Es francamente curioso que de pronto todas las instituciones financieras, desde el FMI al Financial Times (que actúa como una más), estén dando la voz de alarma sobre la fuga de capitales. No sólo no es nuevo el fenómeno, y todo el mundo sabe que se ha multiplicado durante la crisis, sino que obvia uno de los motores principales de esa evasión monetaria: la defraudación fiscal. Es decir, primero estafan al erario público (que somos todos los que pagamos impuestos) y después huyen con la pasta.

En un artículo anterior de este mismo blog ya mencioné el informe elaborado por James S. Henry (The Price of Offshore Revisited) para la Tax Justice Network, que estima entre 16 y 25 billones de euros (como el PIB de España de los próximos 15, o hasta 24 años) la colosal fortuna que los súper-ricos ocultan en los más de 80 paraísos fiscales del planeta. Ese gigantesco agujero negro económico (que no incluye el patrimonio inmobiliario, ni los yates, caballos de carreras o depósitos en lingotes de oro de esos magnates) supone pérdidas tributarias tan grandes para los estados a cuyos fiscos se hurtan dichos activos, que podrían mantener holgadamente el Estado del bienestar con sólo recaudar impuestos razonables sobre los beneficios que reportan a los potentados sus riquezas ocultas.

Henry, quien fuera el economista jefe de la consultora internacional McKinsey, utiliza el siguiente símil: si aceptamos la estimación más conservadora para ese tesoro fuera del alcance de Hacienda (16 billones), le suponemos un rendimiento modesto (3% anual) y consideramos una presión fiscal de sólo el 30% (como el promedio de lo que pagan las rentas del trabajo en España), calcularemos unos ingresos extra para los estados por valor de 144.000 millones de euros… o sea, más de lo que todos los países ricos juntos gastan anualmente en ayuda al mundo en vías de desarrollo. Para los países pobres, “el problema es que los activos nacionales están en manos de un pequeño número de individuos acaudalados, mientras que las deudas públicas son sufragadas por la gente humilde a través de sus gobiernos”.

En un solo dato, según las cuentas de Henry, el 0,001% de la población mundial (92.000 personas) posee en torno a 7,5 billones de euros: si repartiesen esa cantidad astronómica entre todos los habitantes del planeta, tocaría a más de mil euros per cápita… lo que ingresa en tres años un campesino de Guatemala.

Pero no se trata de hacer demagogia con cifras. En España, el tercer país con mayor fraude fiscal de la UE-15 (con una evasión tributaria del 23,3% del PIB), Hacienda dedica al 80% de su personal a perseguir las pequeñas irregularidades y los cobros en negro de autónomos, trabajadores y pymes, pese a que sabe que el 71% de la defraudación la cometen las grandes empresas y fortunas, según el último informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha). Además, desde el inicio de la crisis los ingresos tributarios se han desplomado: en tres años el fisco perdió 41.140 millones (tanto como lo que se va a destinar al rescate de la banca), de los que el 70% correspondió a la caída de la recaudación del impuesto de sociedades.

Podría alegarse que ese hundimiento de la contribución fiscal de las empresas españolas responde a que la crisis las ha arruinado, pero hay que insistir en que no son las pymes (sin duda, las que han sido más gravemente afectadas por las consecuencias del crash financiero) las que más defraudan. Además, si comparamos sendas estimaciones de evasión fiscal en Europa, una de la Eurocámara en 2008 y otra de la Comisión Europea en 2012, veremos que el fraude tributario ha crecido a un ritmo del 30% anual durante la crisis. En concreto, en España se cree que ha pasado de 70.000 a 85.000 millones de euros al año… pero en los Presupuestos Generales del Estado para el año próximo la Agencia Tributaria prevé obtener sólo 9.130,7 millones de la lucha contra el fraude, o sea poco más de la décima parte del total.

En cambio, lo que sí ha hecho el Gobierno de Rajoy ante este expolio es conceder una amnistía fiscal por la que los grandes defraudadores pueden quedar exentos de toda responsabilidad a cambio de pagar no más del 10% de las rentas no declaradas en el IRPF, y únicamente un 8% por la repatriación de dividendos del exterior. Aunque ni siquiera tamaña injusticia (pues a los contribuyentes cumplidores con la ley se les cobra hasta el 43%) ha servido para recuperar una parte significativa de lo estafado al fisco. Hasta julio, con la amnistía fiscal sólo se había logrado recaudar el 2% de lo previsto en el capítulo de rentas; y en el de dividendos evadidos en el exterior el resultado era grotesco: de los 750 millones previstos se recaudaron… menos de 1,6.

Claro que las autoridades del PP han dado enseguida con la fórmula para no seguir haciendo el ridículo. A partir de septiembre, no se revelan datos sobre los resultados de la amnistía fiscal, y santas pascuas. Al fin y al cabo, el Gobierno de Madrid siempre se ha negado a ofrecer estimaciones sobre el fraude fiscal y la economía sumergida en España, por mucho que se las ha reclamado Bruselas una y otra vez.

Por si les interesa conocerlas (no las de La Moncloa, claro, que brillan por su ausencia), “de acuerdo con las estimaciones de Schneider del año 2009 para España la erradicación completa de la economía sumergida supondría un aumento del PIB de dicho año superior a 200.000 millones de euros”, subraya el citado informe de Gestha.

Lástima que nuestros gobernantes prefieran centrarse en recortar Sanidad, Educación, Investigación y otros campos mucho menos estimados por el PP que el de los “emprendedores” que acaban llevándose el dinero a Suiza o las Caimán.