Ramón Górriz Vitalla. Secretario de Acción Sindical de CCOO

Ramón Baeza San Juan. Director de la Fundación 1º de Mayo

Entre los pasados días 17 y 20 de Abril se celebraron en Washington las llamadas “Reuniones de Primavera” de las Instituciones Financieras Internacionales (FMI y Banco Mundial) a las que se añadió la reunión de los ministros de finanzas del G-20. Llama la atención que los comunicados finales de estos encuentros parecieran tener la voluntad de restar importancia a los síntomas claros de ralentización de las economías de los países emergentes y en desarrollo o de la fragilidad de los signos de recuperación en la Unión Europea. Sorprendentemente, se obviaron las propias previsiones económicas publicadas por el FMI sólo unos días antes de las cumbres.

No faltó en el comunicado del comité ministerial del FMI (IMFC) la eterna exhortación a las reformas laborales como prerrequisito para el crecimiento económico. Solo que, en esta ocasión, la referencia adquirió un carácter que se nos antoja entre cínico y sarcástico: once días antes de las reuniones de Washington los servicios de investigación del propio FMI habían publicado un informe reconociendo la falta de evidencia empírica que vincule las reformas de los mercados de trabajo con un mayor crecimiento económico. Por el contrario, otro informe reciente, también del FMI, concluye que las reformas laborales acometidas en los últimos años han incrementado notablemente la desigualdad. De ambos ni una mención, por su puesto.

No obstante eludiremos aspectos que se repiten desde hace décadas en estas cumbres para centrarnos en uno de los temas que concitaron más atención en las reuniones de las IFI: Grecia. Con mayor o menor vehemencia y diplomacia los líderes mundiales coincidieron en exigir a ese país el cumplimiento de sus compromisos (pago de la deuda y reformas), abandonando cualquier veleidad de revisión relevante de las condiciones impuestas por sus acreedores. Sorprende la potencial capacidad de desestabilización otorgada a un país cuyo PIB apenas supone el 0’35% de la economía mundial a no ser que no estemos hablando estrictamente de economía sino de ejemplaridad.

El prestigioso Instituto de Política Macroeconómica (IMK) acaba de publicar el informe “Grecia: solidaridad y ajuste en tiempos de crisis”. Utilizando un importante arsenal de datos fiscales, este trabajo aborda el impacto de la crisis y de las políticas para combatirla sobre los ingresos, la desigualdad y la pobreza en Grecia entre los años 2008 y 2012. Nos permitimos citar algunas partes de su resumen ejecutivo donde se afirma: “Los datos muestran que la pauperización ha golpeado a amplios segmentos de la sociedad (…) que numerosas macrovariables e indicadores sociales son el resultado de un deficiente enfoque de la gestión de la crisis y de una inflexibilidad ideológica unida a intereses políticos, haciendo la salida de la crisis más dolorosa y complicada. Las conclusiones de este análisis deben evaluarse a la luz de la severa depresión económica causada por las políticas de la Troika”.

El movimiento sindical europeo, ha puesto de manifiesto, reiteradas veces, que hacer frente a la situación de emergencia que vive Grecia, exige políticas de solidaridad y cooperación, y no, las políticas de la Troika, que han contribuido al hundimiento económico y social de un Estado de la Unión Europea. “Grecia tras las elecciones: no es una amenaza, es una oportunidad. Los miles de millones de euros que ha recibido Grecia se han empleado básicamente para estabilizar al sector financiero. Y al mismo tiempo se ha llevado al país a una profunda recesión a causa de los brutales recortes del gasto público que no han impedido que Grecia sea el país más endeudado de la UE. El resultado es una crisis social y humanitaria que no tiene precedentes en Europa. Un tercio de la población vive en condiciones de pobreza (…) Muchas personas carecen de ingresos para cubrir sus gastos de alimentación, electricidad, calefacción y vivienda. Una elevada parte de la población se ha quedado sin seguro médico y sólo puede acudir al sistema sanitario para situaciones de urgencia. El resultado de las elecciones constituye una impugnación generalizada a una política fracasada. Nada de lo que se hecho tiene ninguna relación con la necesidad de resolver los problemas de Grecia. No se ha resuelto ninguno de los problemas estructurales del país y, en cambio, se han creado muchos nuevos.

Las políticas de ajuste sólo han contribuido a agravar los males originales de la economía causando, además, importantes destrozos sociales. Parece ocioso pretender explicar las razones que impulsan al actual gobierno de Atenas a cambiar las imposiciones que han conducido a su país a una tal debacle.

Más difícil de justificar es la ausencia de autocrítica por parte de unas autoridades europeas -cooperadoras necesarias de los anteriores gobiernos helenos en la generación de la crisis- que, en su gestión, se han comportado como potencias coloniales –en palabras del anterior líder de la Confederación Europea de Sindicatos, el británico John Moncks.

