Es la pregunta que aún no tiene respuesta y probablemente nunca la pueda tener. No caben más que elucubraciones sin prueba e indicio alguno. Que el Estado español haya podido ser espiado ayer, en las personas de su presidente de Gobierno y ministra de Defensa, es un hecho grave, bastante alarmante, que solo los enemigos del estado de derecho pueden devaluar o ridiculizar. Cabe algún reparo a la fecha elegida por Moncloa para dar la noticia, pero ninguno a la gravedad de lo informado por el ministro Bolaños. Es bien indudable que el gobierno español, como antes el alemán, el británico y el francés, ha estado bajo la lupa del espionaje exterior a poco más de un año de la cumbre que la OTAN celebrará a finales de junio en Madrid.

¿Quién han espiado a Sánchez y a Robles? Para el lobby gasístico argelino, muy potente en Cataluña, es el amable vecino de enfrente, como reza el slogan turístico de Marruecos, el que instrumentalizó los servicios de Pegasus, justo cuando el lider del Polisario había entrado clandestinamente en la Rioja. No lo ven así los círculos atlantistas que apuntan al estado ruso con quien combaten en suelo ucraniano. Incluso, desde la misma Moncloa, dicen no descartar que alguna empresa privada se haya servido también del sistema Pegasus. Sin embargo, estas tres posibles hipótesis son desmentidas por el escepticismo del patriarca de Esquerra Republicana que llega a sugerir que esta noticia no es más que una cortina de humo del Gobierno progresista.

Está por verse aún si esta cortina belicista de Oriol Junqueras se difumina; pero ya tropieza con la cortina rasgada del sumario Volhov que vincula a un empresario ruso con el independentismo catalán. El juez Joaquín Aguirre, actual titular del juzgado de instrucción número I de Barcelona, ha citado a declarar el próximo 31 de mayo a Alexander Dmitrenko que viajó con Josep Luis Alay, de la oficina política de Puigdemont, a la capital rusa donde mantuvieron tres citas, que el citado juez de instrucción intenta averiguar. Buen conocedor del infantilismo político, que define hoy a los líderes actuales catalanes, esta cuenta atrás hasta el 31 de mayo es un duro via crucis para Oriol Junqueras.

Por si fuera poco, en esta semana de los espías que se concentra en España, las próximas comparecencias de la ministra Robles y de la directora del CNI, Paz Esteban, constituyen otro elemento de bastante inquietud para el líder catalán. O mejor dicho, para los actuales dirigentes, que desde estructuras paralelas dirigieron la operación denominada Tsunami, que puso patas arribas y bajo el fuego a Barcelona, en octubre de 2019, en las vísperas de las últimas elecciones legislativas. Sin las manos atadas y con la boca abierta, ambas responsables del servicio de inteligencia del Estado español pueden poner en muy serios apuros a los que han combinado la actividad legal en el parlamento con la ilegal en la calle.

Mientras tanto, la conclusión pertinente que deberíamos sacar de este 007, con licencia para espiar en España, es que urge dotar al Centro Nacional de Inteligencia con los mismos recursos que sus homólogos europeos. El CNI cuenta con la mitad de agentes y de presupuesto que los principales países de la Unión Europea. No es el momento de desarmar al Estado, sino de rearmarlo acentuando su control judicial y político. Lo ocurrido con el presidente Sánchez y la ministra Robles exige más y mejor CNI al servicio del Estado de Derecho. El dilema no es más o menos servicios de inteligencia, como sostienen todos los adversarios del orden constitucional, sino que estos actúen siempre sometidos a la autoridad del poder judicial. El espionaje como todo sustantivo se define por el adjetivo, legal o ilegal, que le acompaña.