La tormenta política que se ha desencadenado a raíz de la firma del acuerdo entre el gobierno y EH Bildu es consecuencia de la política que en materia económica está siguiendo el PSOE desde hace años, cuando después de haber conseguido la investidura Pedro Sánchez a raíz de la moción de censura, nunca se ha decidido a derogar la reforma laboral que impuso el PP, a pesar de ser una demanda continuada de los sindicatos, de los trabajadores y de los partidos de izquierda.

La necesidad de mantener la paz en el seno de la coalición de gobierno entre el PSOE y Unidas Podemos ha llevado a aquel, o a la incompetente Adriana Lastra, a aceptar la condición impuesta por Iglesias de firmar un acuerdo por el que derogaba la totalidad de la reforma. No se entiende por qué era tan necesaria la firma de Bildu, contra quien las formaciones de derecha pretenden establecer un cordón sanitario de apestado, ya que la suma de los partidos que aceptaban prorrogar el estado de alarma sanitaria era suficiente para su aprobación, y los modestos cinco diputados de Bildu no aportaban realmente un apoyo definitivo.

Pero esta operación ha servido para desenmascarar, si es que estaba enmascarada, la postura de la ministra de Economía Nadia Calviño, a la vez que la torpeza de Lastra, la indulgencia de Bildu aceptando inmediatamente las modificaciones del acuerdo, la inoperancia de Yolanda Díaz y la obstinación de Pablo Iglesias, cuyo empecinamiento en asegurar que el acuerdo estaba firmado, no se sabe qué consecuencias acarreará. Parece creer que porque le han dado una silla en el Consejo de Ministros va a determinar las decisiones económicas y sociales del gobierno.

En abril pasado hablé de Europa, esa Europa objeto de todos nuestros deseos, y de sus propósitos en esta dramática situación. Hoy es más evidente que hace un mes que la férrea cúpula de la UE, comandada por su presidenta, Úrsula von der Leyen, del CDU y discípula de Merkel, no está dispuesta a ceder en el mantenimiento de las condiciones laborales que ahogan a nuestros trabajadores. Y de transmitirnos ese mensaje se ocupó con contundencia Nadia Calviño.

Porque los capitales de Europa amparan a los de España, que están tan satisfechos con las condiciones leoninas que se han impuesto a los trabajadores desde el gobierno de Rajoy. Contratos eventuales, por días, por horas, enfermos a los que se puede despedir, mujeres embarazadas que no interesan, convenios colectivos sectoriales y territoriales que no se aplican porque prevalecen los de empresa, falsos autónomos que deben pagarse la cuota de la SS y todos los gastos, es decir el triunfo de todas las imposiciones de la patronal. La sumisión total a los intereses de la CEOE. Su absoluto poder frente al inoperante y debilitado movimiento sindical.

Pero lo sorprendente es que la izquierda fantasee con eliminar semejantes reglas de funcionamiento de la patronal española que llevan implantadas una decena de años, por la sola petición de sus dirigentes. Es impensable que Iglesias ignorara la extracción ideológica de la Ministra de Economía, adscrita a la derecha, su formación en los organismos de la UE, y que no supiera el papel que esta señora está cumpliendo en el gobierno de coalición, que es naturalmente el de que las actuaciones de Sánchez no se desvíen de la línea señalada por la Comisión Europea.

Pero, ¿quién decide lo que la Comisión decide?

Cuando se repite que las grandes corporaciones son las que dominan el mundo parece que se está repitiendo un mantra gastado aprendido de la propaganda soviética, ya obsoleta. Bueno sería que la ciudadanía española leyera los libros y artículos de Naomí Klein, especialmente El shock del capitalismo, de absoluta actualidad.

Una de las actividades más eficaces en defensa de los intereses de las multinacionales en Europa es la de los lobbies, que el diccionario de la RAE define escuetamente como “grupo de presión”. Pues bien, Belén Balanyá, que vive en Bruselas, representante del Observatorio Europeo de Corporaciones informó el 23 de mayo en el programa de radio SER, A vivir que son dos días, de la actividad a que se dedica la organización en la que trabaja.

Con un entusiasmo único y una dedicación que merece premio, ella y sus compañeros investigan a las empresas y particulares que no tienen más objetivo que lograr que tanto la Comisión Europea como el Parlamento Europeo, como el Comité Europeo, la tríada de organizaciones que forman el Sanedrín que dirige los destinos de los 27 países y 500 millones de habitantes de este continente que están agrupados en esa Unión, les informen de las presiones que reciben de los lobbies empresariales, saber cómo se aprueba una ley, quién ha influido para lograrlo, quién ha pagado las gestiones necesarias y a quién.