En las actuales negociaciones el Eurogrupo está tratando a Grecia más con la arrogancia del acreedor que con la complicidad del socio que comparte un proyecto común. Las “instituciones de Bruselas” consideran que la práctica imposibilidad de obtener financiación en los mercados deja al gobierno heleno en una posición de tal debilidad que le impide, en la práctica, casi cualquier margen de maniobra. En suma, que Tsipras es poco más que un boxeador knockeado que tiene que elegir entre tirar la toalla o acabar tendido en la lona.

Este enfoque es de un peligroso simplismo. En primer lugar porque Grecia es más fuerte de lo que aparenta: posee la enorme capacidad del que tiene ya muy poco que perder y no se reconoce en sus socios. Eso la transforma en un interlocutor temible y en este contexto hay que entender su acercamiento a Rusia. El gobierno griego tiene una legitimidad democrática de la que carece la Troika, el Eurogrupo y la propia UE. Si la Unión pretende tratar de igual a igual, en términos democráticos, a un Estado miembro lo primero que debería haber hecho sería haber avanzado más en una unión política, proyecto maniatado por los mismos que ahora se conforman con jugar el papel de “cobradores del frack”. Además, el ejecutivo de Atenas parece de momento tener poca contestación interna: tanto el PASOK como Nueva Democracia encuentran muchas dificultades para oponerse a las iniciativas gubernamentales. En otras palabras ¿tienen las autoridades europeas interlocutor alternativo al actual en Grecia?

En sentido contrario, la posición europea es más frágil de lo que en principio pudiera parecer, dejando al margen el mero papel de acreedor. Las amenazas –en no pocas ocasiones groseramente disfrazadas de sugerencias- de expulsar a Grecia de la moneda única no parecen sencillas. Recurriendo a fuentes alemanas (informe “Grexit? Beware of slippery slopes”, publicado en febrero por la antena en Berlín de la Fundación Jacques Delors) concluimos que existen dificultades para que un Estado miembro abandone la moneda única y la total imposibilidad legal de que sea expulsado. Es más “una salida ordenada de Grecia del Euro parece imposible y conduciría a una tremenda incertidumbre financiera, política y legal”.

Más allá de su relación con Grecia, la forma en la que se ha gestionado la crisis ha erosionado profundamente los consensos básicos sobre los que se ha cimentado el proyecto europeo. El primero de ellos, una tácita comunidad compartida que se ha sustituido por un enfrentamiento entre países, basado en tópicos y prejuicios del pasado (“nazis vs. lacys”) de cuyas peligrosas consecuencias todavía no somos plenamente conscientes. El segundo, la ruptura de un modelo social. Hace pocas semanas el alemán, socialista y presidente del Parlamento Europeo -Martin Schulz- lo denunciaba gráficamente cuando relataba que sus padres habían vivido una vida de sacrificios desde la certeza de que su esfuerzo permitiría a sus hijos vivir mejor que ellos y, que por el contrario, ahora se demandaba a los europeos sacrificios con la seguridad de legar a las futuras generaciones una situación peor. A su juicio, ningún proyecto político se puede construir sobre esas bases. Y, finalmente, la presunción de una eficacia económica que la crisis se ha llevado por delante. Todo ello aliñado con un deterioro de la calidad de la democracia que pocos se atreven a contestar. No es un conflicto entre naciones, sino entre la mayoría de la sociedad y las élites económicas y financieras.

Es imposible que se consolide el proyecto europeo sobre el principio de “el que paga, manda” o utilizando a los griegos como cabezas de turco para demostrar que nadie puede salirse del guión –por más legitimidad democrática que tenga- sin que penda la espada de Damocles de ser expulsados extra muros. Es inconcebible que Grecia esté encontrando más comprensión en organizaciones como la OCDE que sus propios socios de la UE. Y es insultante que líderes como Mariano Rajoy se permitan recordar al ejecutivo heleno que los pactos han de cumplirse.

Las próximas semanas serán decisivas para encontrar una solución al conflicto abierto. Un punto de encuentro podría construirse en torno al interesante informe de la OIT (Organización Intencional del Trabajo) “Trabajos productivos para Grecia” que pone el acento en el medio-largo plazo y comparte las responsabilidades futuras entre la UE y Grecia, alejándose de la lógica deudor/acreedor. Sería conveniente que todas las partes asumieran que este proceso sólo puede concluir ganando todos o perdiendo todos. Pero las fuerzas progresistas no pueden olvidar que, sobre todo, en Grecia se está echando un pulso a las políticas de austeridad cuyos efectos devastadores todos conocemos. El sindicalismo europeo parece haberlo comprendido perfectamente.