Carlos del Castillo

Periodista miembro de la comunidad editorial del 4º Poder en Red

Renata Ávila es una abogada guatemalteca especializada en la defensa de los Derechos Humanos en Internet. Si se revisa su hoja de servicios, se encontrara su colaboración con la premio Nobel Rigoberta Menchú en la investigación del genocidio de su país. A renglón seguido, destacará su trabajo junto al padre de Internet, Tim Berners-Lee, en la coordinación de la iniciativa Web We Want, protegiendo los derechos digitales de los ciudadanos.

Su labor en la asistencia de los whistleblowers y fuentes periodísticas en riesgo provocó su invitación como ponente del Free Culture Forum, celebrado en Barcelona el último fin de semana de octubre. Es allí donde accede a reevaluar la situación de la red y los derechos fundamentales en la era digital, casi dos años después de que su compatriota Frank La Rue, entonces relator especial de la ONU para la libertad de expresión, lo hiciera en la primera entrada de este blog.

Renata reconoce que el “retroceso” que entonces solo se sospechaba, continúa y “parece no parar”. Reclama a los estados que no permitan que la privatización de Internet continúe y recuerda que “cuando tienes tu propio servidor no dependes de nadie”. ¿La solución? “Las iniciativas de software y hardware propio, como han hecho en Uruaguay, Venezuela… Es la única forma de asegurarse de que no hay puertas traseras en los dispositivos y programas”.

Frank La Rue, justo tras las mega-revelaciones de Snowden, nos avisaba de la contradicción que suponía intentar recortar la libertad de expresión y la vigilancia masiva en un mundo con un Internet cada vez más extendido. Desde entonces la situación no ha ido ha mejorado...

Es un completo retroceso. Los 90 fueron una década de ganancias para la sociedad civil a nivel mundial. El mundo se posicionó de manera clara al decir que la injusticia y la guerra no se iban a permitir: los delitos contra la humanidad son delitos contra todos y todos los perseguiremos.

Entonces llegó el 11-S y los actos terroristas que lo siguieron. Eso hizo caer todo el avance que la ciudadanía había alcanzado, en cuanto a una sociedad más igualitaria y una mayor protección de los derechos humanos, todo se interrumpe abruptamente. Lo que habíamos logrado en la década de los 90 al señalar a los militares y al complejo industrial militar como culpables de muchos de los males del mundo, independientemente de las ideologías, fue interrumpido con el ataque a EEUU. El mundo se remilitarizó.

La visión de apertura, de todos conectados, de redes horizontales, todo eso se vino abajo porque toda la industria militar estaba absolutamente lista y esperando a que algo así pasara para reactivarse.

¿Qué opinas de la aprobación de las leyes mordaza en España?

Lo que está pasando en España no me sorprende. El 11-S marcó el inicio de una regresión que parece no parar. Así como las leyes mordaza se aprueban en España, en México se está discutiendo una ley que por un retuit podría costar hasta 28 años de cárcel.

Es la recriminalizacion de la expresion. Habíamos conseguido una sociedad más tolerante, pero hemos visto que ni a los Gobiernos ni a las corporaciones les gusta demasiado el ciudadano empoderado y con la capacidad de publicar en tiempo real cualquier cosa. Les molesta mucho no poder controlar el discurso de la forma que lo controlaban antes.

Hubo un proceso de ajuste, donde nosotros ganamos espacios, pero ahora tanto las corporaciones como los gobiernos ya se pusieron al día. Todo lo que habíamos ganado están consiguiendo reducirlo al mínimo otra vez.

¿Existe el derecho a Internet? Frank La Rue opinaba que, como mínimo, era “un requisito para ejercer el derecho de libertad de expresión”.

Existe el derecho de acceder a plataformas de comunicación e información, absolutamente. Pero Internet va más allá de ser una plataforma para comunicarte e informarte. Está siendo nuestro espacio de deliberación, es una forma de ejercer tus derechos económicos, sociales y culturales, es una forma de ejercer de una forma distinta el derecho de protesta... Incluso si piensas en los inmigrantes, es un tema de derecho a la familia, porque si un inmigrante está desconectado, está desconectado de su familia. La relación que los ciudadanos han establecido con Internet ahora es mucho más compleja.