Existen también otros lobbies sin ánimo de lucro en los que se alinean las ONGs que batallan por hacer aprobar legislaciones a favor del medio ambiente, de los animales, de los niños, de los emigrantes. Con bastante menos fortuna que los empresariales ya que disponen de pocos medios y sus trabajadores son voluntarios sin remuneración.

Cuando acabábamos de entrar en el Mercado Común asistí a unos encuentros que las mujeres del PSOE organizaron en Londres para crear el Lobby Europeo de Mujeres. Además de las reuniones de encuentro con otras dirigentes europeas, las activistas feministas que nos habíamos incorporado entonces al club de ricos del MC, recibimos unos seminarios impartidos por personajes conocedores de los enrevesados intríngulis que hay que cumplir para participar en la feroz guerra que se libra en las instituciones europeas por lograr su trocito de influencia.

Lo primero que nos dijo el más conocedor y práctico de nuestros profesores fue que si queríamos conseguir algún resultado eficaz de nuestras demandas teníamos que irnos a vivir a Bruselas. Montar allí nuestra oficina, y cada día, cada día, repito, visitar a parlamentarios, consejeros, comisionados, secretarios, funcionarios de toda índole, para plantear formalmente y con alguna posibilidad de éxito nuestra demanda. El conferenciante representaba a una ONG ecologista que cumplía esas exigencias, y habían tardado ocho años en lograr que la Comisión aprobara la prohibición de utilizar gasolina con plomo. Ustedes mismos saquen las conclusiones.

Belén Balanyá nos informó que el montante de intereses económicos que en este momento están defendiendo los lobbies es de 1.500.000 a 3.000.000 de euros. En Bruselas actúan 25.000 lobistas legalmente. Influyen en el Consejo, en la Comisión y en el Parlamento para lograr que se apruebe o no se apruebe determinada legislación que puede afectar a las entidades que representan. En Bruselas hay registradas 11.000 organizaciones dedicadas a influir en las instituciones y a difundir las informaciones que les interesan. 7.500 personas tienen pase permanente al Parlamento Europeo, que trabajan para las muy diferentes ramas de producción. La que promociona a la Química que es la más poderosa, cuenta con 87 empleados. Consultorías de firmas, empresas de relaciones públicas, los llamados think tank, dedicadas únicamente “a pensar”, cuyos ejecutivos ganan más que los propios directivos de la Comisión Europea. Se relacionan con eurodiputados, comisionados, consejeros, mediante las amistades que han establecido antes y organizan reuniones, seminarios, cenas, con los políticos y funcionarios a los que quieren convencer.

Belén explicaba que las corporaciones hacen declaraciones políticas en las que se muestran de acuerdo con las directrices de defensa de derechos humanos, ecológicos, laborales, pero cuando se trata de implementar esos principios en una legislación concreta que les obligue a cumplir las normas, se oponen con mucha fuerza y utilizan todos los métodos de chantaje para lograr que no se aprueben. Sobre todo amenazan con la descolocación de las empresas, marchándose de Europa con su secuela de pérdidas de empleo. Esta amenaza no sólo funciona con los grandes directivos de la Comisión sino también con los eurodiputados, ya que éstos ven en peligro el empleo en el país o zona territorial en la que han sido elegidos, y en consecuencia si se cumple perderán los votos de su distrito electoral.

Juncker, el anterior Presidente de la Comisión Europea, prometió en 2016 que se conocerían los nombres de los que trabajan presionando a los diputados, los consejeros e incluso a la Comisión, incluida la Presidencia. Ochocientas firmas de relaciones públicas tienen ejecutivos dedicados exclusivamente a convencer a las instituciones mediante continuos washaps, no envían cartas, llamadas y visitas. También prometió que se acabaría el fraude fiscal de esas empresas que permite que una compañía con 16 personas en plantilla declare únicamente 50.000 euros de beneficios. Nunca se aprobó la legislación que debía imponer esa transparencia.

Belén Balanyá nos explicó que la patronal europea organiza diariamente eventos, seminarios, jornadas, conferencias, cenas, comidas, viajes, a las que van los Comisarios, los diputados europeos y nacionales, los jefes de Estado, los presidentes de gobierno, para exponerles sus propósitos, sus necesidades y sus deseos.

Los intrincados mecanismos por los que, legal y democráticamente, la patronal europea decide los destinos del continente desbordan el espacio de un artículo. Aquí únicamente quiero enunciar, brevemente, el sojuzgamiento a que la ciudadanía europea está sometida bajo el yugo de la supuesta solidaria, generosa y protectora Unión Europea.

Lo increíble es que los dirigentes políticos de la izquierda española lo ignoren.