El debate de totalidad de los Presupuestos Generales del Estado para 2016 ha servido para la escenificación de un nuevo acto del espectáculo político dirigido y protagonizado por Mariano Rajoy durante los últimos cuatro años. Un espectáculo que empezó nada más levantarse el telón de la campaña previa a las elecciones generales ganadas en 2011 por el PP y que no parece que vaya a concluir hasta que se celebren las siguientes, allá por el mes de diciembre.

En este tiempo, Rajoy engatusó primero a millones de votantes con la promesa solemne de combatir la crisis sin tocar la sanidad, la educación y las pensiones, ni subir los impuestos. Pero luego, so pretexto de la herencia recibida, dijo digo donde había dicho Diego, se lió a hachazos con el gasto social, exigió nuevos esfuerzos fiscales y, de paso, se llevó por delante unos cuantos derechos de los trabajadores a través de la catastrófica reforma laboral de febrero de 2012.

Ahora, cuando las elecciones están a la vuelta de la esquina, la estrategia del Gobierno consiste en persuadir a los españoles de que los sacrificios eran imprescindibles y de que, gracias a ellos, estamos en la rampa de salida hacia la recuperación. Como si del país hundido en la miseria y al borde del rescate que dejó José Luis Rodríguez Zapatero según la versión del PP, hubiéramos pasado en poco más de tres años a otro en el que los perros se atan con longanizas.

Esa visión interesadamente triunfalista choca, sin embargo, con algunos grandes datos que demuestran hasta qué punto la economía española no es que esté convaleciente aún, sino que continúa enferma de gravedad. Por ejemplo, el déficit público, declarado enemigo público número uno por el Gobierno y que, próximo ya el final de la legislatura, sigue en el mismo nivel con el que comenzó si le sumamos el agujero de la Seguridad Social, equivalente al 4% del PIB.

El desajuste entre los ingresos y los gastos del sistema de pensiones ha sido cubierto con el Fondo de Reserva (la hucha), que se ha quedado tiritando después de la auténtica rapiña de que le ha hecho víctima Rajoy desde que en 2012 dejaron de salirle las cuentas. Pero el resto del déficit ha exigido un recurso masivo a la deuda, hoy por encima del billón de euros (300.000 millones más de la que dejó Zapatero) debido en parte al saneamiento del sistema financiero, en el que el presidente del PP se comprometió a no gastar dinero público.

Si la gestión que ha hecho Rajoy del déficit y de la deuda deja mucho que desear, sobre todo comparado con el programa que le permitió obtener la mayoría absoluta en noviembre de 2011, ¿qué decir en materia de empleo? La reforma laboral no sólo fue una auténtica arma de destrucción masiva, sino que les puso las cosas muy fáciles a los empresarios para sustituir contratos estables por contratos precarios, a trabajadores relativamente caros por trabajadores baratos.

Por eso, pese a todos los sacrificios realizados, hoy sólo dos de cada tres ocupados tienen un empleo fijo y a jornada completa; hay 335.600 menos con contrato indefinido que cuando Rajoy llegó al poder y 355.700 más a tiempo parcial. Y, en conjunto, el volumen de empleo está todavía por debajo del que existía al principio de la legislatura, aunque el descenso de la población activa crea el engañoso espejismo de que ha descendido ligeramente el paro.

De todo ello, por supuesto, no dice ni pío el Gobierno y si lo dice es para apelar, una vez más, al peso de la herencia recibida. Aunque hay aspectos en los que la que deje Rajoy a quien le sustituya será mucho peor. O al menos no tan buena como intenta convencernos de que va a ser, con el único y descarado propósito de granjearse votos en las próximas elecciones.

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