En la reunión que celebró con los siete alcaldes del Campo de Gibraltar –Algeciras, La Línea, San Roque, Los Barrios, Tarifa, Jimena y Castellar- y el presidente de la Mancomunidad, el ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, les garantizó que el acuerdo sobre el Brexit entre la UE y el Reino Unido preservará los derechos de los trabajadores transfronterizos que trabajan en Gibraltar (empleo en igualdad de condiciones, prestaciones sociales y Seguridad Social).

En palabras del ministro, el objetivo es “que se mantenga el stau quo y si en algo podemos mejorar para facilitar la vida así lo haremos”.

Con estas manifestaciones y estas iniciativas, Dastis se desmarca, sobre todo en las formas, de su antecesor en el cargo, José Manuel García-Margallo, que afrontó siempre con un tono más belicoso que diplomático el asunto de Gibraltar.

Sin embargo, hay que esperar a ver si ese compromiso de mantenimiento de stau quo se confirma en las primeras conversaciones.

La posibilidad de que se aplique el derecho de veto de España sobre Gibraltar en el periodo transitorio que se fije tras la salida del Reino Unido de la UE el 29 de marzo de 2019 –la CE quiere que sea a finales de 2020-, no es buena señal, ya que esto podría crear incertidumbre en las empresas asentadas en Gibraltar y podría empezar a afectar al empleo de gibraltareños, campogibraltareños y terceros. De producirse, en definitiva, sería un fracaso de la diplomacia española.

En principio, las espadas siguen en alto. Mientras el máximo responsable europeo de la negociación sobre el Brexit, Michael Barnier, confirmó el pasado miércoles que ese derecho de veto de España sobre Gibraltar estará efectivamente vigente en el periodo transitorio, la premier británica Theresa May le ha dejado también meridianamente claro ese mismo día que Gibraltar formará parte de la negociación de ese periodo. “Estamos buscando el mejor acuerdo para el Reino Unido, y ese acuerdo debe incluir también Gibraltar”, declaró en el Parlamento británico.

En enero, que empezarán las negociaciones entre la UE y el Reino Unido –con Gibraltar en el equipo negociador británico- sobre el periodo transitorio, Dastis tiene que comenzar también a dar respuestas a las demandas de los alcaldes campogibraltareños en infraestructuras, medidas fiscales y otros asuntos para compensar a la comarca por el Brexit, a través de una comisión interministerial.

Será entonces cuando se verá si el Gobierno está realmente dispuesto a mantener el statu quo o incluso a mejorarlo, si la palabra de Dastis merece el respeto debido en una comarca superdefraudada por el nuevo retraso de la electrificación de tren entre Algeciras y Bobadilla (sólo Extremadura está sometida a este retraso tercermundista).

También está por ver si el nuevo ministro de Asuntos Exteriores rompe tabúes y pone fin de una vez por todas al rechazo a dialogar abiertamente con los gibraltareños que ha imperado en Santa Cruz desde los eruditos a la Violeta.

Si a estas alturas del siglo XXI, superados los 400 años de contencioso, España no entiende que si quiere algún día recuperar la soberanía sobre Gibraltar tendrá que dialogar con los gibraltareños, es que la diplomacia española tiene algo más que un problema; tiene una tara.

Un alto cargo de una empresa del Ibex 35 ha manifestado esta necesidad de dialogo directo en un almuerzo con periodistas en un cenáculo madrileño.

En definitiva, cuando se habla del Brexit y Gibraltar, falta por parte española –incluyo también a los alcaldes campogibraltareños- trasladar solidariamente una preocupación por el devenir de los habitantes de Gibraltar, llamados gibraltareños –llanitos-, que son tan ciudadanos como los 10.000 trabajadores transfronterizos y que no están excluidos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que yo sepa, ¿no?