Desde la crisis en la que dejaron quebrar sus bancos, metieron en la cárcel a sus ejecutivos, se negaron a pagar la factura ilegítima de la bancarrota y derribaron al Gobierno tras sentar en el banquillo al primer ministro, los islandeses siguen dando lecciones al mundo. La última, en vigor desde el 1 de enero, ha consistido en proscribir la brecha salarial entre mujeres y hombres pero no como una mera proclamación retórica. Una ley obligará a empresas e instituciones a demostrarlo si quieren obtener un certificado de igualad salarial o enfrentarse, en caso contrario, a fuertes multas.

A las recetas islandesas siempre le surgen escépticos que aluden a que lo que es posible en un país de 323.000 habitantes no lo sería en otros de mayor dimensión, como si el tamaño en este caso fuera lo importante. Fue el argumento que usó el FMI cuando tuvo que rendirse a la evidencia y constatar que su manera de salir de la crisis, al margen de las herramientas tradicionales, fue efectiva. Y posiblemente será a lo que se aluda ahora para no seguir su ejemplo y consentir una discriminación que atenta contra la dignidad y el sentido común.

Islandia ya encabezaba el ranking de países con mayor igualdad de género y era el que más habría reducido la brecha salarial en los últimos diez años. Sus mujeres habían protagonizado una protesta el 24 de octubre de 2016, seguida luego en otros países. Ese día abandonaron sus puestos de trabajo antes de cumplir la jornada para denunciar lo injustificado de sus diferencias salariales. El mismo informe del Foro Económico Mundial que certificaba el liderazgo islandés situaba a España en el puesto 24 de una lista de 144 países, tras retroceder 13 posiciones desde 2006.

Si en 2007, según los datos del INE, el salario medio anual de las mujeres españolas era un 25,6% inferior al de los hombres, una década después la diferencia se había reducido sólo hasta el 23,2%. O dicho de otra manera: los hombres percibían de media 25.727,24 euros y las mujeres 19.744,82 euros, casi 6.000 euros menos.

No se trata de que los convenios asignen salarios distintos a hombres y mujeres, lo que sería abiertamente ilegal, sino que los empleos son distintos. Privadas de una conciliación efectiva, las mujeres son empujadas a aceptar trabajos a tiempo parcial, con remuneraciones más bajas, y son excluidas de los puestos de más responsabilidad, con salarios más altos, de manera arbitraria. Con datos de CCOO, las asalariadas con contrato indefinido a jornada completa ganan un 15% menos que sus colegas varones, las indefinidas a tiempo parcial un 8% menos y las temporales a tiempo parcial tienen un salario un 6% inferior. Todo ello determina lógicamente que la brecha se mantenga en la jubilación, con diferencias de hasta el 38% en la cuantía de las pensiones.

La ley de Igualdad de la que se vanagloriaba el expresidente Zapatero en su décimo aniversario supuso avances innegables en lo relativo al acceso igualitario al empleo, fundamentalmente en la Administración Pública, y en presencia pública de las mujeres, pero su falta de desarrollo la han convertido en papel mojado. Poco podía esperarse del PP, que recurrió la ley al Constitucional por entender que la paridad en las listas electorales restringía los derechos de las personas “en atención a su género”.

El escándalo de la brecha salarial en España, que provoca que las mujeres vengan a trabajar gratis desde noviembre hasta las campanadas de fin de año, llevó en octubre a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, a anunciar que el Gobierno pretendía promover por ley que las empresas informaran regularmente de los sueldos de sus trabajadores, desglosando “por género” la remuneración fija y los complementos variables, que es donde las diferencias se agigantan. Aunque no se hablaba de multas, Báñez, que ese día estaba desatada, animaba además a las empresas a realizar auditorías salariales y a registrar planes de igualdad, que teóricamente son obligatorios para las sociedades de más de 250 empleados. De aquello nunca más se supo.

La experiencia aconseja dudar de que el ejemplo islandés refresque la memoria de Báñez. Según el informe ya citado del Foro Económico Mundial, al ritmo actual harán falta 170 años para que las mujeres se equiparen salarialmente a los hombres. En 2186, que es la fecha prevista, puede que el mundo ya no exista si a Kim Jong Un y Trump, que ahora juegan a ver quién lo tiene más grande, les da por apoyarse con el codo en sus respectivos botones nucleares rojos. Sería la forma más rápida de acabar con la discriminación y un quebradero de cabeza menos para la ministra. Eso, o fomentar la emigración de españolas a Islandia, que siempre será más educativo y menos cruento.