperanza. Tan sólo 71383 lograron convertirse en españoles en el año 2013. La mayoría de ellos, por cierto, en Cataluña, otra rareza más de este país cuya idiosincrasia sólo se entiende con años de experiencia y no de estudio. Cueste lo que cueste, vivir aquí no tiene precio.