En aquel tiempo, los estudiantes volaban y morían al chocar con una bala disparada inocentemente al aire; a los detenidos por la policía les daba por arrojarse al vacío desde las ventanas de algunas comisarías. Corría el mes de octubre de 1977 cuando las primeras Cortes democráticas aprobaron una Ley de Amnistía que la Falange manipula ahora para acusar de prevaricación al juez Garzón y que IU e ICV proponen reformar para que nadie pueda usarla como “punto final” a los crímenes del franquismo.

La proposición de ley tiene menos futuro en el Congreso que el propio Garzón en la carrera judicial, porque ni PSOE ni PP parecen interesados en remover los cimientos de la mítica Transición. Y eso que nadie pretende dinamitarla, sino distinguir al menos lo que se hizo bajo la amenaza de las pistolas de lo que permitió la reconciliación. Como ayer explicaba el ex fiscal José María Mena, aquí lo que ha ocurrido es que unos descendientes directos de las víctimas de la dictadura pidieron ayuda a Garzón para encontrar a sus familiares desaparecidos y darles digna sepultura. Y la Justicia ha reaccionado defendiendo con autos y dientes los intereses de los herederos de los fascistas. Para Javier Cercas, autor de la magnífica Anatomía de un instante, “el poder judicial no ha hecho la transición”. Va siendo hora. Los demás, los que pretenden mirar al futuro sin ignorar el pasado, son tratados como ignorantes o peligrosos justicieros. Como es costumbre.