¿Cómo articular ese derecho a Internet?

Mediantes distintas cuestiones. El centro de todas, y creo que es algo que en Catalunya se entiende muy bien, es reforzando la autonomía. Y segundo, la soberanía. La tercera, hasta cierto punto, la identidad de los pueblos. Con autonomía me refiero a la habilidad de poder acceder a esas plataformas sin depender de fuerzas externas que te impidan o condicionen el acceso. Podemos ver la falta de autonomía en distintas capas, en las plataformas y en los aparatos.

No estamos conectándonos de manera autónoma a Internet si todos los cables no son nuestros. Si en cualquier momento los dueños de los cables los pueden suspender. Nuestra conexión estará condicionada si no conocemos el hardware de nuestros aparatos y cómo estos pueden ser controlados remotamente por alguien más, fuera de nuestra jurisdicción.

Eso también ocurre en el caso específico de las plataformas. Ahora casi todos los pueblos del mundo están conectados por móvil. Si tu tienes tu partido anarquista, y tu partido anarquista desarrolla una aplicación para la deliberación y coordinación de tu grupo, y quieres que esté disponible en Google Apps o la Appstore, te la van a sacar. No van a permitir que esté disponible para todos los usuarios. Ellos controlan la plataforma y por lo tanto controlan tu teléfono, tú no tienes la posibilidad de hacer lo que te dé la gana con él.

¿Y en cuanto a la soberanía?

El tema soberanía es más a nivel Estado. Siempre hemos considerado las carreteras, puentes, ciertos hospitales, radares, etc. como infraestructura básica que no puede ser privatizada, que el país tiene que controlar. Si no, todo el mundo entiende que pierdes el control sobre cuestiones fundamentales para el interés público. En el caso de Internet, es muy triste ver como la mayoría de la infraestructura, o fue privatizada, o el Estado tiene muy poca capacidad para tomar decisiones soberanas sobre ella. ¿Dónde se hospedan los datos digitales de los ciudadanos? ¿Quién controla el sistema de transmisión de información de salud del Estado? Todo está en manos privadas y eso actúa en detrimento de la habilidad de un país para diseñar política públicas.

El Gobierno no puede hacer nada, porque todo está tan privatizado que no tiene espacio para actuar.

También mencionabas la identidad de los pueblos...

Tiene que ver con la cultura propia. Un dato: solo el 5% de los idiomas del mundo están en Internet. Y dentro del 5% que entran, casi todo el contenido es en inglés. Al morir un idioma se muere una nación. Y si vamos a pensar en un espacio que está dejando el 95% del conocimiento humano fuera por barrera idiomática, es otro punto conflictivo y donde perdemos todos. Perdemos bienes comunes que han estado siempre, en aras de intereses de los monopolios de contenido.

Parece que asegurarse el respeto a los derechos digitales ha quedado en manos de los ciudadanos. Como decías, todo el mundo entiende que el Estado debe garantizar derechos como la sanidad o la educación. Pero, por ejemplo, si alguien quiere asegurarse la privacidad de sus comunicaciones, tiene que preocuparse por aprender a encriptar.

¡Es que se lo tenemos que volver a pedir al Estado! Es la única forma, y no es que yo sea muy estatista, pero ahora tenemos un poder estatal contra un superpoder, y las compañías de Silicon Valley son el superpoder. Para contrarrestarlo, yo puedo defenderme de él, encriptar, desactivar los servicios que me geolocalizan, hacer todo lo que pueda, pero son cuestiones a escala. Porque para tener comunicaciones privadas y seguras hoy, tengo que transformar los hábitos de todas las personas con las que me comunico. Eso va a ser un proceso lento.

Necesitamos que el Estado como tal no solo legisle sino que cambie su visión, y cambie sus prácticas, para garantizar un Internet libre. Volvemos a la soberanía tecnológica. Si los estados pierden el control de su información estratégica, como le pasó a Brasil y a Alemania, están de rodillas para que aquellos que tienen esa información hagan lo que le dé la gana con ellos. Si un Estado no protege su propia industria y no genera soluciones propias, va a estar siempre condicionado a lo que le ofrezcan los otros en materia de software y hardware, y siempre pagando cosas cuyo beneficio no va a quedar localmente.