Por otra Europa: la de los ciudadanos

José María Mella Márquez. Catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid

En estas últimas semanas el debate sobre el futuro de Europa se ha intensificado todavía más por la posición anti-UE del primer ministro británico, la incertidumbre ante los resultados de las elecciones alemanas del mes de septiembre y las diferentes posiciones ante las elecciones europeas del año próximo 2014.

En este contexto, cabe destacar tres líneas de reflexión y acción política de gran envergadura: la lucha contra los costes del modelo neoliberal centro-periferia dominante en la UE, la urgencia de una política económica basada en las prioridades de los ciudadanos y la necesidad de apertura de un proceso constituyente europeo.

El modelo centro (Alemania y área de influencia, Austria, Países Bajos, Finlandia)-periferia (España, Portugal, Italia, Grecia e Irlanda, básicamente) se caracteriza por sensibles diferencias salariales y de productividad, acusados desniveles en las tasas de desempleo, superávits comerciales de los primeros frente a déficits de los segundos, posiciones financieramente cómodas frente a posiciones de excesivo endeudamiento (sobre todo privado) de los países del Sur, relaciones de dependencia financiera de la periferia respecto al centro, estructuras productivas más diversificadas y de elevado valor añadido frente a especializaciones muy concentradas en pocas actividades y de bajo contenido tecnológico, y, por último pero no menos importante, la supremacía de los países centrales en las cadenas internacionales de creación de valor de los principales sectores económicos permitiéndoles apropiarse de la parte más sustantiva del valor añadido generado.

La reproducción de este modelo genera gravosos costes para los países periféricos en términos de transferencia de rentas desde la periferia hacia el centro, elevados tipos de interés en la devolución de las deudas (privadas y públicas), destrucción de segmentos importantes de su tejido productivo y mayores niveles de malestar de la ciudadanía en términos de reducciones de ingresos, crecientes dificultades de accesibilidad a los servicios públicos y encarecimiento de los mismos por las privatizaciones, precarización de las condiciones de empleo y pérdida generalizada de derechos sociales.

Obviamente, no atribuimos esta posición beneficiaria a toda la sociedad de los países centrales, sino a determinados grupos de poder minoritarios (oligarquías financieras y grandes monopolios tanto del norte como del sur) que captan rentas e incrementan la desigualdad no sólo entre países sino en el interior de los mismos, en detrimento de una gran mayoría social. Fenómeno, éste, que caracteriza a la nueva era neoliberal y que se está agudizando con la crisis actual.

Frente a esta situación, es urgente articular una política económica basada en una amplia alianza de fuerzas sociales y políticas representativas de los sectores sociales afectados, tanto por países (centrales y periféricos) como en el conjunto de la UE, teniendo en cuenta el carácter profundamente internacional de la misma y con una nueva dirección política.

A mi modo de ver, las prioridades de esta política económica -en una línea rupturista con el Tratado de Maastricht, como cada vez más muchos postulan- deberían fundamentarse en:

• Una estrategia europea de creación de empleo y de un nuevo crecimiento (económicamente productivo, socialmente equitativo y ambientalmente sostenible), instrumentada en torno al BEI (Banco Europeo de Inversiones).

• El estímulo de la demanda interna (consumo e inversión) de los países centrales para superar la aludida divergencia comercial con los países periféricos.

• La creación de eurobonos totalmente garantizados por el BCE (Banco Central Europeo) para financiar las deudas soberanas.

• El establecimiento de un presupuesto europeo suficiente (el actual es raquítico -representa el 1% del PNB europeo-) financiado con un considerable aumento de los recursos sobre la base de impuestos propios, y gravámenes sobre las transacciones financieras y la contaminación ambiental, y capaz de fuertes transferencias interterritoriales de fondos, que se vea acompañado por presupuestos nacionales solventes (basados en impuestos progresivos sobre la renta de las personas y las sociedades, la eliminación de subvenciones y deducciones a los más poderosos y la lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales).

• La recuperación de Estados de bienestar más eficientes para mejorar y aumentar los servicios y prestaciones sociales.

• La reconstrucción de un sistema bancario público (así como la potenciación de sistemas de crédito alternativos descentralizados y con control social) que facilite el acceso al crédito de familias y empresas frente al actual proceso anticompetitivo de concentración bancaria.

• Y la regulación del sistema financiero así como su reducción drástica para combatir la especulación, la “financiarización” de las economías y la prevención de crisis bancarias.

Es evidente que tal política no es viable en el marco institucional existente en la UE. La viabilidad de la misma depende de la apertura de un proceso constituyente, que construya la Unión Económica y Política de Europa sobre la base de la elaboración de una Constitución. Esta Constitución deberá dotar a un futuro gobierno europeo, no sólo de una política monetaria con objetivos de crecimiento y de pleno empleo, sino también de una política presupuestaria, fiscal, financiera, económica, científico/tecnológica y social para toda la Unión. Para ello, ese proyecto constituyente requerirá de la legitimidad necesaria y del apoyo de los ciudadanos, que ven cómo se alejan competencias de sus propios Estados sin su participación y refrendo.

Las elecciones europeas del año 2014 deberán ser el primer paso para la elección directa -en ejercicio de la soberanía popular- de los representantes de las diferentes instituciones, la asignación de competencias precisas a cada una de ellas, entre las que el Parlamento será la pieza fundamental del marco institucional para superar el déficit democrático actual y centrarse en los intereses de Europa (no de una “Europa alemana”), y controlar desde el mismo al Consejo o a la Comisión y al BCE, de modo que la UE pueda dirigirse por un gobierno con poder real y autoridad política y un presidente elegido por sufragio universal directo.

Con esa nueva política económica en función de las mayorías sociales y ese proceso constituyente democratizador de las instituciones, podríamos hablar ya de otra Europa; esta vez, sí, de los ciudadanos.