"Hay que evitar legislar al calor de los titulares”. Es la disculpa favorita de los políticos cuando están en el Gobierno y no quieren enredarse con un asunto conflictivo. En el caso de la retirada de los símbolos religiosos todavía presentes en organismos públicos, la frase sirve para despachar al que pregunta, pero no aguanta el más mínimo examen comparativo.

La realidad es que el Gobierno acaba de reformar nada menos que el Código Penal para responder a la alarma social generada por el asesinato de la niña Mariluz presuntamente a manos de un pederasta reincidente... pero no tiene intención de repetir la hazaña para eliminar los crucifijos de los colegios públicos.

Así que no es la oportunidad del momento lo que empuja al Ejecutivo a tomar o descartar una iniciativa, sino el contenido de la demanda social. Y desde luego de la rentabilidad que espera del resultado de la reforma en términos de apoyo social. En el caso de la niña Mariluz, el endurecimiento de penas para los pederastas reincidentes no habría evitado una muerte que fue posible por los errores de los tribunales. Por larga que hubiera sido la condena anterior de Santiago del Valle (el presunto asesino), difícilmente habría evitado que se topara con la niña si nadie hubiera ejecutado su ingreso en prisión.

Dar la batalla por el laicismo no tiene, ni de lejos, la rentabilidad que cosechó el Ejecutivo con la reforma penal. Por lo pronto, genera rechazo entre los religiosos más practicantes (y ya no sólo los católicos). Pero lo que más preocupa al Gobierno es que incomoda a un buen número de creyentes tibios que nunca se pelearían por mantener un crucifijo en una escuela, pero tampoco toleran que otros batallen por quitarlo.

Como ocurre con la reforma de la ley del aborto, los cambios en la norma sobre libertad religiosa generan división interna en el PSOE, que mantiene una base de católicos nada despreciable. Ese desgaste, perfectamente testado por el partido, no compensa los beneficios que les reportaría contentar a su militancia laicista.

La cuestión de la presencia pública de símbolos religiosos en escuelas, cuarteles y hospitales acaba de volver a los periódicos gracias a una sentencia de un juzgado de Valladolid que decreta la retirada de un crucifijo en un aula por petición de unos padres. Ha ayudado también la virulenta reacción de los obispos, que demuestran en cuanto se les pone delante un micrófono hasta qué punto les cuesta entender que su opinión sólo es relevante para sus seguidores, pero que carecen de la más mínima legitimidad democrática para imponer sus creencias al conjunto de los ciudadanos. Y todo ello a solo una semana de dejar sin placa en las Cortes a la santa Maravillas.

¿Pero hay realmente un debate público que fuerce al Gobierno a eliminar los símbolos religiosos? Fuentes del Ejecutivo consideran que no, y aducen que en los últimos 30 años ha habido apenas media docena de sentencias sobre la retirada de símbolos religiosos. Sin embargo, admiten que crearon esa expectativa entre sus votantes cuando prometieron (primero en campaña electoral y luego al exponer los planes del Ministerio de la Presidencia) “avanzar en la laicidad” que se desprende de la “aconfesionalidad” del Estado recogida en la Constitución.

Los socialistas optan ahora por dejar enfriar el asunto. Vicepresidencia estudiará con calma la legislación comparada antes de decidir si incluye la retirada de símbolos en la prometida reforma de la ley de libertad religiosa. El Grupo Parlamentario Socialista no tiene entre sus planes acelerar esa ley y su dirección aduce la aconfesionalidad que dicta la Constitución basta para que la justicia ordene la retirada de un crucifijo.

Puede que no sea necesario hacerlo por ley, pero sí es exigible que el Gobierno demuestre voluntad para retirar cuantas cruces y santos queden en cuarteles, escuelas y hospitales públicos. Si la tibia respuesta de la ministra de Educación es la muestra, el mensaje es que esa voluntad no existe.